Este 4 de octubre los brasileños van a las urnas, con el actual mandatario, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y el aspirante de ultraderecha Flávio Bolsonaro, como favoritos. En el marco de la campaña, el Gobierno de Lula da Silva ha acusado repetidamente a Estados Unidos de ejercer una presión sin precedentes sobre Brasil. Mientras Donald Trump asegura estar siguiendo “de cerca” unas elecciones que considera “muy importantes”.
La cuestión dio un salto esta semana, cuando la Abogacía General de la Unión solicitó a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal que investiguen el supuesto financiamiento por parte del Gobierno estadounidense a grupos brasileños que actuarían contra el Supremo Tribunal Federal.
La petición se basa en un reportaje del diario británico 'The Guardian'. Según este periódico, la Administración Trump redirigió más de 175 millones de dólares de un fondo del Departamento de Estado destinado originalmente a Derechos Humanos y democracia hacia proyectos vinculados a causas conservadoras en distintos países. Entre ellos aparece un programa de un millón de dólares para Brasil, invertido en financiar iniciativas que cuestionan la actuación del Supremo brasileño y denuncian supuestos abusos judiciales y casos de censura.
El abogado general de la Unión, Jorge Messias, advirtió: “La información es especialmente grave ante el proceso electoral brasileño y los episodios recientes de presión externa sobre nuestras instituciones”.
También denunció un riesgo de injerencia extranjera y de violación de la soberanía nacional. “Las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales. Lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño”, escribió Messias en sus redes sociales.
Según la legislación brasileña y la Ley de Partidos Políticos, está estrictamente prohibida la financiación o subordinación de grupos políticos por parte de gobiernos o entidades extranjeras.
Nunca se habló tanto de soberanía en Brasil
Pocas palabras se repiten tanto en el debate político de Brasil como “soberanía”. Desde que EE. UU. impuso aranceles a las exportaciones brasileñas, el presidente Lula ha recurrido varias veces a este concepto, que incluso le ha reportado un discreto aumento de popularidad.
Recientemente, durante el discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, Lula afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”. Sin mencionar directamente a Trump, destacó que la democracia brasileña pertenece a los brasileños y advirtió contra la actuación de enemigos “internos y externos” contra la voluntad popular.
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“La injerencia estadounidense en el rumbo electoral de Brasil es una realidad desde julio de 2025, cuando Trump impuso un aumento arancelario a los productos brasileños”, afirma Amorim Neto, profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getulio Vargas. “No fue solo una maniobra comercial; fue una maniobra acompañada de una carta publicada en las redes sociales en la que se pedía que el exmandatario Jair Bolsonaro – condenado luego por una trama golpista contra Lula- dejara de ser perseguido”, agrega este politólogo, que define la situación actual como “alarmante”.
La defensa de la soberanía se ha convertido en una de las principales banderas de Lula. Su estrategia sintetiza su disconformidad con los aranceles, tildados de “arbitrarios”; las sanciones contra magistrados de la Corte Suprema de Brasil; las exigencias sobre el proceso electoral; las críticas al combate contra el crimen organizado; los contactos realizados por Washington con la oposición brasileña; y ahora el posible financiamiento estadounidense de organizaciones que cuestionan el máximo tribunal del gigante latinoamericano.
Las declaraciones del mandatario brasileño en la ONU contrastaron con el discurso de Trump, que también reivindicó la soberanía, pero desde una perspectiva centrada en la defensa de los intereses de su país. La disputa, en otras palabras, no es solamente sobre quién puede decidir dentro de Brasil. También es sobre qué significa la soberanía cuando una potencia económica y militar utiliza instrumentos comerciales, diplomáticos y financieros para salvaguardar sus intereses en otro país.
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La presión empezó antes de la campaña
La tensión entre Washington y Brasilia comenzó el año pasado, pero ha sido a lo largo de este año que la relación bilateral se desplazó progresivamente hacia el terreno político.
El primer gran frente fueron los aranceles sobre los productos brasileños, que Trump vinculó públicamente al proceso judicial contra Jair Bolsonaro. El Gobierno estadounidense niega que exista una estrategia para interferir en las elecciones, pero 31 congresistas demócratas denunciaron en septiembre una “campaña sostenida y multifacética de interferencia y desestabilización” y pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, garantías de respeto al proceso electoral brasileño.
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Washington también cambió su lenguaje para describir el proceso electoral. Un documento enviado a Brasil durante las negociaciones comerciales de 2025 pedía que el país se comprometiera a garantizar la participación de “disidentes políticos” en las elecciones presidenciales de 2026.
El término resulta llamativo porque Brasil no utiliza habitualmente esa categoría para referirse a sus opositores políticos. “Disidente” es una expresión asociada a regímenes autoritarios o de partido único y empleada por EE. UU. para describir a los opositores en Cuba y de Venezuela, por ejemplo.
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Otro foco de una posible injerencia de EE. UU. es el Supremo Tribunal Federal. En 2025, Washington llegó a sancionar al ministro Alexandre de Moraes mediante la Ley Magnitsky, una herramienta que permite imponer restricciones a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción o violaciones de Derechos Humanos. Las sanciones fueron retiradas posteriormente, pero el conflicto no terminó.
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Los Bolsonaro han recurrido repetidamente a Washington para presionar a los magistrados brasileños. En septiembre, el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro se reunió con integrantes del Departamento de Estado y defendió la adopción de nuevas sanciones contra los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Gilmar Mendes. La actuación del hijo del expresidente no es un episodio aislado. Eduardo Bolsonaro fue condenado en Brasil por coacción en el curso del proceso relacionado con la trama golpista. La acusación de la Fiscalía sostuvo que Eduardo actuó desde EE. UU. para conseguir medidas contra las autoridades brasileñas.
En mayo,Flávio Bolsonaro fue recibido por Trump en la Casa Blanca. El senador reconoció que pidió al presidente estadounidense que clasificara al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Rojo como organizaciones terroristas. La imagen de Flávio con Trump tuvo un significado electoral evidente: el encuentro se produjo en plena construcción de su candidatura y pocos meses antes de la primera vuelta.
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La designación de las dos principales facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas abrió otro frente entre los dos países.
El mes pasado, Trump envió al Congreso estadounidense un informe anual sobre países relevantes para el tráfico y la producción de drogas. En el apartado dedicado a Brasil, afirmó que el Gobierno brasileño no había conseguido enfrentar al PCC y al Comando Vermelho. Esa cuestión favorece a Flávio Bolsonaro, que ha convertido la seguridad pública en uno de los ejes de su campaña.
La discusión sobre la soberanía alcanzó también a las grandes plataformas digitales. Recientemente, Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, deshabilitó temporalmente los anuncios del perfil de campaña de Lula. La cuenta fue restablecida en el mismo día y la empresa no explicó públicamente la razón del bloqueo, aunque alegó que está aplicando las reglas electorales brasileñas. El episodio alimentó las acusaciones de aliados de Lula sobre el papel de las empresas estadounidenses de tecnología en la campaña. A día de hoy, no hay evidencia de que el bloqueo de la cuenta de Lula haya sido ordenado por el Gobierno de Estados Unidos.
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Una preocupación que va más allá del Gobierno de Lula
La acusación de interferencia estadounidense tampoco se limita al oficialismo brasileño.
El politólogo alemán Peter Birle, del Instituto Iberoamericano de Berlín, considera que la actuación de Washington constituye un intento de influir directamente en el proceso electoral.
“Trump intenta interferir en la elección brasileña. Lo preocupante es que muchas veces este tipo de presión externa funciona”, dice el analista.
La comparación con la Guerra Fría aparece inevitablemente en el debate brasileño. En 1962, Estados Unidos financió operaciones destinadas a favorecer a sectores conservadores en Brasil antes de las elecciones legislativas. En diciembre del año pasado, Trump lanzó una nueva estrategia de seguridad nacional con un enfoque hacia América Latina que, de facto, resucita la doctrina Monroe (popularizada como 'Donroe').
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“Tras años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a regiones clave en toda la región”, reza el documento.
Brasil llega a las urnas en una encrucijada: ya no se discute solamente la elección de un candidato de izquierda o derecha. La campaña también se ha convertido en un escenario de disputa sobre el margen de autonomía del gigante latinoamericano frente a Washington.
“Las elecciones están muy polarizadas. Tenemos de un lado al presidente Lula, con toda su historia democrática, y, del otro lado, el hijo de Jair Bolsonaro, un hombre sin biografía que representa el golpismo, porque su padre intentó dar un golpe”, asegura a France 24 Octávio Costa, presidente Asociación Brasileña de Prensa (ABI), una entidad con 118 años de historia que este año decidió romper con su tradición de neutralidad y por primera vez declaró su apoyo a la reelección de Lula.
“Delante de una amenaza de golpe, la ABI se tiene que posicionar. Brasil tiene que velar por la democracia, por la libertad de expresión, por los derechos humanos y por la libertad de prensa. Esta es una cláusula pétrea para nosotros: la defensa del estado democrático de derecho”, concluye.
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