Durante años, Donald Trump ha sostenido que la presencia de migrantes irregulares en Estados Unidos está relacionada con mayores índices de violencia y diversos tipos de delitos. Bajo este argumento y con la promesa de salvaguardar la seguridad nacional, implementó una estricta política migratoria que, para muchos y en ciertos casos, viola los derechos fundamentales.
Sin embargo, un nuevo estudio revela que la base estadística del mandatario podría ser errónea o, cuando menos, imprecisa. Tras comparar los índices de criminalidad y la concentración de inmigrantes indocumentados en 11,500 barrios de más de 100 ciudades estadounidenses, investigadores de la Universidad de California en Irvine, la Universidad de Stanford y la Universidad de Akron concluyeron que el aumento de la migración irregular no se asocia de manera directa con un incremento en los índices generales de delincuencia.
Un nuevo acuerdo visto por WIRED da al ICE acceso directo a una base de datos federal que contiene datos médicos sensibles sobre decenas de millones de estadounidenses, con el objetivo de localizar a inmigrantes.
La posible relación entre la migración irregular y la delincuencia se ha estudiado por décadas. Sin embargo, los autores del nuevo trabajo señalan que la mayoría de las investigaciones previas no diferencian entre los distintos estatus legales que pueden tener los inmigrantes. A su juicio, considerar estas variables es fundamental para establecer una posible asociación entre criminalidad y migración ilegal, debido a que puede generar desigualdades en el acceso a, por ejemplo, las oportunidades económicas, los recursos sociales y vías de integración social.
“La diferenciación en el estatus crea diversas experiencias de vida para los inmigrantes, con consecuencias potenciales para la delincuencia. El estatus legal determina el acceso a vías de oportunidades legítimas, que incluyen, entre otras, el empleo formal y los programas de apoyo social”, precisan en el artículo publicado en la revista Journal of Urban Affairs.
En Estados Unidos, la diferenciación tiene un especial peso. Se estima que, a partir de 2023, el 46% de los inmigrantes eran ciudadanos estadounidenses naturalizados, casi el 23% eran residentes permanentes legales y otro 4% eran residentes temporales legales. Las personas restantes, que comprenden el 27% de todos los inmigrantes, cayeron en la categoría de indocumentados.
Los investigadores también advierten que, aunque existen estudios que consideran el estatus legal de la población extranjera, su análisis suele ser demasiado general, al centrarse en las dinámicas observadas a nivel estatal o metropolitano.
“Nuestro estudio es el primero en analizar estas cifras en distintos barrios y utilizando una muestra nacional tan diversa. Esto es importante porque los barrios son espacios muy cercanos a las personas. Es ahí donde se forman las percepciones”, aseguró Charis Kubrin, criminóloga de la Universidad de California en Irvine y coautora de la nueva investigación, en una declaración retomada por Nature.
Bajo esta lógica, los investigadores analizaron los datos demográficos no públicos de 46 millones de personas procedentes del Censo de Estados Unidos, específicamente de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS). La información les permitió estimar el número de inmigrantes indocumentados en cada vecindario entre 2010 y 2018, tras excluir a la población identificada como ciudadanos estadounidenses o nacida en el país, así como a aquellas beneficiarias de un seguro médico público, matriculadas en la educación superior o casadas con un ciudadano estadounidense.
El análisis reveló que, en promedio, hasta 2010, alrededor del 5.6% de los residentes de los barrios eran indocumentados, cifra que se redujo al 4.8% en los ocho años posteriores.
A más indocumentados, menos delitos
Posteriormente, este cálculo se comparó con la incidencia de delitos como robo de vehículos, robo con allanamiento de morada, homicidios, robos a transeúntes y agresiones con agravantes. Para ello, se utilizaron los registros sobre delincuencia del Estudio Nacional de Incidentes Delictivos correspondientes al periodo de estudio.
Una de las características distintivas del estudio es que no comparó la dinámica entre vecindarios, sino que se centró en determinar la posible relación entre los niveles de delincuencia y la concentración de la población inmigrante indocumentada en cada barrio. Esto facilitó el control de características relativamente permanentes de los lugares de estudio que podrían afectar simultáneamente a la inmigración y a la delincuencia, como su ubicación, historia, composición social o determinadas condiciones estructurales.
