La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este martes 30 de junio pronunciarse sobre la constitucionalidad de las prohibiciones estatales y locales a los rifles de asalto, en un caso que podría redefinir el alcance de la Segunda Enmienda para uno de los tipos de armas más asociados a las masacres masivas en el país norteamericano.
Los jueces, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escucharán dos apelaciones presentadas contra fallos de tribunales inferiores que habían confirmado las restricciones vigentes en el estado de Connecticut y en el condado de Cook, que incluye a Chicago.
Ambas normas prohíben la posesión de fusiles semiautomáticos como el AR-15 y el AK-47. Se espera que los alegatos orales se lleven a cabo en octubre, cuando comience el nuevo período de sesiones del tribunal.
Los dos casos en disputa
La ley de Connecticut fue sancionada en 2013, tras la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook en Newtown, donde un tirador armado con un AR-15 mató a 20 niños y seis educadores en 2012. El estado endureció esas restricciones en 2023.
La ordenanza del condado de Cook, por su parte, rige desde 1993 y fue una de las primeras del país en apuntar a este tipo de armamento.
Los demandantes —la Fundación Segunda Enmienda, la Coalición Política de Armas de Fuego y la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Connecticut, junto con residentes que buscan poseer estas armas— aseguran que los rifles semiautomáticos son "de uso común" entre la población civil y que, por lo tanto, están protegidos por la Constitución.
"La Segunda Enmienda protege las armas de uso común para fines legales, y es difícil argumentar que un tipo de rifle que potencialmente supera en número a las camionetas Ford F-150 en el país no cumpla ese estándar", afirmó Adam Kraut, director ejecutivo de la Fundación Segunda Enmienda.
Del otro lado, el fiscal general de Connecticut, el demócrata William Tong, calificó la prohibición estatal como "legal, salvavidas y ampliamente respaldada" y acusó al lobby armamentista de buscar deliberadamente un caso que le permitiera llegar hasta la Corte Suprema.
Los abogados del condado de Cook fueron más allá: argumentaron en sus presentaciones judiciales que estas armas son "la herramienta preferida de criminales y terroristas que buscan masacrar rápidamente a inocentes", y citaron como ejemplo el intento de asesinato del presidente estadounidense, Donald Trump, en un mitin de 2024.
Janet Carter, del grupo Everytown Law, defendió las prohibiciones como "medidas críticas de seguridad pública" y "coherentes con la Segunda Enmienda".
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Una Corte que amplía los derechos de armas
El caso llega en un momento en que la Corte viene ampliando sistemáticamente los derechos sobre armas de fuego. En este mismo período de sesiones, el tribunal anuló una ley de Hawái que restringía el porte de pistolas en propiedades privadas abiertas al público y limitó la aplicación de una norma federal que prohibía la posesión de armas a consumidores de marihuana.
Esa tendencia se remonta al fallo histórico de 2022, que obligó a los tribunales inferiores a evaluar cualquier restricción de armas a la luz de la "tradición histórica" de regulación en el país, un estándar que generó tanta confusión judicial que la propia Corte debió aclararlo en 2024, cuando autorizó el desarme de personas consideradas una "amenaza creíble" en casos de violencia doméstica.
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El freno político
Detrás del debate judicial persiste un freno político: en el Congreso, los senadores republicanos, con el histórico respaldo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de los grupos de cabildeo más influyentes en torno a las armas de fuego, han bloqueado sistemáticamente cualquier intento legislativo de restringir su acceso, incluida la renovación de la prohibición federal de armas de asalto que el propio Congreso dejó caducar en 2004.
Mientras tanto, una docena de estados, que incluyen a grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C., mantienen sus propias prohibiciones, y otros, como Virginia y Rhode Island, las ampliaron recientemente.
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Las cifras de la violencia armada
Según datos del Gun Violence Archive recopilados por el medio especializado 'The Trace', en 2025 se registraron en Estados Unidos 14.651 muertes por disparos, la cifra más baja desde 2015 y la cuarta caída anual consecutiva.
Ese año hubo 408 tiroteos masivos, que dejaron 358 muertos y al menos 1.843 heridos, aunque estos representaron apenas el 2,7% del total de muertes por arma de fuego registradas. El impacto sobre la población infantil sigue siendo crítico: 4.458 menores de edad recibieron disparos en 2025, de los cuales 1.256 murieron.
El balance para Trump
La decisión sobre los rifles de asalto se suma además a un período de sesiones en el que la Corte ha tenido un balance dispar para la Administración Trump.
Este mismo martes, el tribunal le propinó un fuerte revés al ratificar, en un fallo de 6 a 3, la ciudadanía por nacimiento y anular el decreto presidencial que pretendía restringirla.
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Sin embargo, la misma sesión también le dio dos victorias: los jueces avalaron las leyes estatales que prohíben a las atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos y eliminaron un límite al gasto de campaña vigente desde la era Watergate.
Esos fallos tienen lugar apenas días después de que la Corte, también por 6 a 3, pusiera fin al Estatus de Protección Temporal para más de 350.000 haitianos y 6.100 sirios, otro triunfo para la agenda migratoria del presidente Trump.
Pero también se producen un día después de que lo desafiara manteniendo vigente la legalidad del recuento de votos por correo después de las elecciones y bloqueando la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
Con Reuters, AP, AFP y medios locales
