El autor es abogado. Reside en Barahona.
POR EZEQUIEL CUEVAS
La reciente aprobación y promulgación de la nueva ley de régimen electoral ha generado un intenso debate jurídico e institucional, particularmente por su aparente contradicción con la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.
Este escenario plantea serias interrogantes sobre el respeto al orden constitucional y la vigencia del principio de supremacía constitucional, pilar esencial de todo Estado democrático de derecho.
El rol del presidente Luis Abinader en este proceso resulta particularmente cuestionable. Como jefe de Estado y garante de la Constitución, su deber no se limita a la promulgación formal de las leyes aprobadas por el Congreso, sino que implica un compromiso activo con la defensa del orden constitucional.
La promulgación de una norma que, a juicio de múltiples juristas, desconoce abiertamente una decisión vinculante del Tribunal Constitucional, podría interpretarse como una vulneración directa a ese deber.
De igual forma, la actuación de los congresistas pone en entredicho el respeto al principio de legalidad y a la jerarquía normativa. El Poder Legislativo no puede erigirse por encima del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son definitivas, vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos los poderes públicos.
Al aprobar una ley que contradice lo dispuesto en la sentencia TC/0788/24, el Congreso incurre en una práctica peligrosa que debilita la seguridad jurídica y abre la puerta a la arbitrariedad legislativa.
Es importante recordar que la Constitución dominicana consagra el principio de supremacía constitucional, según el cual todas las normas y actos del poder público deben ajustarse a la Carta Magna y a las interpretaciones que de ella realice el Tribunal Constitucional. Ignorar una sentencia de este órgano no es un simple desacuerdo político o jurídico, sino una transgresión al orden institucional que sostiene la democracia.
Erosión
Además, este tipo de actuaciones erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los órganos encargados de hacer y ejecutar las leyes actúan en aparente desacato a la Constitución, se envía un mensaje negativo a la sociedad: que las reglas pueden ser ignoradas por quienes detentan el poder. Esto debilita la legitimidad del sistema democrático y fomenta un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica.
Desde una perspectiva constitucional, el desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional podría incluso generar responsabilidades políticas y jurídicas. La Constitución no es un instrumento simbólico, sino una norma jurídica vinculante que obliga por igual a gobernantes y gobernados. Permitir su desconocimiento sienta un precedente grave que podría ser replicado en futuras decisiones legislativas o ejecutivas.
La aprobación y promulgación de la nueva ley de régimen electoral, en contradicción con la sentencia TC/0788/24, constituye un episodio preocupante en la vida institucional dominicana. Tanto el presidente Luis Abinader como los congresistas tienen la responsabilidad de actuar dentro de los límites que impone la Constitución. El respeto irrestricto a las decisiones del Tribunal Constitucional no es opcional, sino una condición indispensable para la preservación del Estado de derecho y la estabilidad democrática en la República Dominicana.
Queda demostrado que para ni Luis Abinader y los Congresistas, la Constitución y el Orden Constitucional son simples excusas para hacer con la República Dominicana lo que a ellos solo los beneficie.
jpm-am
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