
POR FRANCISCO ORTEGA
Cuando voy a una tienda, consumo en un restaurante o compro productos gravados en el supermercado, tengo que pagar el ITBIS al saldar mi factura. Nadie me pregunta si estoy corto de dinero, si tengo otros compromisos o si necesito unos días para completar. Para llevarme lo que compro, debo pagar. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿y al consumidor quién le da prórroga?
Pagarlo tampoco significa que resulte fácil. Para muchas familias, cada peso cuenta. Ese impuesto sale del mismo bolsillo con el que se compra comida, se pagan medicamentos, se cubre el transporte y se sostiene el hogar. El ciudadano cumple, aunque hacerlo le apriete todavía más un presupuesto que apenas alcanza.
Por eso cuesta entender que algunos comerciantes pongan tantos peros cuando les corresponde declarar y entregar al Estado el impuesto que ya cobraron. Si el consumidor hizo su parte al pagar la factura completa, ¿por qué el cumplimiento debe encontrar obstáculos cuando ese dinero pasa a manos de quien lo recibió?
Aquí conviene precisar de qué estamos hablando. El ITBIS cobrado en una venta no constituye una ganancia del establecimiento. El comerciante tiene la responsabilidad de declararlo y entregar el saldo correspondiente, conforme a las reglas de su régimen tributario. Que ese dinero entre a la caja del negocio no lo convierte en un ingreso de libre disposición.
Además, en el régimen ordinario existe un mecanismo que permite al comerciante descontar el ITBIS que pagó en las compras de su actividad, siempre que reúna los requisitos legales. Es decir, cuando compra mercancías o adquiere bienes y servicios que generan un crédito fiscal admitido, ese impuesto puede reconocerse en su declaración.
Por tanto, no necesariamente entrega al Estado todo el ITBIS cobrado a sus clientes. Aplica las deducciones y los ajustes autorizados y paga la diferencia que corresponda. Ese mecanismo evita que el impuesto se acumule en cada etapa de la cadena comercial; no significa que siempre se produzca una devolución de dinero en efectivo.
El consumidor final tiene una realidad distinta. Cuando compra para su uso personal, paga el ITBIS y asume su costo. No presenta una declaración para descontarlo del impuesto cobrado a otros. La cadena termina en él, y también termina en su bolsillo la posibilidad de trasladar esa carga.
Esa diferencia fortalece el cuestionamiento: si el ciudadano que soporta finalmente el impuesto tiene que pagarlo al consumir, ¿por qué algunos de quienes lo cobran reclaman tantas consideraciones para cumplir? Sea grande, mediano o pequeño, cada negocio debe asumir las obligaciones que le correspondan. El esfuerzo del consumidor también merece respeto.
Los comerciantes tienen derecho a reclamar frente a errores de la administración, procedimientos injustos, costos excesivos o dificultades reales para cumplir. Sus argumentos deben escucharse y evaluarse. Pero una reclamación legítima no elimina la responsabilidad sobre el impuesto que ya fue cobrado a los clientes.
También debemos distinguir una protesta por los plazos o las condiciones de implementación de la facturación electrónica de una negativa a pagar impuestos. Son asuntos diferentes y deben examinarse con rigor. No todo el que solicita una facilidad pretende evadir, pero tampoco toda dificultad justifica prolongar indefinidamente el cumplimiento.
Al Estado le corresponde facilitar los procesos, orientar a tiempo y aplicar la ley con equidad. Además, debe rendir cuentas sobre el uso de cada peso recaudado. El ciudadano tiene tanto el deber de pagar como el derecho de exigir que su dinero se traduzca en servicios dignos, obras necesarias y una administración transparente.
La ley es igual para todos, y el respeto al contribuyente debe comenzar por quien paga desde su bolsillo. Si a mí se me exige cumplir al comprar, corresponde exigir que quien cobra declare y entregue el saldo dentro del plazo legal. Antes de pedir otra prórroga, convendría recordar al ciudadano que ya pagó. ¿Quién le da una prórroga a él?
jpm-am
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