La medida, firmada por un juez de Miami, se basa en una investigación sobre el papel que habría desempeñado Castro en la operación, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó este lunes de la orden, que acusa a Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Según la investigación, agentes cubanos que operaban en territorio estadounidense recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado la interceptación de las aeronaves por parte de militares cubanos.
El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos derribaron las dos avionetas civiles sobre aguas internacionales. Murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos. Hermanos al Rescate, con sede en Miami, se dedicaba a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
La orden estatal se suma a los cargos presentados en mayo por la Justicia federal estadounidense contra Castro por su presunta implicación en los hechos. Florida había reabierto la investigación en marzo, casi tres décadas después del derribo. El caso avanza en un momento de creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba, marcada por nuevas medidas contra figuras vinculadas al gobierno y el endurecimiento de las sanciones en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.
