Un informe que cambia el foco de la crisis. La crisis migratoria de Ceuta ha adquirido una nueva dimensión después de conocerse el contenido de un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y entregado a la Audiencia Nacional en el marco de las diligencias abiertas para determinar qué ocurrió durante la entrada masiva de finales de julio.
Según el documento, al que han tenido acceso medios españoles, la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio no habría sido un movimiento migratorio espontáneo, sino un proceso planificado con el objetivo de “colapsar el sistema” de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta de España.
El informe atribuye esa planificación y ejecución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y sostiene que la dimensión migratoria habría servido como cobertura para una operación de naturaleza distinta. Según sus conclusiones, agentes marroquíes, tanto uniformados como vestidos de paisano, habrían guiado a los grupos que se dirigían hacia territorio español.
La información está siendo examinada por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si los hechos pueden tener alguna relevancia penal y, en particular, si existen indicios de un eventual delito contra la integridad territorial del Estado.
Las conclusiones del documento no constituyen todavía una determinación judicial de responsabilidades.
La nueva información eleva la presión de la oposición que, incluso, pide la renuncia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Leer tambiénSánchez niega implicación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y apunta a Rusia e Israel
Una alerta previa que vuelve a abrir el debate
Uno de los elementos más sensibles del informe es la referencia a una alerta emitida por el propio CENIF el 29 de julio, un día antes de que comenzara la entrada masiva.
La nota informativa advertía de un riesgo “extremo” de accesos ilegales a Ceuta y Melilla, tanto mediante entradas a nado como mediante el salto de las vallas fronterizas, y señalaba que estos movimientos podrían producirse de manera coordinada. El escenario estaba previsto para el 30 de julio.
La existencia de esta alerta vuelve a poner bajo escrutinio la preparación de las autoridades españolas ante una crisis que terminó desbordando los dispositivos fronterizos.
La cuestión también ha generado contradicciones entre miembros del Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, había afirmado en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia había advertido del riesgo un día antes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sostenido, en cambio, que no existían informes que anticiparan una entrada masiva.
Ahora, el propio Marlaska ha exigido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y le ha pedido que determine desde cuándo disponía el cuerpo de esa información y, en caso de que las informaciones publicadas sean ciertas, por qué no fue comunicada al ministro ni a los órganos correspondientes de seguridad nacional.
La dirección de la Policía niega que exista una atribución a Marruecos
La reacción de la cúpula policial ha introducido un elemento de cautela en torno al contenido del informe.
Pardo comunicó a Marlaska que, después de reunirse con los responsables de las unidades de Información y Extranjería y Fronteras, no existe un informe policial que responsabilice a las fuerzas de seguridad marroquíes de la “planificación o ejecución” de la entrada de unas 80.000 personas en Ceuta durante los dos últimos días de julio.
El director general explicó además que la jueza había ordenado a los investigadores que elaboraron el documento que no informaran a sus superiores sobre su contenido. Según Pardo, solo después de que la magistrada autorizara a los investigadores a comunicar la existencia del informe pudo conocer sus conclusiones.
La discrepancia es ahora uno de los puntos centrales de la crisis: mientras el documento elaborado por el CENIF apunta directamente a una participación activa de fuerzas marroquíes, la dirección de la Policía rechaza que pueda hablarse de un informe policial que atribuya formalmente a Marruecos la planificación y ejecución de la operación.
El Gobierno ha optado por la prudencia mientras intenta conocer el contenido completo del documento.
“Es el momento de la cautela”, afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al defender que primero debe conocerse el informe antes de extraer conclusiones.
Varias oleadas para desbordar la frontera
El análisis del CENIF sostiene que la operación se desarrolló en distintas fases y con perfiles diferenciados.
La primera oleada comenzó antes de las 11:00 del 30 de julio y estuvo protagonizada principalmente por hombres jóvenes, de entre 15 y 25 años, muchos de ellos equipados con neoprenos, aletas y flotadores para atravesar el mar.
Posteriormente, entre aproximadamente las 11:00 y las 22:00, el perfil cambió. A las playas llegaron familias completas, mujeres y niños, junto a personas procedentes del África subsahariana.
Según la interpretación recogida en el informe, la combinación de perfiles habría tenido una finalidad táctica: una vez saturados los dispositivos fronterizos, la llegada de personas vulnerables dificultaba la posibilidad de impedir su entrada y obligaba a las autoridades españolas a activar mecanismos de atención y protección.
A partir de las 22:00 y durante el día siguiente habría regresado el predominio del primer perfil, con jóvenes que intentaban acceder al territorio español.
El informe incluye, según las informaciones difundidas por medios españoles, numerosas imágenes de los momentos previos y del desarrollo de la entrada masiva.
Leer tambiénCrisis migratoria en Ceuta: ¿qué está pasando y por qué el Gobierno español moviliza al Ejército?
Más de 10.000 personas siguen atrapadas en Ceuta
Cinco semanas después de aquellos acontecimientos, las consecuencias siguen siendo visibles en la ciudad autónoma.
Las autoridades locales estiman que más de 10.000 migrantes continúan en Ceuta, incluidos menores no acompañados, muchos de ellos en campamentos improvisados o dispersos por calles y playas.
La crisis ha provocado protestas prácticamente diarias de sectores de la población local, que reclaman una respuesta más rápida del Gobierno central, el traslado de migrantes a otras partes de España y el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio español.
Las autoridades han ampliado la capacidad de alojamiento temporal desde unas 500 plazas hasta más de 3.400 y han desplegado más de 1.600 agentes de policía. Organizaciones locales consideran, sin embargo, que las medidas siguen siendo insuficientes.
«La respuesta ha carecido de agilidad: eso está claro», afirmó Juan Miguel Morales, director de la organización benéfica Sur Acoge.
La presión también ha generado episodios de violencia. En los últimos días se han registrado ataques contra un campamento improvisado en la playa de El Trampolín y enfrentamientos en los que ciudadanos marroquíes fueron detenidos tras lanzar piedras y botellas contra patrullas del Ejército.
El deterioro de la situación ha trasladado la crisis a la política nacional e incluso de Europa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dominada por el opositor Partido Popular, convocó manifestaciones en distintas ciudades españolas para expresar solidaridad con Ceuta y reclamar una mayor respuesta del Gobierno.
El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha acusado a la oposición de utilizar políticamente una emergencia migratoria.
“Esto no se trata de defender a Ceuta y a sus habitantes, sino de atacar al Gobierno”, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Al mismo tiempo, organizaciones y sindicatos de izquierda han convocado movilizaciones alternativas para denunciar los episodios de racismo e islamofobia registrados desde la llegada masiva de migrantes.
En Ceuta, incluso quienes reclaman una respuesta más contundente han intentado marcar distancias con la extrema derecha. Francisco García Segado, presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, ha defendido que las movilizaciones sean pacíficas y ha advertido del riesgo de que grupos desplazados desde la península provoquen incidentes.
Una iniciativa ciudadana denominada «Por Ceuta», que reclama simultáneamente el respeto de los derechos de residentes y migrantes, retornos ordenados y un refuerzo de la seguridad, ha reunido cerca de 65.000 firmas y asegura no tener vinculación partidista.
Leer también"Siempre tienes miedo": 16 migrantes, entre ellas niñas, denuncian agresiones sexuales en Ceuta
Marruecos, Rusia y la batalla por la narrativa
El contenido del informe policial llega además en un momento de creciente disputa sobre quién estuvo detrás de la crisis.
La hipótesis de una intervención marroquí contradice las declaraciones recientes del Gobierno español, que ha rechazado que existan indicios de una participación de Marruecos en la organización de la entrada masiva.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado, en cambio, a Rusia, Israel y a una denominada "internacional ultra" por la difusión de campañas de desinformación destinadas, según el Ejecutivo, a polarizar a la sociedad española y debilitar la cohesión europea.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha insistido en el papel de redes rusas en la amplificación de la crisis en las plataformas digitales. Moscú ha reclamado pruebas sobre esa supuesta implicación y ha rechazado las acusaciones. Israel, por su parte, también ha negado cualquier participación.
La publicación del informe del CENIF puede obligar ahora al Gobierno a responder a una pregunta distinta: no solo quién amplificó la crisis en internet, sino qué ocurrió exactamente sobre el terreno en la frontera y qué información tenía España antes de que comenzara la entrada masiva.
Es una crisis con implicaciones más allá de la migración. Ceuta ocupa una posición singular: es territorio español y, por tanto, frontera exterior de la Unión Europea, pero se encuentra en el norte de África y comparte frontera terrestre con Marruecos.
Por ello, cualquier crisis en el enclave tiene simultáneamente una dimensión migratoria, de seguridad, diplomática y territorial.
El informe del CENIF añade una quinta dimensión: la posibilidad de que la utilización de flujos migratorios haya formado parte de una estrategia deliberada para poner a prueba o desbordar los mecanismos de control de una frontera europea.
El documento incluso vincula, según las informaciones publicadas, la operación con la disputa territorial que mantiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla, aunque esta hipótesis tendrá que ser acreditada por la investigación judicial.
Por ahora, las autoridades españolas se enfrentan a una doble tarea: gestionar a miles de personas que permanecen en un territorio de capacidad limitada y esclarecer por qué una entrada masiva de semejante magnitud pudo producirse pese a las alertas previas.
La respuesta a ambas cuestiones determinará no solo el futuro inmediato de Ceuta, sino también la relación de España con Marruecos y la política europea de protección de una de sus fronteras más sensibles.
Con EFE y medios locales
