La disputa por el control de Tribunal Constitucional (TC) ha sumido a Polonia en una crisis institucional de destino incierto, que enfrenta a los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria del primer ministro europeísta Donald Tusk y la dirección respaldada por su rival político, el presidente Karol Nawrocki.
Si los cuestionamientos a la legitimidad del nombramiento de los magistrados han mantenido prácticamente paralizado al organismo en los últimos años, la situación se tornó un conflicto abierto tras el anuncio, el viernes por la tarde, de la suspensión inmediata del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente Bartłomiej Sochański, nombrados durante el mandato de Ley y Justicia (PiS), el partido ultraconservador de Nawrocki, entre 2015 y 2023.
"A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo"
La decisión –anunciada en vísperas de un fin de semana festivo en el país por la celebración del Día de Todos los Santos– fue adoptada por la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien alegó que la cúpula del TC ha violado la ley por bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por el actual Parlamento.
Rápidamente, cientos de manifestantes se movilizaron a las puertas de la sede del Tribunal, azuzados por políticos de la derecha nacionalista como el presidente de PiS, Jaroslaw Kaczynski, quien se mantuvo allí hasta horas de la madrugada.
"A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo", escribió en sus redes sociales.
La Policía antidisturbios se desplegó a petición de la propia jueza Korwin-Piotrowska para impedir el acceso al recinto al presidente y vicepresidente suspendidos, y protagonizó tumultos y enfrentamientos con diputados opositores y manifestantes. Tres personas fueron detenidas luego de que algunas personas traspasaran la valla del tribunal y otros lanzaran objetos contra los agentes.
La crisis tomó a Nawrocki de camino a un viaje oficial a Senegal, por lo que el presidente polaco ordenó al avión que regresara en pleno vuelo. "En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Vuelvo", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Ya entrada la madrugada del 31 de octubre, Nawrocki se presentó, entre tumultos, en el TC junto al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, y aseguró haber ayudado al presidente suspendido del TC a entrar al edificio.
Desde allí denunció “una violación del orden constitucional” y una “toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, y convocó para este sábado consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias "para estabilizar la situación política".
Slawomir Mentzen, uno de los líderes del partido de extrema derecha Confederación de Libertad e Independencia, denunció que Polonia está "al borde de un golpe de Estado" y se sumó a la manifestación frente al Constitucional, reclamando "apartar al gobierno bandido de Tusk del poder".
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Una controvertida maniobra, respaldada por Tusk
En sus redes sociales, el conservador liberal Donald Tusk ha justificado la decisión de suspender a la cúpula del tribunal, alegando que "restaurar el Estado de derecho es nuestro deber" luego de "años de arbitrariedad". "Se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida. No hay otro camino", subrayó.
Sin embargo, la maniobra no está exenta de controversias. Con el número uno y número dos del tribunal inhabilitados, Korwin-Piotrowska asumió el liderazgo de manera temporal, apoyándose en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, que establece que si el presidente no puede autorizar a otro juez a dirigir el Tribunal, asumirá esa función el magistrado con mayor antigüedad.
Para hacerse cargo del TC, la jueza interpreta dos cosas: que al estar suspendido, el presidente Święczkowski quedó imposibilitado de delegar sus funciones; y que ella es la magistrada de mayor antigüedad al contabilizar sus años de actividad jurídica previa a su nombramiento en el TC, por delante de otro juez, Wojciech Sych, quien lleva más tiempo como miembro del Constitucional.
A eso se suma que el presidente Nawrocki se ha negado a tomarle juramento a Korwin-Piotrowska –un deber constitucional que el mandatario "abdicó", según Tusk– desde su nombramiento por el Parlamento en marzo de este año, un requisito necesario para asumir el cargo.
Por último, algunos juristas polacos cuestionan que la jueza no puede de manera individual suspender al presidente de su propio tribunal, sino que esa decisión debe tomarla la Asamblea General de la corte.
De todos modos, Korwin-Piotrowska ha defendido su decisión alegando que Święczkowski y Sochański han violado la ley al impedir que algunos de los jueces elegidos por el actual Parlamento ejerzan, por lo que asumió las funciones de presidenta y ordenó suspender por un mes a la cúpula del TC.
Un conflicto de larga data entre europeístas y nacionalistas
La controvertida maniobra busca romper con el estancamiento de años del Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento se ha visto lastrado por nombramientos irregulares y el no reconocimiento de la legitimidad de sus jueces.
El germen se remonta a 2015 cuando la mayoría parlamentaria liderada por Plataforma Cívica, el partido de Donald Tusk, decidió, poco antes de terminar su mandato, cubrir cinco puestos del TC, dos de los cuales solo se liberaron después de la posesión del nuevo Parlamento, encabezado por la mayoría de Ley y Justicia.
Entonces, en lugar de nombrar dos nuevos magistrados para esos cargos, la formación ultraconservadora consideró inválidos a los cinco jueces y designó otros en su lugar, dando origen a lo que se conoce como "jueces dobles".
Entre 2015 y 2023, Ley y Justicia aprobó controvertidas reformas jurídicas y llenó el TC de jueces afines a su ideología, lo que motivó cuestionamientos de órganos internacionales como la Comisión de Venecia, y duras críticas de la Unión Europea y de su Tribunal de Justicia, que cuestionó la independencia del Poder Judicial polaco.
Eso llevó a que, en diciembre de 2017, Bruselas activara por primera vez en la historia del bloque, el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" por el control político sobre el Poder Judicial polaco.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por mantener la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que tachó como un instrumento del entonces Gobierno ultraconservador para controlar y destituir jueces a su antojo.
En paralelo, el Grupo de los Veintisiete congeló el acceso de Polonia a miles de millones de euros en fondos europeos, que desbloqueó en 2024 tras la llegada al poder de Donald Tusk –quien fue presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019–, lo que permitió además el cierre del procedimiento del artículo 7.
Si bien Tusk se comprometió a reorganizar el tribunal y restablecer su legitimidad, el presidente Nawrocki –en el cargo desde 2025– y la cúpula del TC han frustrado esos esfuerzos.
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A principios de este año, el mandatario polaco se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento, mientras que Święczkowski, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Ley y Justicia, rechazó nombrar a los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria.
El mes pasado, el Legislativo polaco designó a Maciej Berek, aliado de Tusk, para el tribunal, una decisión que, según sus críticos, socavaba el objetivo declarado del gobierno de restablecer los controles y equilibrios.
Con EFE, AP, Reuters y medios locales
