Se trata de una recomendación que alimenta aún más el debate sobre una eventual liberación de Pedro Castillo. En un dictamen publicado con fecha del 4 de junio, pero que trascendió el jueves 9 de julio en medios de comunicación peruanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) consideró que el expresidente de Perú, que gobernó el país entre 2021 y 2022, fue detenido de manera “arbitraria”.
Capturado tras un supuesto intento de golpe de Estado a principios de diciembre de 2022, Pedro Castillo permanece desde entonces en prisión. A raíz de su estudio del caso, el GTDA recomienda que Pedro Castillo debería ser puesto “inmediatamente en libertad” y ofrecerle reparación.
Pero, ¿cuáles son los elementos que respaldan la recomendación emitida por el equipo de expertos de la ONU? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tal aviso? Lo abordamos.
¿Por qué está detenido Pedro Castillo?
Maestro de escuela rural y sindicalista, Pedro Castillo irrumpió de manera sorpresiva en la política peruana al convertirse en el presidente de Perú en 2021.
Sin embargo, el entonces jefe de Estado de izquierda (partido Perú Libre) tuvo un mandato corto, marcado por numerosas dificultades, como denuncias de corrupción, una fuerte inestabilidad de su gabinete y tensiones institucionales, en particular con el Congreso.
En un intento de superar los bloqueos institucionales a los cuales se enfrentaba, Pedro Castillo dio un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022, en el que ordenó la disolución temporal del Congreso, un gobierno por decreto y una reorganización del sistema judicial.
Pero las Fuerzas Armadas no respaldaron al entonces presidente: la movida fue interpretada como un intento de golpe de Estado y Castillo fue detenido cuando se dirigía a buscar asilo en la Embajada de México. Horas después fue destituido por el Congreso y enviado a prisión.
En noviembre de 2025, Castillo fue condenado en primera instancia a 11 años y seis meses de prisión, acusado de conspiración para la rebelión. Sin embargo, su defensa argumenta que el delito no llegó a concretarse porque las Fuerzas Armadas no se alzaron en armas.
Desde entonces, Pedro Castillo permanece encarcelado en el centro penitenciario de Barbadillo, construido especialmente para acoger a expresidentes condenados. Su salida está prevista, en teoría, por el mes de mayo de 2034.
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¿Cuáles son los argumentos del grupo de la ONU contra la detención de Castillo?
En un informe, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GTDA) emitió una opinión contraria a los tribunales peruanos.
Tras revisar el caso, el GTDA, concluyó que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria” porque careció de base legal. En un documento de 19 páginas, los expertos de la ONU consideraron que esta detención contradice el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad"
El GTDA argumenta que la captura no cumplió con la legislación peruana, ya que subraya que un presidente en ejercicio no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, un proceso que se completó cinco días después de la captura.
También cuestionan el papel del Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una “autoridad judicial independiente” habilitada por emitir dicha orden de captura.
Otra crítica subrayada por el GTDA es la falta de acceso a un juicio justo por parte de Pedro Castillo. El Grupo de Trabajo considera que el expresidente no pudo contar con la ayuda de un abogado de confianza de manera inmediata después de su arresto. Al principio, fue representado por un defensor público designado sin su consentimiento.
“Se le impidió a la defensa de Castillo disponer del tiempo y los medios adecuados”, para prepararse de manera justa, destaca el documento del GTDA.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, recomienda el informe del GTDA.
El Grupo de Trabajo también instó al Gobierno peruano “a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” del exjefe de Estado peruano y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
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¿Qué tan probable puede ser una liberación de Pedro Castillo?
Ante todo, cabe recordar que el aviso del GTDA no es vinculante. Una eventual liberación de Pedro Castillo sigue dependiendo de las decisiones de la Justicia peruana.
Sin embargo, la recomendación del GTDA alimenta el debate sobre la validez de la detención y la condena de Pedro Castillo, en un país donde sus partidarios siguen denunciando lo que consideran una decisión judicial tomada bajo motivos políticos.
Durante la campaña presidencial este año, el candidato de izquierda y fiel aliado de Pedro Castillo, Roberto Sánchez, había prometido que, si llegara a la Presidencia, indultaría a Pedro Castillo.
Este escenario pareció desvanecerse tras la victoria de la derechista Keiko Fujimori proclamada presidenta a principios de julio. Sin embargo, quien hoy tiene el poder para otorgar un indulto sigue siendo el todavía presidente José María Balcázar, quien no ha descartado totalmente esta opción.
Mientras tanto, el equipo de defensa de Pedro Castillo ha presentado siete pedidos de indulto, que hasta el momento han sido rechazados con el argumento de que el proceso aún sigue en marcha porque ha sido apelado ante tribunales superiores.
El último fue enviado el pasado 25 de junio, según indicó el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien informó sobre “una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales” y que “seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del Ministerio”.
Esta nueva solicitud pide al Ejecutivo que aplique una atribución prevista en la Constitución peruana que permite al mandatario ejercer el derecho de gracia en determinados casos, entre ellos a los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Pedro Castillo.
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Con EFE y medios locales
