En materia laboral, específicamente plantea que todas las organizaciones involucradas deben garantizar la seguridad social y que se cumplan las leyes del trabajo. “Lograr que el empleo en los sectores y actores incumbentes sea en condiciones dignas, salubres, con plena cobertura de atención médica y social de los empleados del sector”, indica.
Asimismo, la EIMAS reconoce una “opacidad histórica” en la gestión y uso de los recursos recaudados en nombre del combate al sargazo, por lo que establece comités de ciudadanos de seguimiento y reportes trimestrales. El documento fue firmado por la gobernadora de Quintana Roo y la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.
Equipo de protección. Registro de síntomas y enfermos. Seguridad social. Transparencia en el uso de los recursos. Cada carencia que se documenta actualmente en las playas de Quintana Roo estaba prevista, nombrada y firmada tres años atrás, pero nunca se aplicó. “Como que en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo”, señala Rodríguez.
“Hubo cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y se guardó en un escritorio”, dice la investigadora. “Todavía podría servir de base. Pero no hay interés. Ni fondos, ni transparencia en el manejo de los recursos. Hay tantas autoridades estatales, municipales y federales involucradas que nadie asume la responsabilidad. No hay liderazgo para que esto funcione”.
Mongabay Latam buscó la versión de las autoridades involucradas en la atención del sargazo en Quintana Roo y la protección de quienes lo recogen: la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina y la ZOFEMAT de distintos municipios a los que llega sargazo.
Se les preguntó según su competencia por los riesgos de salud asociados a la exposición al sargazo, la ausencia de equipo de protección y protocolos médicos, la contratación, seguridad social y derechos laborales de los sargaceros, la transparencia en el uso de los recursos y la Estrategia Integral para el Manejo y Aprovechamiento del Sargazo que quedó sin aplicarse. Hasta la publicación de este reportaje, ninguna había respondido.
El sargazo seguirá llegando. Rodríguez no cree que el problema se resuelva pronto. Haría falta sacar del mar una masa que se extiende por kilómetros, con barcos que pueden costar hasta 200,000 pesos al día (más de 11,000 dólares), un esfuerzo comparable con intentar limpiar una alberca olímpica con una cuchara. “Se puede mitigar en algunas partes”, dice la investigadora. “Pero nunca va a haber dinero suficiente para resolverlo. Y si sigue aumentando, menos”. Cada temporada, entonces, alguien tendrá que meterse a la orilla a recogerlo.
La crisis ambiental nunca fue solo ambiental. Siempre existe un cuerpo humano al que atraviesa. “Creo que todavía estamos subestimando este problema”, advierte Veras. “Me preocupa que estos trabajadores estén expuestos de forma repetida durante años y, sin embargo, prácticamente no existan programas sistemáticos de vigilancia de su salud. Cuando un problema no se busca de manera activa, es muy difícil conocer su verdadera magnitud.”
En casi 20 años de servicio público como sargacero, Ramiro no ha cotizado un solo día de seguro social. Su contrato vence y se renueva cada año; así nunca acumula antigüedad. No tiene atención médica gratuita, ni crédito para la casa propia, ni vacaciones pagadas, ni indemnización en caso de enfermedad o accidente, ni finiquito en caso de despido, ni pensión para el retiro.
El gas que respira ya tiene una cifra. El dinero que debía protegerlo tiene un fideicomiso. El plan que lo nombra tiene un cajón. Falta, todavía, lo único que ninguna medición produce: alguien que responda.
Le pregunto qué espera. No levanta la vista del alga: “Es una injusticia. Después de 20 años, no sería justo irme con la piel quemada y las manos vacías”.
Todos los nombres de los trabajadores del sargazo que entregaron su testimonio han sido cambiados en este reportaje para proteger sus identidades.
Artículo publicado originalmente en Mongabay LATAM.
