"100 días + de 100 milagros”, ese es el balance que se planeaba presentar desde el Gobierno de derecha que asumió el pasado 7 de agosto.
Abelardo de la Espriella cumple este domingo 15 de noviembre sus primeros 100 días como presidente de Colombia, un país marcado por el conflicto armado, en medio de una tormenta perfecta: una ola de atentados, un terremoto por el que parte del país aún sigue devastado y se siente abandonado y un menguante papel de la oposición, que ha resultado salpicada por escándalos de corrupción.
Desde finales de octubre, distintos ataques con explosivos y drones en Tolima, Huila, Cauca y Norte de Santander dejaron civiles, policías y soldados muertos. El mandatario respondió con una fuerte advertencia a los grupos armados: "Por cada atentado, un bombardeo".
La seguridad fue la principal promesa de campaña del abogado y empresario, que llegó a la Casa de Nariño sin haber ejercido nunca un cargo público. Pero su plan quedó eclipsado luego de que tres días después de la toma de posesión, un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el país y cambiara las prioridades.
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A esos dos frentes se suma la sombra de su antecesor, Gustavo Petro, quien encabeza la oposición mientras enfrenta denuncias sobre su mandato que ya investiga la Fiscalía.
Con ese panorama, la abogada María Margarita Zuleta, viceministra de Justicia durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe, considera complejo calificar su gestión. “No veo tan fácil ponerle una nota”, dice a France 24 en Español.
Mientras, la ONG Fundación Paz y Reconciliación (Pares) afirma en su balance:
"Los primeros cien días de gobierno pueden resumirse en imágenes potentes con resultados modestos"-
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Los grupos armados "miden fuerzas" con De la Espriella
Para Zuleta, crítica de la política de seguridad implementada por Petro, el repunte de la violencia era de esperar.
La “Paz Total”, la estrategia de Petro para negociar con los grupos armados, finalizó con la nueva ley de sometimiento, que propone rebajas de penas a cambio de entregarse a la Justicia. “Estos grupos, que duraron cuatro años fortaleciéndose, están midiendo fuerzas”, sostiene.
“Están diciendo: somos posiblemente más fuertes de lo que usted pensaba”.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró 111 acciones armadas concentradas en Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander, con 106 integrantes de la Fuerza Pública heridos o asesinados.
"Es el tercer pico mensual más alto desde 2022″, comenta a France 24 en Español Laura Bonilla, subdirectora de la ONG Fundación Paz y Reconciliación (Pares). "Estamos viendo una ofensiva de los grupos armados hacia la Fuerza Pública".
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Los datos del Ministerio de Defensa revelan que entre el 7 de agosto y el 21 de octubre el secuestro pasó de 54 a 84 casos y la extorsión de 2.437 a 2.571, en comparación con el mismo período de 2022, cuando comenzaba la gestión de Petro.
"En materia de seguridad, las cifras contrastan entre la presentación publicitaria de resultados operacionales y la ausencia de estrategia de seguridad, contención o atención humanitaria de la emergencia de las regiones que viven hoy las consecuencias de una tendencia ya advertida de incremento de acciones terroristas y atentados a la fuerza pública de grupos armados ilegales" advierte Pares.
Bonilla apunta, como ejemplo, que las capturas de agosto y septiembre quedaron por debajo del promedio de enero a julio, de unas 18.670 por mes, y las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana también cayeron.
“Hay algo muy performativo del gobierno frente al narcotráfico”, afirma, al tiempo que cuestiona los megaoperativos urbanos, que a su juicio “golpean eslabones muy bajos de la cadena”.
Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) describe en ’Más allá del relato, ¿Qué ha ocurrido en los primeros 100 días de De la Espriella?' que, si bien la seguridad es el centro de la agenda del Gobierno, aún no hay "una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción del poder de los grupos armados". La ONG también señala que "el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado".
En concreto, considera que "la exhibición de cuerpos de personas abatidas, la confrontación pública con detenidos y la presencia del mandatario en operativos pueden producir réditos políticos inmediatos, pero desplaza a las instituciones encargadas de conducir la seguridad y abren flancos jurídicos y de legitimidad".
Zuleta, de su lado, explica que los grupos armados son mucho más ágiles que el Ejército. “Cuando el Ejército dice ‘aquí estoy’, ellos pueden tener fuerza muy rápido en otros lugares”, dice.
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A eso se suman los drones. La FIP registró 351 ataques con drones entre enero y el 2 de noviembre, con un pico de 56 en agosto, el mes en que asumió De la Espriella.
La exviceministra de Justicia cree que el terremoto le quitó al presidente días que tenía previstos para trabajar con la Fuerza Pública. Y esos días “los aprovecha muy bien una organización criminal”.
El terremoto y la reconstrucción
El terremoto del 10 de agosto golpeó a Chocó, Pereira, Manizales y Cali, entre otras zonas. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, con daños en 500 municipios de 16 departamentos.
Las dos analistas coinciden en que la primera respuesta a la emergencia fue buena. "Fue muy inteligente en hacer presencia en todos lados muy rápidamente", dice Zuleta.
"Las crisis siempre son ventanas de oportunidad y él aprovechó esa ventana para mostrar que tiene legitimidad, que puede trabajar con los gobernantes locales, independientemente de que sean de su agrado o no".
Bonilla también habla de "una atención inmediata" que está bien valorada. "Sin embargo, todo lo que hizo el gobierno de no tener un empalme, de no contar con información suficiente, pues ya a tres meses de la tragedia le está costando muchísimo. Esta es la hora en que no se sabe realmente cuánto dinero hay en el Fondo Milagro, cómo se va a ejecutar", añade.
El Gobierno declaró la emergencia económica y creó el Fondo Milagro para financiar la reconstrucción. La Corte Constitucional avaló la emergencia el 11 de noviembre, pero estableció límites, al prohibir que los recursos se utilizaran para cubrir el déficit fiscal.
Ese mismo día, el entonces gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe, faltó a una sesión de control político en el Congreso en la que debía rendir cuentas. Según el medio colombiano ‘Cambio’, en ese momento acompañaba al presidente en una entrega de viviendas en Roldanillo.
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¿Qué pasa con las ayudas y las donaciones?
"Cabe mencionar que medios de comunicación local han sostenido que las ayudas anunciadas por el Gobierno nacional no han llegado a todas las víctimas, e incluso, algunas acciones han sido tardías", advierte el balance de la ONG Pares.
En un informe escrito apenas este 11 de noviembre, Jaime Andrés Uribe, quien renunció esta semana por la polémica de salarios exorbitantes en esa entidad, reconoció que el fondo que administraba solo había avanzado en la preparación de contratos por 7.440 millones de pesos (2,2 millones de dólares), el 1,2% de sus recursos disponibles, y que no había recibido donaciones.
La subdirectora de la Fundación Pares apunta contra la estrategia de comunicación del presidente, que describe como “no hablar con la prensa” y limitarse a “videos de resultados”. “Eso no le va a salir bien, al menos no en Colombia”, advierte.
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Zuleta atribuye la lentitud de la reconstrucción a la inexperiencia: "La curva de aprendizaje de cualquier gobierno siempre es empinada, pero en este caso, al no tener expertos en gestión pública, puede haber generado problemas adicionales". Y alerta sobre el costo político:
"La gente afectada estaba esperando respuestas desde el 10 de agosto. Ahí sí ha habido un impacto en su popularidad".
En la otra orilla de la atención a la devastación por el terremoto están los cuestionamientos a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda. Un juez le ordenó publicar a inicios de noviembre, en un plazo de 48 horas, las cuentas detalladas de las donaciones que recibió su fundación para atender a las víctimas.
Críticos y algunos medios señalaron que la fundación y la primera dama no habían atendido de manera completa los requerimientos del fallo. Además, enfatizaron que tres meses después del terremoto las ayudas no han llegado de forma efectiva a las zonas más afectadas.
En una entrevista con el canal regional ‘Telecaribe’, Pineda aseguró que los recursos no se utilizaron "porque las ayudas humanitarias fueron suficientes" y que el dinero se destinará a la fase de reconstrucción. Y, el 31 de octubre, la primera dama inauguró unas vallas en un municipio del departamento de Caldas, en el oeste del país, pero no entregó viviendas ni ayudas, lo que generó críticas.
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La sombra de Petro
Pocas semanas después de dejar la Presidencia, Petro lanzó un “Gabinete por la Vida” para hacer seguimiento y control político al nuevo gobierno y, junto al senador Iván Cepeda, ejerció el derecho a réplica frente a las alocuciones presidenciales. Su partido, el Pacto Histórico, convocó además una nueva protesta para el 24 de noviembre.
Sin embargo, su imagen quedó salpicada por un escándalo. El 4 de noviembre, Deicy Jiménez, una mujer que lo acusa de haberle conseguido contratos estatales a cambio de favores sexuales, difundió un video en el que aparece junto al expresidente.
Petro rechazó haber condicionado contratos públicos a cambio de favores sexuales y denunció un intento de “destruirlo moralmente”. La Fiscalía abrió indagaciones y dos congresistas presentaron una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, el órgano encargado de investigar a expresidentes.
Para Zuleta, se trata de un segundo golpe. "Lo que ha pasado con Petro afecta a la política en términos generales, porque hace que la gente se hastíe", dice. "La persona a la que no le interesa la política dice que todo es un horror, y eso le hace daño a todos los políticos".
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A su juicio, el expresidente ya no le sirve a De la Espriella como antagonista. "El desprestigio de Petro en el centro y en la derecha es tan grande en este momento que no creo que lo que dice esté haciendo mella", afirma.
Por ese motivo percibe un cambio en el tono del jefe de Estado: "Su discurso está siendo mucho menos polarizante de lo que me imaginé. Termina siendo cómo recuperar la seguridad de nuevo, cómo tener presencia en el territorio, cómo lograr la reconstrucción".
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"Es una escena judicial penal por delitos que no tienen ninguna relación con la política", dice, al tiempo que pronostica un costo para la izquierda: "Sin lugar a dudas, genera problemas para el Pacto Histórico y para la legitimidad de Petro como actor político".
Impuestos y batalla cultural
En cuanto a la economía, Zuleta considera que la situación fiscal resultó "mucho más grave de lo que nos imaginábamos todos". "Se necesita plata para la reconstrucción, para restablecer el sistema de salud, para que las Fuerzas Armadas funcionen, y lo que no hay es plata", resume.
Para enfrentar el déficit, el Gobierno presentó una ley de rescate fiscal que, según Bonilla, contradice una promesa de campaña.
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“El Gobierno había prometido que no iba a incrementar los impuestos y que iba a ahorrar con recorte estatal”, recuerda. “El recorte es muy pequeño en comparación con lo que había prometido”.
Según la analista, el proyecto incumple sobre todo la promesa de no subir impuestos, especialmente en productos de la canasta familiar, y le generó al Gobierno “mucho ruido, incluso frente a sus propias bases”. Zuleta, en cambio, resalta que el debate sobre esa ley se desarrolla “con mucha más técnica” que al final del Gobierno anterior.
La denominada batalla cultural también genera polémica. Entre otras medidas, el Gobierno ordenó retirar 47 obras del Museo Nacional.
Para Bonilla, se trata de "una batalla cultural importada", copiada de Estados Unidos y Argentina, y "completamente desalineada con las preocupaciones de los colombianos de a pie". "De ninguna encuesta sale que la batalla cultural sea una preocupación de los colombianos", afirma. "Al gobierno le está quitando mucha más energía de la que está poniendo".
Asimismo, la imagen del propio presidente tampoco logra consenso. "Hay gente que dice que no debería vestirse de camuflaje, que no debería tener arma al cinto, y otros a los que eso les gusta", opina Zuleta. "Ahí la opinión está muy dividida".
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