Unidades militares y policiales que custodiaban la comunidad agrícola de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, después de los ataques de pandillas que dejaron 139 muertos en enero de 2025, fueron retirados sin razón aparente. Las solicitudes del jefe de policía local de refuerzos blindados para la vigilancia fueron ignoradas. El pueblo fue dejado a su suerte.
Así lo determina un informe de la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), que arroja luz sobre dos nuevas masacres en la misma comunidad, perpetradas el 7 de julio y el 23 de agosto, en las que 164 personas fueron asesinadas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores.
El reporte, que se elaboró luego de entrevistas con jueces, funcionarios de policía, civiles armados, el exjefe de una comisaría y más de 100 víctimas y sus familiares, afirma que un “fortalecimiento oportuno” de la seguridad alrededor de Kenscoff pudo haber frenado la matanza.
También señala que en el caso de los embates contra esa población “se han puesto de manifiesto graves fallos institucionales que contribuyeron a la perpetración de esta masacre”.
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El documento consolida un balance aterrador: 164 fallecidos entre las dos incursiones, 71 secuestrados, decenas de desaparecidos, reportes de violencia sexual, entre ellos uno que involucra a una niña de 12 años, cosechas destruidas, animales robados o sacrificados, pérdidas enormes por el hecho de que la ciudad haya pasado a estar bajo el control de las pandillas.
De acuerdo con cifras de la organización sin ánimo de lucro Armed Conflict Location & Event Data, la violencia en Kenscoff había disminuido en un 66% antes de que se produjeran los ataques, probablemente como consecuencia del refuerzo de seguridad que siguió a la masacre de enero de 2025.
Sin embargo, ese dispositivo se redujo en 60% poco antes de los ataques, "por razones que siguen siendo completamente desconocidas", como señala el informe.
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Una semana antes del primer ataque, un vehículo blindado fue desincorporado de la custodia, supuestamente por falta de personal, "dejando una nueva oportunidad para bandidos terroristas armados y debilitando aún más la ciudad", según señala la RNDDH.
Esas decisiones se tomaron a pesar de que se habían detectado movimientos que indicaban que la matanza podía volver a repetirse, como drones sobrevolando o sujetos armados vigilando las carreteras.
El terror desatado
Los "terroristas armados", como los define la RNDDH, se apoyaron en drones de vigilancia para rastrear movimientos y posiciones de las fuerzas del orden.
También desplegaron exploradores en la zona, y luego se infiltraron y comenzaron a vigilar las carreteras, "identificando a individuos que pudieran suponer una amenaza para ellos”.
Según el reporte, funcionarios gubernamentales no supieron de planes para perpetrar los ataques, pero sí estaban enterados de la presencia de drones.
Horas antes de iniciar la incursión, los pandilleros colocaron troncos de árboles para bloquear las carreteras y dejar a la comunidad aislada. Un hombre de 21 años fue obligado a desplazar piedras para reforzar el corte y luego recibió un disparo en la cabeza.
Inmediatamente antes de los ataques, un grupo de ellos disparó en zonas diferentes para atraer a la policía y dejar a las víctimas desprotegidas.
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Lo que siguió fue un estallido de horror. A un empleado de la comisaría de Kenscoff le sacaron los ojos y le arrancaron los brazos. Un director de escuela fue decapitado. Los pandilleros asesinaron a personas refugiadas en escuelas e iglesias y usaron sus cuerpos como barricadas para obstaculizar los esfuerzos de rescate por parte de la policía y de civiles.
Entre las víctimas había más de 20 adultos mayores, entre 65 y 90 años, 36 mujeres, siete niños (incluyendo uno de apenas cuatro años), así como agricultores y pastores.
Luego del primer golpe el 7 de julio pudieron regresar y consumar la segunda matanza el 23 de agosto, en un pueblo que siguió desguarnecido.
El informe insiste en la pasividad policial y la falta de interés de los altos mandos de las fuerzas del orden. Además, señaló que el nuevo esfuerzo de represión de bandas respaldado por la ONU “sigue siendo apenas perceptible sobre el terreno, y su contribución a las operaciones de seguridad sigue siendo difícil de identificar".
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El establecimiento de responsabilidades es también una perspectiva lejana, según el reporte: "Mientras las fuerzas del orden fracasaron lamentablemente en proteger a la población, la respuesta judicial aportada a estas dos masacres sigue siendo, por su parte, ampliamente insuficiente en relación con su magnitud".
Una amenaza vigente
Mientras tanto, los desafíos continúan. Un nuevo ataque, de menor escala, fue lanzado en Kenscoff en el mes de septiembre, y el alcalde Jean Massillon emitió un comunicado el martes, advirtiendo que aún hay drones sobrevolando la comunidad y que se están publicando videos y mensajes perturbadores en línea como amenazas.
"La convergencia de estas distintas señales no debe ser trivializada ni ignorada bajo ninguna circunstancia", escribió Massillon. "Tras más de 20 meses de sufrimiento, desplazamientos, pérdida de vidas y traumas causados por la violencia armada de bandas, la gente de Kenscoff no puede ser sometida a más tragedias que podrían haberse evitado".
De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.
Con AP y EFE
