Con un cachito de lotería, este año se conmemora el quinto aniversario de la Ley Olimpia, en reconocimiento a su papel en la defensa de los derechos digitales de las mujeres en México. Sin embargo, para las víctimas de violencia digital, obtener justicia bajo esta ley se siente como sacarse el premio mayor, ya que, entre 2020 y 2025, el 95% de investigaciones se quedaron en trámite.
Cuando se aprobó esta ley en 2021 para tipificar la violencia sexual digital como un delito, aún no se tenía en el radar el impacto que tendría la inteligencia artificial en su masificación. Sin embargo, esta se ha convertido en una herramienta crucial en la amplificación de este fenómeno. De acuerdo con el reporte ‘Desinformación por razón de género y deepnudes en México’, desarrollado por Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, tan solo dos casos públicos de abuso de imágenes íntimas generadas con IA en el país han involucrado a más de 400 víctimas y la manipulación de 186,000 contenidos (entre imágenes y videos) con estas tecnologías.
Con la IA no solo se multiplicó el alcance de esta violencia, con una difusión potenciada por el uso de bots, sino también la facilidad con la que se pueden crear materiales íntimos no consensuados. Ahora ya no se necesitan habilidades técnicas especializadas. Una fotografía puede ser suficiente para que, con un par de clics, en cuestión de segundos se pueda desnudar digitalmente a una persona y alterar su vida por completo.
Con 37 modelos de inteligencia artificial integrados, OlimpIA es una plataforma que brinda atención inmediata, gratuita y anónima a mujeres que han sido víctimas de violencia digital.
Lo alarmante es que la violencia se reproduce más rápido de lo que las instituciones pueden responder, mientras que las posibilidades de reparación siguen siendo mínimas. Cada día surgen nuevos casos. Aunque las imágenes no sean reales, las víctimas sí lo son, y la reparación del daño sigue siendo una deuda pendiente.
A primera vista, esto podría parecer un vacío legal que exige nuevas leyes o reformas, pero el problema de fondo no está ahí. Si bien México es pionero en la tipificación de la violencia digital, denunciar un delito no garantiza el acceso a la justicia.
¿Y por qué la mayoría de las denuncias se quedan en trámite?
De acuerdo con el colectivo Luchadoras, en su reporte 'Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México', la escasez de sentencias se debe a problemas estructurales como la falta de capacitación, la revictimización y la obtención de pruebas.
Empezando con la falta de capacidades, los espacios de denuncia carecen de personal calificado para investigar, enjuiciar y juzgar los casos con perspectiva de género, una realidad agravada por la ausencia de protocolos claros y estandarizados.
Esto lleva a desalentar las denuncias por temor a la revictimización. Muchas de las personas servidoras públicas siguen minimizando la gravedad de la violencia digital, lo que resulta en denuncias desestimadas o casos que se estancan.
Por último, para las pocas personas que deciden denunciar, el proceso implica otro reto: la obtención de evidencia. En ellas recae la responsabilidad de recopilar pruebas digitales como capturas de pantalla, metadatos, URLs de las publicaciones y navegar procesos con las plataformas sin el apoyo institucional adecuado para bajar el contenido de internet. Como señaló la activista Olimpia Coral Melo, el “70% de las denuncias que no se han podido vincular a proceso […] ha sido por la falta de pruebas, pruebas que dependen, en su gran mayoría, de las plataformas digitales”.
El rol de las empresas
En este contexto, cobra relevancia el acuerdo de colaboración voluntaria que el gobierno mexicano firmó en marzo con Google, Meta y TikTok, cuyo objetivo es prevenir y atender de manera oportuna los casos de violencia de género en el entorno digital. El acuerdo de colaboración se divide en dos ejes, prevención y atención, siendo uno de sus puntos el “fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias”. Esto exhibe que el problema no es la falta de normas, sino la falta de condiciones para hacerlas cumplir.
Al momento de denunciar, gran parte de la evidencia que se solicita, la trazabilidad de los casos y la contención del daño dependen de las plataformas. Sin su colaboración para preservar el contenido o facilitar el acceso a datos clave, como los datos de las personas usuarias, o incluso agilizar la baja de materiales, los procesos legales se debilitan o simplemente no avanzan.
