La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó enérgicamente las sanciones impuestas por el Gobierno de EE. UU. el viernes 9 de octubre, horas después de que la jueza Navi Pillay, exintegrante de ese tribunal, ganara el Premio Nobel de la Paz.
"Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional", afirmó la Corte en un comunicado, en el que instó a sus Estados miembros a garantizar la continuidad del tribunal.
"El Tribunal no puede sostenerse por sí solo. Su destino ahora también está en manos de los Estados que lo crearon… no se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el estado de derecho", se lee en el comunicado, que detalla que 13 jueces y fiscales han sido afectados por los castigos de Washington.
A pesar de las sanciones, "la Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves", en palabras de la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
Aunque la administración Trump ya ha impuesto sanciones a fiscales y jueces de la CPI, la medida del viernes iría mucho más allá, al poder castigar a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.
"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar", declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un comunicado, en el que argumentó que "el presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".
Washington ha denunciado a la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha cerrado.
El tribunal internacional cuenta con 125 países miembros, incluidos todos los países de la UE y todos los miembros de la OTAN, a excepción de Estados Unidos y Turquía.
La falta de adhesión estadounidense no excluye automáticamente la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado que sí está sujeto a ella.
"O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI", insistió Rubio, quien exhortó a los países miembros del tribunal a que "pongan freno a la corte".
La CPI ha recibido un fuerte respaldo público en el pasado por parte de los países miembros, incluidos importantes aliados de Estados Unidos. Su sede está en La Haya, Países Bajos, una nación miembro de la UE y la OTAN.
Respaldo europeo a la CPI
Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta para respaldar la Corte Penal Internacional (CPI), en la que advertían que las sanciones estadounidenses "tendrán un impacto significativo en la labor del Tribunal, en su personal especializado y en sus familias".
Previamente, la Comisión Europea se mostró dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda continuar con su labor. "Acogemos con satisfacción esta iniciativa y realizaremos una evaluación exhaustiva de las opciones disponibles, en colaboración con los demás miembros de la CPI", respaldó el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Tom Berendsen.
En ese sentido, Bélgica pidió la activación del estatuto de bloqueo de la UE para proteger al tribunal, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prevot.
Tanto la Comisión Europea como Países Bajos afirmaron que aún veían margen para el diálogo, dado que existe un plazo de seis meses antes de que se apliquen las sanciones.
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