Venezuela transita una inusual coyuntura. Mientras avanza la reinserción geopolítica, diplomática y económica del Gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, poco parece haber cambiado puertas adentro, pese a algunas señales de flexibilización.
Y aun así, día a día el llamado ‘Rodrigato’ (porque la antigua vicepresidenta ejerce el poder de la mano de su hermano, el líder de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez) aparenta gozar de mayor legitimidad internacional, dejando en el pasado el aislamiento que caracterizó el Gobierno de Nicolás Maduro.
Este 16 de septiembre coincidieron dos expresiones simultáneas de esa contradicción.
Por un lado, la Administración Trump excluyó a Venezuela de la lista de países que incumplen sus obligaciones en materia de lucha antidrogas, después de 21 años de descertificación.
Lo hizo el mismo día en que rechazaba recertificar a Colombia, un aliado tradicional que vuelve a acercarse a Washington, luego de la pausa que representó el cuatrienio de Gustavo Petro, y también el mismo día en que Trump reconocía la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta materia, pero apuntaba que “México debe hacer más”.
Para Rodríguez, las exigencias fueron menos elevadas. Trump destacó los “avances positivos” bajo su gestión y aseguró que esperaba “ver progresos continuos y cuantificables” en el “desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos".
“Cuando uno revisa qué acciones ha tomado objetivamente Venezuela contra el narcotráfico, no hay ninguna que se conozca, al menos que haya sido visible y explícita”, comenta en conversación con France 24 la consultora política Carmen Beatriz Fernández.
“Ha habido operaciones del propio Estados Unidos, como el ataque en el que murió el ‘Niño Guerrero’ (Héctor Guerrero Flores, el líder de la banda internacional Tren de Aragua, en un bombardeo del Comando Sur en una zona minera del sur del país) o los ataques contra lanchas en altamar, pero esas no son acciones de Delcy”, agrega.
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Al mismo tiempo que Trump avanzaba en la rehabilitación de Rodríguez, en Ginebra la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que documenta violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentaba un informe según el cual el aparato represivo del Estado sigue “intacto”, a pesar de reconocer que “la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa”.
La experta peruana Sofía Macher, que preside la Misión, recordó que no se ha producido una “transformación del sistema” que hizo posible represión.
La Misión encontró que siguen vigentes leyes que criminalizan la disidencia, que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras y que no se ha tomado ninguna medida para el desmantelamiento de los llamados “colectivos”, grupos de paramilitares cuya misión es inhibir la protesta mediante la violencia e intimidación.
Agregó que ha seguido documentando patrones de tortura, que todavía hay entre 300 y 500 personas detenidas por razones políticas y que ahora se ha detectado una modalidad de detenciones de corta duración para amedrentrar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.
¿Cómo se producen estas dos realidades paralelas en Venezuela?
La transición: un proceso confuso y doloroso
Trump no ha sido el único que ha avanzado en la validación de Delcy Rodríguez, a pesar de que durante los 13 años que permaneció Maduro al frente del Gobierno, ella formó parte de su Gabinete en distintas posiciones, incluyendo la de vicepresidenta, que ejercía al momento de la extracción del líder y su esposa Cilia Flores.
El 15 de enero, el Reino Unido elevó las relaciones bilaterales a nivel de embajadores, a pesar de que en 2024 las había degradado como consecuencia de la proclamación de Maduro, a pesar de que la oposición reclamó la victoria para Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales, basada en 80% de las actas en su poder.
Rodríguez está lista para encabezar el regreso de Venezuela a la Asamblea General de la ONU, goza de nuevas licencias para que empresas petroleras vuelvan a operar en el país sin estar sujetas a sanciones y avanza en un gigantesco acuerdo energético con Estados Unidos.
María Corina Roldán, estratega política y directora ejecutiva de la firma de consultoría Elevation Group, explica que este tipo de contradicciones son propias del proceso de transición que atraviesa el país.
“En una transición no eres ni dictadura ni autoritarismo, pero tampoco estás en democracia, y cuando estás en el medio comienzan a ocurrir cosas que pueden percibirse como incoherentes y generar mucha desconfianza”, explica la experta.
Para Roldán, la rehabilitación internacional de Venezuela no solo es un asunto diplomático o económico, sino que intenta resolver un problema de legitimidad para normalizar la relación con Caracas.
“Ya esto se veía venir cuando (el secretario de Estado) Marco Rubio dijo que se estaba inspirando en las transiciones de Paraguay España, ambas lideradas por actores relacionados con los dictadores”, apunta la experta.
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Sin embargo, reconoce la pertinencia de esta vía: “El país está tan destrozado que solo los que conocen la estructura actual van a poder ayudar a generar el proceso de transición. Alguien nuevo no va a saber cómo manejar el país, y eso se va a traducir en un fracaso”.
El “blanqueamiento” de la imagen del liderazgo actual es, según Roldán, una condición para que el país vuelva a ser un destino atractivo para la inversión internacional.
“Es absolutamente necesario reducir el costo reputacional y jurídico de hacer negocios con Venezuela, pero quedarnos allí es insuficiente. Normalizar no solo significa que vuelvan las empresas, sino que Venezuela vuelva a ser un interlocutor diplomático, económico y estratégico aceptado por la comunidad internacional”, señala Roldán.
La persistencia de ese “aparato represivo” al que se refiere la Misión de la ONU y el regreso de actores cuestionados, como el intermediario en la operación petrolera con Estados Unidos, el empresario Alejandro Betancourt, generan, sin embargo, un clima de desconfianza en torno al camino elegido para la democratización.
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“Hay una pregunta muy válida sobre si esto es real o no. Las transiciones son procesos dolorosos y confusos, porque implican amnistías, perdones a personas que formaron parte del aparato represor, como vimos en Chile. Incluso Mandela gobernó con su carcelero de vicepresidente”, recuerda Roldán.
Para Carmen Beatriz Fernández, el esfuerzo de rehabilitación internacional del Gobierno de Rodríguez obedece más a una necesidad de Washington que de Caracas.
“El acuerdo petrolero tuvo un costo reputacional severo para Estados Unidos. Creo que como consecuencia de eso se está buscando elevarle el perfil a Delcy. Lavarle la cara a ella es lavarse la cara también ellos mismos”, explica.
Sin embargo, la experta duda sobre la perspectiva de éxito del proceso: “No creo que sea creíble. Fichas claves con precio sobre su cabeza, como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, siguen ahí. Cabello sigue siendo ministro, aun estando sancionado por narcotráfico. Eso hace difícil de creer esta operación de lavado de imagen”.
La deuda de la oposición
Para ambas analistas, el proceso de validación del liderazgo de Miraflores obedece también a dinámicas relacionadas con las oposiciones, tanto de Washington como de Caracas.
Roldán recuerda la perspectiva de un cambio de la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las próximas elecciones de mitad de mandato, que obliga a la Administración Trump a preparar el terreno para un escenario de mayor escrutinio a sus acciones.
“La idea es tratar de dar cierta legitimidad a todo lo que se está gestando, como los acuerdos petroleros cuyos términos ni siquiera conocemos. Hasta el momento, no hay una auditoría real de cosas como, por ejemplo, qué está sucediendo con el dinero del petróleo bajo esta figura de tutelaje”.
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Roldán recuerda que el hecho de que Trump y su Gobierno hayan ejecutado la extracción de Maduro, pero hayan validado a una integrante de la estructura de poder que él encabezó, deja a Venezuela, en términos institucionales, “en un vacío de poder total”.
“Eso significa que un nuevo líder con legitimidad de origen podrá tumbar el acuerdo petrolero, que fue firmado por una persona no reconocida por voto popular ni por dinámicas constitucionales. No me extrañaría que la Casa Blanca esté tratando de blindar todo lo posible el proceso de transición de Venezuela, para que cuando los demócratas lleguen al Congreso no intenten desmantelar lo que ha estado construyendo Trump”, agrega la experta.
Tanto Roldán como Fernández coinciden en que la oposición venezolana ha aportado poco a la tarea de explicar el proceso a la ciudadanía, porque casi todas las facciones que la integran evitan cuestionar las acciones de Trump.
“Todos los actores políticos en Venezuela, tanto desde el interinato como desde la oposición, compiten por ser quien le hable al oído a Trump y por tener su venia. Está claro que quien tiene la posición de dominio y de fuerza es Estados Unidos”, observa Fernández.
“Eso los inhibe de decir cosas que puedan resultar inconvenientes, como por ejemplo condenar las arbitrariedades que está cometiendo ICE contra la comunidad hispana en general y venezolana en particular. Hay excesiva prudencia por no decir cosas que resulten inconvenientes a los oídos de Trump”, agrega.
Roldán, por su parte, califica como “grave” la “tibieza” de la oposición venezolana. “Para que funcionen los procesos de esperanza colectiva es necesario el impulso de la sociedad civil. Si la sociedad civil está desesperanzada, va a ser más difícil impulsar el proyecto político. Es probable que nuestros políticos no estén preparados para liderar procesos democráticos”, señala.
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“Si la oposición estuviera haciendo el trabajo que debe hacer, eso pondría presión sobre los tomadores de decisiones de la transición para que aceleren el proceso y traigan acciones concretas. Por eso la oposición es tan importante. Al no tener quien los fiscalice, esos líderes de la transición no van a tener costos por sus errores”, agrega Roldán.
Sin embargo, ambas descartan el riesgo de que la reivindicación interesada del liderazgo de Rodríguez por parte de la Administración Trump tenga capacidad de inhibir los reclamos de cambios reales en Venezuela.
“Siempre hay riesgos en una transición, el peligro de quedarse a la mitad del camino. Pero no significa que es lo que va a ocurrir. El hecho de que el Congreso en Estados Unidos cambie va a traer más orden a la transición en Venezuela, porque el Gobierno de Trump va a tener una fiscalización real del proceso”, estima Roldán.
“La demanda del cambio político es tan grande que si la dirigencia se inhibe le pasarán por encima”, pronostica Fernández. “Eso no va a pasar, porque esa sensibilidad de la urgencia existe en el sector político”.
