Meta tiene 24 horas para demostrar que garantiza un trato igualitario a las campañas electorales de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. La exigencia, emitida por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), se produce después de que los equipos de ambos políticos denunciaran que los servicios digitales de la empresa presentan sesgos en la distribución, visibilidad y alcance de los contenidos que favorecen a su respectivo rival.
La orden fue emitida este lunes por el juez Marco Aurélio Bellizze, quien advirtió que la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp podría enfrentar multas de hasta un millón de reales diarios (200,000 dólares) si no demuestra que cumple plenamente con los requisitos de equidad establecidos previamente por las autoridades electorales. La sanción se aplicaría hasta el final de la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo 25 de octubre.
En semanas recientes, los grupos de apoyo de Lula da Silva presentaron una denuncia ante el TSE en la que acusaron a Meta de restringir selectivamente la difusión y promoción pagada de publicaciones vinculadas al actual presidente brasileño y a sectores políticos afines.
En paralelo, el equipo de Bolsonaro denunció por presunta desinformación al canal de WhatsApp denominado “Exército de Lula”, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores y difunde mensajes de apoyo al mandatario. En este caso, el TSE desestimó los señalamientos y autorizó que el canal continuara operando. Sin embargo, los simpatizantes del senador sostuvieron que los algoritmos de la compañía perjudicaban a su candidato y exigieron a las autoridades electorales garantizar condiciones de igualdad en los espacios digitales durante la contienda.
En respuesta, la semana pasada, el TSE publicó una resolución que impuso a Meta nuevas obligaciones para garantizar un trato equitativo durante el proceso electoral. La disposición prohíbe a la empresa reducir artificialmente la difusión de publicaciones políticas de Lula o Flávio Bolsonaro, excluirlas de las recomendaciones, limitar su aparición en los resultados de búsqueda o modificar sus métricas para perjudicar a alguno de los aspirantes.
Además, exige que el asistente virtual Meta AI procese y responda de manera equivalente a las solicitudes de información sobre ambos candidatos, sin aplicar restricciones diferenciadas por motivos políticos.
La resolución también obliga a la compañía a suspender la publicidad electoral pagada por personas o entidades que no estén autorizadas para contratarla, especialmente cuando se gestione desde cuentas en el extranjero. Asimismo, le ordena investigar 255 perfiles señalados como parte de una posible red no auténtica y verificar el etiquetado de inteligencia artificial en 1,204 publicaciones. El incumplimiento de estas disposiciones contemplaba una multa diaria de 500,000 reales brasileños.
Meta rechaza los señalamientos
En una nueva revisión, el juez Bellizze aseguró que no existen elementos suficientes para acreditar que los sistemas de Meta beneficien o perjudiquen deliberadamente a alguno de los candidatos. No obstante, recalcó que tampoco hay pruebas contundentes de que la empresa tecnológica haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos por las autoridades, por lo que duplicó la multa.
“El incumplimiento reiterado, a pocos días de la segunda vuelta electoral, demuestra que la multa impuesta fue insuficiente”, decía el comunicado.
Hasta el momento, Meta no ha emitido una postura sobre la nueva resolución. Sin embargo, la semana pasada negó que sus servicios o algoritmos presentaran sesgos capaces de interferir en las elecciones brasileñas. La empresa explicó que los incidentes documentados respondían a fallas técnicas que afectaron a diversos mercados, incluido Brasil.
En medio de la disputa, el TSE convocó a representantes de las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro para advertirles sobre el riesgo de convertir la contienda en una sucesión de litigios destinados a retirar contenidos, una práctica que podría restringir la libertad de debate.
Según información difundida por AFP, el tribunal había registrado 162 recursos judiciales después de la primera vuelta, más del triple que en el mismo periodo de las elecciones de 2022. La cifra evidencia el papel cada vez más relevante de los espacios digitales en la formación de opiniones y su influencia sobre los votantes en una contienda electoral tan cerrada.


