Un traslado marcado por la presión y el desorden. Cientos de migrantes fueron trasladados este viernes desde las playas del Trampolín y Benítez hasta el nuevo espacio de acogida temporal habilitado en el puerto de Ceuta, en un operativo que se prolongó durante unas cinco horas y estuvo marcado en sus primeras horas por momentos de tensión.
La Policía Nacional y la Guardia Civil de España organizaron el desplazamiento de los migrantes en grupos reducidos para evitar avalanchas y facilitar su identificación, pero la elevada concentración de personas y el limitado número de plazas provocaron situaciones de aglomeración.
El dispositivo comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local, con el despliegue de unos 170 agentes de la Policía Nacional, principalmente de la Unidad de Intervención Policial (UIP), apoyados por drones y otras unidades, además de 70 efectivos de la Guardia Civil.
En las inmediaciones de Benítez se produjeron momentos de tensión cuando algunos grupos intentaron avanzar rápidamente hacia el paseo marítimo y adelantarse al resto. Las fuerzas de seguridad utilizaron medios disuasorios y, según informaciones difundidas durante el operativo, llegaron a efectuarse dos disparos al aire para recuperar el control de la situación.
El Gobierno, sin embargo, calificó posteriormente la operación de "normal" y aseguró que no se registraron "incidencias destacables". El ministro de Política Territorial y responsable de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, afirmó que el traslado de unas 1.700 personas se había realizado "con éxito y sin incidentes relevantes".
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Un campamento completo en pocas horas
Los primeros grupos comenzaron a llegar al muelle de Poniente alrededor de las 9:00, hora local. El acceso se realizó de manera escalonada: los migrantes eran identificados, recibían una pulsera y pasaban un control de seguridad antes de acceder a las carpas.
El dispositivo dispone de dos parcelas con una capacidad conjunta de unas 1.700 plazas: 1.080 en una de ellas y 620 en la segunda. Alrededor de las 12:20, el recinto alcanzó su aforo máximo y se instaló el cartel de "completo".
El problema es que en las playas se calculaba que permanecían más de 3.000 personas. Muchos de quienes habían esperado durante horas para acceder al recinto tuvieron que regresar a los asentamientos después de que la Policía les comunicara que ya no quedaban plazas.
El Gobierno calcula ahora que entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan en Ceuta. Según las cifras oficiales, unas 6.000 plazas ya están ocupadas en distintos recursos de acogida, mientras que entre 3.000 y 4.000 personas permanecerían todavía en las calles.
Más de un mes en asentamientos improvisados
Las playas del Trampolín y Benítez se convirtieron en asentamientos improvisados después de la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, según las cifras del Gobierno español.
Ante el colapso del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), miles de personas se instalaron en estos espacios, levantando estructuras precarias con cañas, plásticos y lonas. Las condiciones de vida han sido descritas como insalubres y algunos migrantes han permanecido allí durante aproximadamente un mes y medio.
Los asentamientos también se transformaron en pequeños núcleos informales de actividad, con puestos de venta de alimentos, ropa y otros productos. En agosto ya se habían producido operaciones policiales para desalojarlos, pero parte de los migrantes regresó posteriormente a las playas.
La permanencia de miles de personas en distintos puntos de Ceuta ha alterado la vida cotidiana de una ciudad de unos 84.000 habitantes y ha generado protestas vecinales. En las últimas semanas también se han registrado enfrentamientos entre migrantes, incidentes con las fuerzas de seguridad y episodios de tensión durante manifestaciones contra la gestión de la crisis.
Disputa por el uso del puerto
La instalación del campamento en el puerto ha generado además un enfrentamiento institucional y sindical. El Ministerio de Transportes asumió el pasado 5 de septiembre el control de unos 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario para instalar los dispositivos de acogida, después de la negativa de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
El puerto es una infraestructura especializada en el avituallamiento y repostaje de barcos. En las proximidades de las carpas se encuentran instalaciones de almacenamiento de combustible y otras infraestructuras consideradas estratégicas.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, aseguró este viernes 18 de septiembre que se enteró por los medios de comunicación de que el traslado se realizaría ese día y reclamó una mayor coordinación con el Gobierno. Aunque afirmó que la institución no se opone a proporcionar alojamiento a los migrantes, cuestionó la elección de las parcelas por su proximidad a infraestructuras críticas.
La decisión también ha sido cuestionada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitó judicialmente la suspensión de la instalación. La Audiencia Nacional rechazó el jueves 17 de septiembre la medida cautelar solicitada por el sindicato, por lo que el dispositivo pudo comenzar a funcionar.
El SUP sostiene que el emplazamiento plantea riesgos de seguridad y ha denunciado que los agentes afrontan el operativo con medios que considera insuficientes. El Gobierno, por su parte, sostiene que el despliegue policial fue suficiente y que el dispositivo se desarrolló sin incidentes de gravedad.
El reto frente a los menores
La gestión de los menores constituye uno de los principales desafíos de la crisis. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Victor Ángel Torres, situó esta semana en más de 2.000 los menores atendidos en recursos de la ciudad autónoma, mientras que 2.140 ya habían sido identificados. El Gobierno calcula que entre 700 y 1.000 menores permanecen todavía en las calles.
Las autoridades deben determinar individualmente qué menores pueden ser reagrupados con sus familias en Marruecos y cuáles deben permanecer bajo protección en España. En los casos en los que la reunificación familiar no sea posible, las alternativas contempladas son su permanencia bajo tutela de Ceuta o su traslado a otros puntos del territorio español.
La situación jurídica de los menores es diferente a la de los adultos. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha explicado que los menores están sujetos a un régimen de protección especial y que no pueden ser sometidos al mismo procedimiento de devolución que los adultos.
Mientras tanto, el Gobierno asegura que continuará trasladando a las personas que permanecen en las calles a espacios de acogida y avanzando en la tramitación de sus expedientes administrativos. Para los adultos, las autoridades habían contabilizado 1.917 expedientes de triaje destinados a determinar su situación y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos de retorno.
Entretanto, el Ejecutivo sostiene que el traslado de este viernes supone un paso dentro de un operativo de mayor escala. Fuentes gubernamentales señalan que ya se trabaja en nuevas ubicaciones y apuntan a una previsión de hasta 10.000 plazas de acogida durante las próximas semanas.
El objetivo declarado es sacar progresivamente de las calles a las personas que llegaron durante la crisis de finales de julio, identificar su situación administrativa y avanzar en los procedimientos correspondientes.
Pero el primer dispositivo instalado en el puerto ha mostrado de inmediato la magnitud del desafío: sus 1.700 plazas quedaron ocupadas en apenas unas horas, mientras miles de personas siguen sin alojamiento estable en una ciudad que continúa tratando de recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes.
Con medios locales
