Apenas tres semanas han pasado desde que José Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile bajo la premisa de que el país se encuentra en un estado de “emergencia” y, ante el primer revés económico externo, el ultraderechista decidió que fueran los chilenos quienes asumieran el golpe. El descontento no se ha hecho esperar.
“Que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las posibilidades de inversión en nuestra patria. Y pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore, con estas medidas que son difíciles, no son fáciles”, indicó el presidente tras confirmarse las alzas, que rigen desde el jueves 26 de marzo.
Nunca en Chile había ocurrido un incremento tan drástico ya que desde 2014 existe el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco), un sistema de intervención estatal ideado para amortiguar, por medio de fondos públicos, cuando esta tarifa varía abruptamente por situaciones internacionales.
Precisamente, lo que sucede en la actualidad. El petróleo aumentó más de un 50% en el último mes a consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior bloqueo por parte del país pérsico del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del crudo mundial.
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Ante esta situación, y alegando dificultades económicas, Kast decidió que en esta ocasión el Estado no asumiría el alza de los precios a través del Mepco, como sí había ocurrido, por ejemplo, en 2022 por motivos similares a causa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, el Estado de Chile, aún bajo el gobierno del progresista Gabriel Boric, intervino con unos 2.500 millones de dólares para suprimir en parte la afectación a la ciudadanía.
“El Gobierno de Kast busca instalar una doctrina del shock”, señaló en una entrevista con un medio local el investigador y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez.
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Desaprobación de Kast sube con solo semanas en el poder
Ante la confirmación del alza unos días antes de su implementación, comenzaron a formarse filas de vehículos en las gasolineras con ciudadanos buscando llenar los depósitos de sus vehículos antes de la subida de los precios.
"Vine a comprar 'oro', la verdad encuentro que esto es terrible. Fue una medida del gobierno totalmente arbitraria", dijo Valentina Ortega, una de las pocas conductoras que llegó a la gasolinera a primera hora del jueves 26 de marzo porque no logró recargar antes.
"Lleva tan pocos días y está haciendo cosas que afectan a toda la clase media y a la clase baja, pero no se sabe nada de lo que va a hacer con la clase alta", agregó a Reuters mientras esperaba llenar el tanque de su vehículo.
Una situación que anunciaba el malestar ciudadano ante la medida del Ejecutivo ultraderechista, posteriormente ratificada por las más recientes encuestas.
"Lleva tan pocos días y está haciendo cosas que afectan a toda la clase media y a la clase baja".
Un 60% de la población considera que la subida era “evitable”, según la encuesta semanal Cadem. La desaprobación a la gestión de Kast ya alcanza el 51%, mientras que su aprobación sigue cayendo hasta el 43%, según la misma encuesta.
Un notorio descenso en la popularidad de Kast, quien asumió el pasado 11 de marzo con una aprobación del 57% y una desaprobación que apenas alcanzaba el 34%.
Y que no solo salpica al presidente. La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien ha tenido que salir ante la prensa a tratar de explicar los porqués de la decisión, es la peor evaluada por la ciudadanía. El 51% de los encuestados desaprueba su trabajo por un 42% que lo defiende. Similares datos registra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el otro principal implicado en el alza del combustible.
El descontento crece a pesar de que el Gobierno trató de paliar en parte el alza con diversas iniciativas.
“Hemos optado por medidas focalizadas que permitan proteger a las personas en aspectos especiales de su vida cotidiana, como la calefacción o la movilidad”, destacó el ministro de Hacienda en el Congreso.
Se congeló durante el próximo invierno austral el precio de la parafina, principal combustible de uso para calefacción en los hogares de menos recursos de Chile. También el precio del transporte público de Santiago, donde viven más de 7 millones de personas. Además, se aprobó un bono mensual de unos 100 dólares por los siguientes seis meses para taxistas y transporte escolar.
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“La decisión es política”
El Gobierno argumentó su decisión en la complicada situación de la deuda pública, que cerró 2025 en 41% del PIB. Sin embargo, estos datos ponen a Chile como uno de los países con mejor control de la deuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Incluso se publicó en las redes sociales oficiales una comunicación en la que se exponía: “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina (gasolina) con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”, indicaban desde la Administración Kast.
Una afirmación que desató la polémica política por la decisión comunicacional de utilizar el término “quiebra”, que a nivel técnico significaría que Chile no tiene la capacidad de pagar las deudas con sus acreedores internacionales.
Ante las críticas, el Gobierno borró la publicación y el ministro de Hacienda tuvo que desmentir ante el Parlamento la afirmación.
“La deuda pública chilena es baja”, advierte la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto.
“El Estado tiene espacio para financiarse de manera relativamente barata y la pregunta para el Gobierno es si desea usar ese espacio para estabilizar los precios de los combustibles o para otro fin. Finalmente, la decisión es política, es el Gobierno el que define las prioridades”, agrega.
Repetto considera que había alternativas antes de dejar caer el aumento de precios en los bolsillos de la población. Por ejemplo, “un traspaso gradual a la espera de mayor certidumbre respecto de la guerra” en Medio Oriente a través de “fuentes temporales de financiamiento”.
Del combustible a bienes y servicios
Además del obvio incremento en el gasto por consumo de combustible, los chilenos verán las consecuencias de este incremento en bienes y servicios, destaca la economista.
La mayoría del transporte de mercancías en el país austral se realiza por carretera. Por lo tanto, si sube el precio del combustible, este incremento se traspasa al precio de las mercancías, bienes y servicios básicos que influyen en la inflación del país, que cerró el 2025 en 3,5% con proyecciones favorables.
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Apenas se conoció la decisión del gobierno ultraderechista, el Banco Central revisó al alza las previsiones de inflación para 2026, elevándolo hasta el 4% para final de año.
“El costo se traspasa directamente al subir el precio de los combustibles e indirectamente a través del mayor costo de transportar bienes”, afirma Repetto.
Para el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Yáñez, habrá un alza en los precios con un “impacto de segunda vuelta”.
“Los alimentos son un rubro que especialmente se verá afectado”, advierte, a causa de su transporte.
“(Alimentos) perecederos requieren transporte con alta frecuencia y no es un segmento donde se puede reducir el número de viajes. El alza en este grupo podría alcanzar el 8% en muy corto plazo”, considera el académico.
También en carnes o lácteos, ya de por sí costosos por requerir un transporte especial, los que podrían registrar aumentos de entre el 4% y el 5%.
Ya se hicieron efectivas alzas en los pasajes de transporte de algunas compañías de autobuses de media y larga distancia.
“El mayor costo financiero tendría también un impacto en los precios de bienes y servicios en los próximos meses”, concluyó Yáñez.
