Un año después del asesinato de Charlie Kirk a manos de un francotirador en la Universidad del Valle de Utah (UVU), un informe revela los fallos de seguridad que facilitaron el atentado contra el activista conservador estadounidense.
La revisión externa e independiente, publicada el viernes 25 de septiembre por la UVU, concluyó que la universidad no realizó una evaluación de seguridad formal, no elaboró un plan de acción por escrito para el evento y pospuso la toma de decisiones cruciales para la charla del activista conservador.
Asimismo, un representante de la organización Turning Point, fundada en 2012 por el propio Kirk, insistió en que el activista hablara en un patio del campus porque ya había estado allí y la organización conocía el lugar, pese a que algunos funcionarios de la UVU expresaron reservas sobre la elección del espacio al aire libre rodeado de edificios altos.
De hecho, el informe resalta que el sitio elegido para el debate en el que participó Kirk "planteó importantes consideraciones en materia de seguridad", que resultaron letales debido a la inexistencia de una evaluación documentada de la visibilidad por parte de la UVU, una sesión informativa previa al evento y un recorrido con los responsables de seguridad.
Tampoco hubo una coordinación clara con el equipo de seguridad privada del orador ni con las fuerzas del orden externas. "En nuestra opinión, esas decisiones tuvieron consecuencias", destaca el documento.
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Una investigación de Associated Press reveló además que el campus no implementó varias medidas de seguridad pública que se han convertido en estándar en eventos en todo el país.
Entre otras cosas, la policía del campus no utilizó drones para vigilar las azoteas ni coordinó con las fuerzas del orden locales para garantizar la seguridad del evento, al que asistieron aproximadamente 3.000 personas. Tampoco se realizaron controles de bolsos ni se instalaron detectores de metales.
Kirk fue baleado mortalmente a los 31 años el 10 de septiembre de 2025 desde una azotea a más de 122 metros de distancia, según informaron las autoridades.
El presunto tirador, identificado como Tyler Robinson, se declaró inocente del cargo de asesinato agravado, un delito por el que podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Robinson le dijo a su pareja sentimental que estaba harto de los discursos de Kirk, según la Fiscalía.
A principios de septiembre, un juez ordenó que el caso proceda a juicio, pero no se ha fijado una fecha para su inicio.
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La familia acusa a la Universidad de Utah
A mediados de septiembre, la familia de Charlie Kirk presentó una reclamación administrativa —un paso previo a una posible demanda— contra el estado de Utah, la Universidad del Valle de Utah (UVU) y varios de sus funcionarios, a quienes acusó de negligencia y fallos de seguridad que habrían derivado en el asesinato del activista.
"A través de una serie de errores sorprendentes y decisiones imprudentes, las partes de la UVU crearon un peligro previsible para Charlie", señala el escrito legal citado por la agencia EFE, en el que se asegura que el asesinato se pudo haber evitado si la universidad hubiera tomado "medidas razonables para planificar y supervisar el evento".
Los allegados de Kirk acusan a la universidad de no realizar una evaluación de riesgos adecuada, no establecer un perímetro de seguridad y no tener a los servicios de emergencia disponibles de inmediato, lo que provocó que Kirk fuera trasladado a un hospital en un vehículo particular en lugar de una ambulancia.
El abogado de la familia, Brett Parkinson, declaró que el informe publicado este viernes reafirma dichas acusaciones. "La responsabilidad recaía en la dirección de la UVU y en las fuerzas del orden… Para que se haga justicia a Charlie y a su familia, se requiere que la UVU rinda cuentas por las fatales deficiencias de aquel día", agregó el letrado.
Más de 150 recomendaciones
El informe sobre las causas que derivaron en el asesinato de Charlie Kirk contiene 150 recomendaciones de seguridad, entre ellas la contratación de un sargento de policía destinado exclusivamente para los eventos en el campus o el establecimiento de criterios claros para determinar cuáles eventos deben convocarse en espacios interiores o en lugares más fáciles de controlar, debido al tamaño de la multitud y problemas de visibilidad.
En el momento del tiroteo, la universidad contaba con solo 13 agentes juramentados, lo que, según el informe, no era suficiente para vigilar la casa de estudios superiores más grande del estado —con alrededor de 50.000 estudiantes en un extenso campus situado al pie de las montañas Wasatch.
El presidente de la universidad, Jon Anderson, afirmó en un comunicado que la institución debe "aprender de las conclusiones de esta revisión y poner en práctica sus recomendaciones… Esto requiere humildad, un análisis honesto de nuestras políticas y prácticas, y el compromiso de actuar en función de lo que aprendamos".
Anderson, quien asumió el mando de la institución académica en agosto, destacó "avances significativos en el fortalecimiento de la seguridad en el campus durante el último año", lo que incluye la contratación de un jefe de seguridad pública encargado de la coordinación con la policía del campus y otros organismos de respuesta a emergencias, así como la contratación de más agentes de policía.
Con información de AP, EFE y medios locales
