Europa reconoció este jueves el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, la máxima distinción de la UE para los defensores de derechos humanos. En medio de la retórica hostil y las sanciones impuestas por el Gobierno de EE. UU. a la CPI, algunos de sus miembros y empresas colaboradoras, "este premio reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del derecho internacional y la justicia", explicó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
La administración de Donald Trump ha emprendido una campaña para desmantelar el tribunal "ladrillo a ladrillo", en palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, después de menospreciar las investigaciones realizadas contra Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
Como parte de esta ofensiva, Washington decretó nuevas y drásticas sanciones contra el tribunal el 9 de octubre, el mismo día que la jueza sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, que ejerció como magistrada de la CPI, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.
"En este contexto, el Premio Sájarov adquiere una importancia particular, ya que reafirma la relevancia de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan para defender el derecho internacional", resaltó este jueves la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, tras hablar "de desafíos sin precedentes" para los miembros del tribunal.
El reconocimiento Sájarov es una nuevo recordatorio de que "Europa apoya firmemente a la presidenta Tomoko Akane, los jueces y funcionarios del tribunal", señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien sostuvo que la "CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones"
En una nota de prensa publicada el jueves, el Parlamento Europeo remarcó que algunos eurodiputados expresaron en los informes anuales de 2025 una "profunda preocupación por las crecientes amenazas y las diversas oleadas de sanciones impuestas desde 2025 a la CPI, en particular por los EE. UU.".
La nominación de la CPI y sus funcionarios al premio fue impulsada por el grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que reúne a partidos de centroizquierda de toda Europa. Esta colectividad declaró sentirse "orgullosa de haber presentado su candidatura en un momento en que la justicia internacional está siendo atacada".
Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente la CPI obtuvo una mayoría de los votos emitidos a puerta cerrada, con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.
Asfixiada por las sanciones de Trump
En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estadounidense, Donald Trump, definió en septiembre a la CPI como una "institución fuera de control" y un "grupo de personas malvadas".
En esa alocución, dos semanas antes del último paquete de sanciones, el republicano instó a los funcionarios del tribunal para que renunciaran y a los países que integran la Corte para que la abandonaran. Desde entonces, solo Naoero, una pequeña nación insular del Pacífico anteriormente conocida como Nauru, ha respondido a su llamado.
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El Presidente de la CPI y varios jueces han visitado las comisiones del Parlamento Europeo en 2025 y 2026 para explicar a los eurodiputados las consecuencias de las sanciones estadounidenses en sus deberes profesionales y sus vidas personales, como el congelamiento o cierre de cuentas bancarias, el rechazo de operaciones financieras, la denegación de acceso a servicios digitales y prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.
"Las sanciones de EE. UU. también tienen un efecto amedrentador sobre bancos no estadounidenses y otras empresas fuera de la jurisdicción de EE. UU., que también podrían perder el acceso al sistema bancario de ese país si no respetan las sanciones", alertó Human Rights Watch.
Las castigos impuestos por la Administración Trump establecen un plazo de seis meses para que las empresas y los particulares estadounidenses que mantienen relaciones comerciales con el tribunal pongan fin a ellas.
En una declaración conjunta, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos y el Reino Unido expresaron su firme desacuerdo con las sanciones estadounidenses al advertir que "tendrán un impacto significativo en la labor del tribunal, en su personal y en sus familias".
Algunos diputados europeos han pedido a la Comisión Europea que active el llamado "estatuto de bloqueo", que permite proteger a los funcionarios que trabajan en la CPI de ataques extraterritoriales. Este mecanismo puede impedir que ciertas decisiones estadounidenses surtan efecto en territorio europeo e incluso prohibir que empresas europeas acaten las sanciones de Washington, según explica la Comisión Europea
CPI: más de dos décadas de búsqueda de justicia
La CPI fue creada por el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998, y empezó a funcionar el 1 de julio de 2002 con el objetivo de juzgar a personas por genocidio y crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera investigar y procesar estos delitos.
Durante sus primeros años de trabajo, la actividad de la CPI se concentró en África, lo que alimentó críticas sobre un posible doble rasero al no priorizar los crímenes planeados en el norte global.
El grupo de 76 países fundadores se ha ampliado hasta los 125 Estados signatarios, incluidos la mayoría de los países occidentales. No obstante, varias de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia no reconocen la jurisdicción del tribunal. Tampoco lo han hecho Israel, Turquía, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Irak, Sudán, Cuba, Egipto o Etiopía, entre otros.
En 2026, se retiraron de la jurisdicción de la CPI Venezuela, Níger, Malí, Burkina Faso y Chad. En abril de 2025, Hungría, durante el Gobierno de Viktor Orbán, anunció su intención de retirarse de la Corte, pero el nuevo Gobierno canceló el proceso de retirada en mayo de este año.
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La primera orden de detención de la CPI contra un jefe de Estado en ejercicio fue dictada en 2009 contra el expresidente sudanés Omar al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur, a los que se añadió en 2010 el de genocidio.
Entre las solicitudes de arresto internacionales expedidas en los últimos años por el tribunal sobresalen la del presidente ruso, Vladimir Putin (2023) —por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos desde zonas ocupadas—; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant (2024) —por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza— y altos responsables talibanes (2025) —por presunta persecución por motivos de género en Afganistán—.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte afronta un juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzará el próximo 30 de noviembre por asesinatos vinculados a la llamada guerra contra las drogas, entre 2011 y 2019. Duterte fue detenido y entregado a la CPI en marzo de 2025 y en abril de 2026 el tribunal le declaró apto para ser juzgado.
Las aperturas de expedientes en la CPI se producen por iniciativa del fiscal, con autorización judicial, o por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. El tribunal no celebra juicios en ausencia y no dispone de una fuerza policial propia, así que depende de la cooperación de los Estados para ejecutar detenciones.
Actualmente, la CPI cuenta con más de 900 empleados, procedentes de un centenar de países, y un presupuesto para 2026 de más de 196 millones de euros.
Un reconocimiento único en Europa
Concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, el Premio Sájarov ha sido otorgado a disidentes, presos políticos, periodistas, abogados, escritores, madres, líderes de minorías, un grupo antiterrorista, un activista en contra de la tortura, un humorista gráfico, entre otros.
Algunos galardonados han recibido posteriormente el Premio Nobel de Paz, como es el caso de Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege o Nadia Murad.
Cada partido político de la Eurocámara tiene la posibilidad de impulsar una candidatura. Los diputados también pueden hacerlo a título personal, aunque cada postulación requiere el apoyo de al menos 40 diputados.
Los candidatos propuestos son presentados en una reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos, en la que todos sus miembros votan sobre la base de una lista de tres finalistas.
El galardonado o los galardonados finales son elegidos cada año por la Conferencia de Presidentes, un órgano del Parlamento Europeo coordinado por el presidente y compuesto por los presidentes de todos los grupos políticos.
La entrega del Premio Sájarov se materializa en un pleno oficial que se celebra a finales de año en Estrasburgo (Francia).
Con infromación de Reuters, EFE, AP y medios locales
