Llano afirma que en esta región del país la población está “atomizada”, es decir, pocas personas con alta dispersión geográfica, lo que dificulta el monitoreo y atención de cualquier impacto que pueda producir el fracking en sus vidas.
“¿Cómo le haría la autoridad, que no monitorea ni los pozos que tiene regados en una densidad altísima en torno a Papantla, Poza Rica [en el estado petrolero de Veracruz], una zona súper intervenida por los hidrocarburos y donde están completamente fuera de cualquier regulación?”, cuestiona el investigador.
Para Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, este tipo de conflictos potenciales revela las desigualdades y presiones que se viven en los territorios donde se busca extraer hidrocarburos no convencionales, por lo que considera que deben evaluarse no solo impactos ambientales, sino también sociales y culturales.
“El fracking no llega a territorios vacíos ni homogéneos. En Burgos, la dispersión de las comunidades rurales dificulta la información, la organización y la vigilancia, por eso las afectaciones quedan fragmentadas e incluso invisibilizadas. Se demuestra que el fracking agrava problemas preexistentes y produce nuevas formas de despojo y conflictividad”, señala la experta a Mongabay Latam.
México tiene reservas enormes de gas shale pero importa casi todo el que consume. La fracturación hidráulica podría cambiar eso, aunque a un costo que el país quizás no puede permitirse.
Esto suele reflejarse, explica Azamar, en la privatización de espacios comunes necesarios para la vida y para actividades productivas que van fragmentando el paisaje. “Se cierran pozos, se impide el paso a lagos o se contaminan los ríos y eso afecta el consumo doméstico, la agricultura, la ganadería y la vida misma de las familias. Son afectaciones que pueden parecer aisladas, pero que juntas modifican la vida de estos lugares”, agrega.
Al respecto, Grosso señala que la llegada de fracking a zonas que no estaban habituadas a este tipo de actividades cambia drásticamente el territorio, lo que impacta en la vida diaria de las poblaciones, como en el caso de Sauzal Bonito, Argentina, que desde 2018 comenzó a registrar actividad sísmica frecuente por la extracción de hidrocarburos. De acuerdo con el Observatorio de Sismicidad Inducida, hasta mayo de 2026 se registraron 508 sismos en torno al proyecto de Vaca Muerta.
“El paisaje del fracking en una zona en la que no ha habido actividad hidrocarburífera es muy acelerado, cambia drásticamente en poco tiempo. En los alrededores de Añelo, que es el centro del fracking en Vaca Muerta, en los 15 años en los que ha desembarcado el proyecto ha cambiado absolutamente”, cuenta el especialista.
La transformación, especialmente en ambientes semiáridos, implica el levantamiento de polvo que provoca deficiencia en la fotosíntesis de la vegetación cercana a las rutas de los pozos y de la cual se alimentan otras especies.
“La fauna natural se ha ido alejando de esos espacios por el propio movimiento, el ruido. Animales que antes se veían en estas zonas, como el guanaco, los armadillos, liebres, siempre han estado presentes. Hoy ya se ven muy pocos animales”, señala Grosso.
Conflictos potenciales (y actuales) en territorios indígenas
La investigación de CartoCrítica expone un tercer foco rojo en la explotación del fracking ubicado en la región Tampico-Misantla, que abarca zonas de los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Además del riesgo crítico por el agua, el estudio apunta a conflictos territoriales, ya que atravesaría 2081 ejidos y bienes comunales y los territorios de 871 066 hablantes de lenguas indígenas, entre ellas teenek, nahua, otomí, tepehua y totonaco.
En la zona de potenciales impactos viven más de 4.4 millones de personas, distribuidas entre 132 localidades urbanas y más de 13 500 localidades rurales. “Tampico-Misantla plantea un balance difícil de sostener: recursos prospectivos y de horizonte limitado frente a una intervención hídrica, territorial y social de gran escala”, advierte el documento.
