El nombre de Dinorah Figuera había desaparecido de los radares para muchos en Venezuela cuando la médica y exparlamentaria de 65 años apareció mencionada como la contraparte opositora en una nueva ronda de diálogos impulsada por Washington, que ejerce un poder no muy discreto desde la extracción de Nicolás Maduro en enero.
Ahora la militante del derechista Primero Justicia aparece como representante de una oposición que no la recordaba del todo, pero ungida por el Gobierno de Donald Trump como la cabeza de la “última instancia democrática reconocida” por Estados Unidos, según la postura oficial del Departamento de Estado.
Se refiere a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) electa en 2015, de abrumadora mayoría opositora pero anulada en la práctica por el Gobierno de Maduro, que promovió impugnaciones en el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por él) para impedir su instalación completa y vaciarla de facultades.
Precisamente sobre esta legislatura se basó la principal estrategia del primer mandato de Trump para socavar la legitimidad de Maduro: el reconocimiento del entonces presidente de la AN, Juan Guaidó, como gobernante interino de Venezuela.
De acuerdo con la Constitución venezolana, el periodo de la AN expiró en 2021, pero la falta de reconocimiento internacional a las elecciones parlamentarias de 2020 sirvió de argumento para mantener simbólicamente activo el poder legislativo anterior, que hoy preside Figuera.
Desde el 6 de agosto, se sienta precisamente frente a Jorge Rodríguez, el hombre cuyas gestiones convirtieron en un cascarón vacío a la AN de 2015, que fue el último gran esfuerzo coordinado de la oposición en Venezuela por ejercer contrapesos al poder de Maduro.
Rodríguez, jefe de campaña del oficialismo en los comicios de 2015, fue entonces el encargado de recabar las supuestas evidencias que permitieron la impugnación de algunos resultados.
Hoy Rodríguez es jefe del Poder Legislativo y ha sido el operador oficialista en todos los intentos fallidos de diálogo que se han llevado adelante en Venezuela desde la llegada al poder de Maduro y ahora de su hermana, la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Un encuentro con reservas
Jorge Rodríguez dejó claro desde el primer día el alcance de su reconocimiento a la calidad de Figuera como interlocutora, cuando publicó en X que iniciaba “el diálogo con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional 2015″, sin avalar la vigencia del mandato de la parlamentaria.
Pero las dudas sobre la representatividad de Figuera no solo parten del sector oficialista, sino de la propia oposición, que la ve como vocera de solo un sector de los factores que adversan al Gobierno de Rodríguez.
El que es percibido como mayoritario, de acuerdo con encuestas y con los propios resultados electorales que la oposición defiende desde las presidenciales de 2024, el que encabeza la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha quedado fuera de la mesa de negociaciones.
Machado ha asegurado que no se interpondrá en el progreso de las conversaciones y su principal aliado político dentro de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, celebró en X que "esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra", en referencia a la mediación estadounidense.
Washington ha impulsado reformas a las leyes de hidrocarburos y minería, que el Gobierno de Rodríguez ha aprobado por la vía rápida, como una forma de agilizar inversiones internacionales en un país al que la falta de garantías jurídicas ha dejado aislado del escenario económico mundial.
Pero en lo que respecta a las garantías civiles, la influencia estadounidense ha sido mucho menos decisiva. Más de medio millar de personas permanece en prisión por motivos políticos y muchos de los que han sido beneficiados por medidas alternativas siguen sometidos a restricciones, como el coordinador jurídico de Machado, el abogado Perkins Rocha, quien salió de la cárcel solo para cumplir arresto domiciliario.
Mientras el presidente Trump se declara frecuentemente satisfecho por la interacción con Rodríguez, citando los “miles de millones de barriles petróleo” que asegura que Estados Unidos extrae de Venezuela desde que comenzó la gestión de la presidenta interina, el secretario de Estado, Marco Rubio, trata de impulsar una agenda basada en tres fases: estabilización política, recuperación económica y transición democrática.
Ese mantra ha sido ligeramente alterado en los objetivos del nuevo proceso de diálogo, donde la transición se sustituye por “reconciliación política”, aunque Figuera sostuvo en X que el nuevo encuentro entre Gobierno y oposición “marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela".
A su regreso luego de casi ocho años de exilio en España, Figuera prometió que a través de las conversaciones se buscarán cambios en el TSJ y el Consejo Nacional Electoral, los organismos controlados por el oficialismo sobre los que se ha cimentado el poder sin fisuras de Maduro y ahora de Rodríguez.
La parlamentaria opositora espera que el proceso sirva para apuntalar los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos.
El nuevo ciclo de negociaciones se inició el 6 de agosto en medio de un fuerte hermetismo, con reuniones a puertas cerradas y sin balance de la jornada ante los medios. Solo se permite la presencia de fotógrafos en el Centro de Convenciones de la base aérea de La Carlota, en Caracas, para evadir preguntas de los periodistas.
La primera ronda se extenderá hasta el 12 de agosto, cuando ambas partes decidirán si convocan un nuevo periodo de conversaciones.
A los grandes objetivos del encuentro se ha sumado uno nuevo: la atención a las consecuencias del doblete sísmico del 24 de junio, que dejó más de 6.000 fallecidos y 18.000 personas sin hogar, según cifras oficiales.
¿Se puede esperar un resultado diferente?
Más de media docena de iniciativas de diálogo con la oposición han tenido a Jorge Rodríguez en representación del oficialismo en los últimos 10 años. Todas concluyeron con acuerdos incumplidos o honrados solo parcialmente, lo que dispara la desconfianza entre los interlocutores y, principalmente, de buena parte de la ciudadanía.
Mientras algunos chavistas comienzan a cuestionar la sumisión a los designios de Washington por parte del Gobierno de Delcy Rodríguez, buena parte de la oposición rechaza que en los diálogos no participen ni Machado ni Edmundo González Urrutia (que he defendido la victoria en la presenciales de 2024), ni ninguna representación del partido de la Premio Nobel de la Paz, Vente Venezuela.
Jorge Rodríguez fue el jefe negociador en 2016, cuando, con la mediación del Vaticano, se abordó la crisis política luego de que el CNE impidiera la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, pese a que la oposición aseguraba haber cumplido con todos los procesos previstos en la Constitución para ello.
Miraflores suspendió las conversaciones luego de que dos sobrinos de la entonces primera dama, Cilia Flores, fueran condenados en Estados Unidos por tráfico de drogas, una sentencia que años después fue revertida como parte de un intercambio de prisioneros.
En 2018, luego de las multitudinarias protestas del año anterior, que fueron ferozmente reprimidas (con un saldo de decenas de jóvenes muertos a manos de organismos policiales, militares o paramilitares), las partes se encontraron en República Dominicana con el entonces presidente Danilo Medina como mediador.
La inhabilitación política de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por parte del CNE, llevó al retiro de esa facción de la mesa dominicana.
En 2019, la experiencia se repitió, esta vez con la mediación de Noruega y con Rodríguez como coordinador por parte del Gobierno de Maduro, pero la oposición abandonó las conversaciones luego de la tercera ronda, en rechazo por la muerte en custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien falleció en plena audiencia ante el juez, producto de las lesiones por las torturas recibidas.
Ese mismo año, otro esfuerzo de diálogo se instaló en Barbados, pero la oposición lo dio por terminado luego de que la representación del Gobierno se ausentara durante 40 días. Miraflores protestaba de esta forma por la imposición de nuevas sanciones por parte de Washington.
Poco después, una pequeña fracción de la oposición que se desvinculó de la MUD llegó a acuerdos con la representación gubernamental para la liberación de los llamados presos políticos, entre otros objetivos, pero la iniciativa solo redundó en la incorporación del grupo negociador a la Asamblea Nacional.
En 2022, los acuerdos derivados de una nueva ronda de negociaciones en México, con la mediación de Noruega, fueron desconocidos por Maduro, que los condicionó al retiro total de las sanciones en contra de su Gobierno.
Poco después se sumó una nueva demanda, esta vez por parte de Jorge Rodríguez, quien exigía que se detuviera la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional. Los diálogos volvían a estancarse.
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En 2023 se firmó el acuerdo de Barbados, avalado por diplomáticos de seis países, que logró un alivio de sanciones a cambio del diseño de una hoja de ruta electoral que derivó en las primarias opositoras de octubre de 2023 y en las presidenciales de 2024.
Pero la oposición acusó al Gobierno de desconocer los términos: los resultados de las primarias (donde Machado se impuso con más del 90% de los votos) quedaron sin efecto con la inhabilitación política de la líder de Vente Venezuela, dictada por el TSJ, y en las presidenciales el CNE proclamó vencedor a Maduro, a pesar de que los voluntarios opositores habían logrado recabar 80% de las actas electorales que supuestamente probaban una amplia victoria de González Urrutia.
Con EFE, Reuters, AFP y medios locales
