La imagen de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años y un 50% de discapacidad, siendo desalojada por la Policía esta semana de su domicilio de Madrid, donde vivió por más de siete décadas, ha tocado una fibra sensible en la sociedad española que, con todas sus diferencias, encuentra consenso en denunciar la crisis por la falta de acceso a la vivienda.
Sin desearlo, la mujer se ha convertido en el rostro más reciente de este flagelo y ha renovado el impulso ciudadano para salir a las calles a reclamar una mayor protección de los inquilinos y medidas contra la especulación inmobiliaria. A las marchas espontáneas de ese día se ha sumado una convocatoria que se presume masiva en Madrid para este sábado 26 de septiembre.
"Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando"
Lejos de resignarse por haber perdido la casa que habitó desde sus 16 años por una orden judicial en favor del fondo de inversión Urbagestión –que pretendía subirle el alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales–, Maricarmen agradeció las muestras de apoyo a "todos los niños" y llamó a seguir movilizándose por el acceso justo a la vivienda.
En un video grabado en el hospital donde se encuentra ingresada por un cuadro de "agotamiento severo" desde el día del desahucio, Maricarmen lamentó no haber podido defender su hogar, pero se mostró satisfecha de haber podido dar la batalla "para que los demás aprendan a luchar por su casa".
"No ha podido ser, pero por favor, luchad", fue el mensaje que lanzó la mujer en la filmación, compartida en la red social X por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Pese a sentirse "aún muy débil" y "conmocionada", la octogenaria aseguró que no piensa abandonar el reclamo. "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", subrayó la pensionada, quien admitió que aún no sabe dónde vivirá tras quedarse sin casa.
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En un comunicado adelantado por el medio 'El Economista', Urbagestión, el fondo de inversión que se quedó con la vivienda de Maricarmen, dio un paso atrás y dijo haber puesto la vivienda a disposición del Ayuntamiento de Madrid para que la jubilada pueda regresar a su casa con una renta "estable y asequible", gestionada por uno de los programas sociales del Ejecutivo local.
"Decreto Maricarmen", las medidas que reclaman inquilinos a la clase política
Maricarmen Abascal ha puesto rostro a la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado rápidamente y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración y la especulación de los fondos "buitre".
"Todo el país ha podido ver que la especulación rentista no tiene piedad con nadie"
En una rueda de prensa celebrada este viernes 25 de septiembre, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, consideró que el caso de la jubilada de 87 años es "un punto de inflexión" porque "todo el país ha podido ver que la especulación rentista no tiene piedad con nadie".
"Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país?", se preguntó.
Y es que esta organización está presionando para que se discuta lo que ha bautizado como "Decreto Maricarmen", petición que, dijo Del Río, será enviada "hoy mismo" al Gobierno de Pedro Sánchez para que sea aprobado en la reunión del Consejo de Ministros el próximo martes 29 de septiembre.
Esta propuesta reúne cinco medidas urgentes: que se apruebe una ley "estructural" en contra de los desahucios, evitando que ocurran si no hay alternativa habitacional; que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar el alquiler por temporada y habitaciones, priorizando la renta habitual; la congelación de los precios de alquileres vigentes; las prórrogas generalizadas a los contratos de alquiler; y la renovación automática de los contratos de alquiler, prohibiendo las expulsiones sin causa.
"O el Gobierno toma medidas o se está cavando su propia tumba"
Según recogen medios locales, desde el Sindicato no rechazan medidas adicionales como expropiaciones –que ha sido el reclamo de Sumar, socio minoritario en el Gobierno, para el caso de Maricarmen– o que se establezcan contratos indefinidos, pero su iniciativa apuesta a acciones "que se puedan aprobar ahora".
Otra de las voceras de la organización, Carme Arcarazo, destacó que los primeros contactos con los grupos políticos del fragmentado Congreso español han sido "positivos" y destacó que "están entendiendo que el momento es otro".
En esa línea, lanzó una advertencia a la coalición de izquierdas de Pedro Sánchez, que enfrenta una creciente presión, incluso entre sus partidarios, por este tema, a menos de un año de las elecciones generales: "O el Gobierno toma medidas o se está cavando su propia tumba".
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El Gobierno negocia a contrarreloj para aprobar medidas
La controversia golpea de lleno en el seno de un gobierno de corte progresista, cuyas iniciativas en la materia han chocado con bloqueos en dos vías: de la oposición conservadora, inclinada a rechazar la intervención del Estado en el mercado inmobiliario; y del ala más a la izquierda de la oposición y de su propia coalición, que exigen acciones más amplias que las propuestas por el PSOE de Pedro Sánchez.
Tras el desalojo de Maricarmen Abascal, el presidente del Gobierno español tildó lo sucedido de una "tragedia social" y prometió enviar "de manera urgente" al Parlamento un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar cuándo. Asimismo, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para ratificarlo.
Apremiado por la situación, el Ejecutivo ha desempolvado un borrador que tiene preparado desde julio como base sobre las acciones a tomar y negocia a contrarreloj con sus socios de coalición, Sumar, pero también con aliados parlamentarios, como el partido independentista catalán Junts, cuya aprobación en el Congreso es necesaria ante las previsibles negativas del Partido Popular (PP, derecha) y del ultraderechista Vox.
Según reveló el diario catalán 'Ara', Junts –que a inicios de año votó junto al PP y Vox para derribar una protección ante desahucios de personas vulnerables vigente desde la pandemia– ha fijado sus condiciones y su portavoz Miriam Nogueras afirmó a la 'Cadena SER' que el Gobierno ve "con buenos ojos" su propuesta.
En concreto, lo que ha trascendido en la prensa española es que la postura de Junts es incluir en el texto incluya la prohibición de desalojo de familias vulnerables cuando el propietario sea una empresa o fondo de inversión "buitre" y vetar que estos puedan comprar inmuebles, entre otras acciones.
Restaría ver si esta apertura de los independentistas catalanes complace a Sumar, la formación de izquierdas que ha propuesto la prohibición de la adquisición de viviendas a todas las personas jurídicas, una opción que Junts rechaza por considerar que afectaría la posibilidad de compra a cooperativas o empresas públicas.
Tras el desalojo de Maricarmen, además, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que el próximo martes, el Consejo de Ministros "debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres".
Con EFE, AFP y medios locales
