En la memoria colectiva han quedado grabadas las imágenes del proceso de destitución de Dilma Rousseff, que empezó el 17 de abril de 2016 con la aprobación en la Cámara de Diputados por 367 votos contra 137. Hubo diputados que justificaron su voto “por Dios”, “por la familia” o por sus iglesias. Hubo gritos, una profusión de banderas verdes y amarillas y hasta un congresista que disparó un cohete de confeti. También se pudo escuchar una sucesión de discursos que poco tenían que ver con las acusaciones contra la entonces mandataria.
Entre ellos, destaca el de un diputado en aquel entonces prácticamente desconocido fuera de los círculos de la extrema derecha, que dedicó su voto “contra el comunismo” y “por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”. Era el ultraderechista Jair Bolsonaro y no estaba citando a un militar cualquiera: Ustra fue el jefe del centro de represión de la dictadura militar y participó personalmente en las sesiones de torturas infligidas a Dilma Rousseff cuando era una joven militante de izquierda.
La Justicia brasileña le reconoció como torturador. Aquel mismo día, un legislador de izquierda, Jean Wyllys, escupió en la cara del que sería luego el presidente Bolsonaro, después de recibir insultos y ataques homófobos. La votación, retransmitida en directo a todo el país, se convirtió en un espectáculo bochornoso, que reflejaba un Brasil profundamente dividido.
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¿El 'impeachment' de Rousseff llevó a la elección de Bolsonaro?
Aquellas escenas no solo revelaron al país más grande de América Latina la verdadera naturaleza del Congreso, sino que, además, condensaron una parte importante de lo que estaba por comenzar.
Para João Feres Júnior, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el cese de la mandataria de izquierda fue una etapa decisiva de un proceso más amplio de deslegitimación de la política brasileña.
“El 'impeachment' de Rousseff fue fruto de una escalada que llevó a la elección de Bolsonaro, pero detrás hubo una causa común: la desvalorización de la representación política y el ataque a su legitimidad, particularmente como producto de la explotación de escándalos de corrupción por parte de la prensa y también de fuerzas políticas. Hubo un proceso que comenzó con el escándalo del Mensalão y llegó a la Lava Jato, en el que las instituciones políticas fueron fuertemente atacadas, especialmente la representación”, afirma Feres en entrevista con France 24.
Elegida en 2010 con el 56% de los votos y reelegida en 2014 con un apretado 51,64% frente al candidato socialdemócrata Aécio Neves, Dilma Rousseff llegó a su segundo mandato en medio de una profunda crisis económica, política y moral, marcada por el avance de la operación anticorrupción Lava Jato y por un deterioro acelerado de su relación con el Congreso.
En las calles, manifestaciones masivas pedían su salida del poder. En ellas convivían el rechazo a la corrupción, el descontento económico y un creciente “antipetismo”, es decir, la repulsa del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva en 1980.
Feres recuerda que la confianza en la Presidencia, que era una de las instituciones mejor valoradas por los brasileños – Lula rozó el 80% de aprobación al final de su segundo mandato -, se desplomó durante esos años. Las fuerzas políticas y económicas que buscaban apartar al PT del poder, sostiene, lograron su objetivo, pero no anticiparon las consecuencias.
“Las fuerzas políticas que urdieron todo aquello, creo que no previeron el surgimiento de la extrema derecha. Fue una sorpresa para ellos. Es decir, parieron un monstruo que no querían y que no imaginaban”, señala este politólogo.
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Un 'impeachment' que la izquierda bautizó de golpe
El argumento jurídico para instruir el proceso de destitución de Rousseff se centró en las llamadas “pedaladas fiscales”, unas maniobras contables mediante las cuales el Gobierno retrasó pagos a bancos públicos. Para los detractores de la líder de izquierda, se trató de un crimen de responsabilidad, requisito constitucional para destituir a un presidente.
Sin embargo, para una parte de la sociedad y de la izquierda brasileña, aquellas mismas prácticas habían sido utilizadas por gobiernos anteriores y continuaron existiendo después. Desde esa perspectiva, se utilizó una interpretación conveniente de la ley para retirar del poder a una presidenta reelegida apenas dos años antes.
Márcia Ribeiro Dias, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, reconoce que el procedimiento respetó formalmente las etapas previstas en la Constitución. Pero, en su opinión, se trató de un “golpe”.
“Cuando Dilma fue elegida en 2014, había un programa de gobierno, una orientación aprobada a través de las urnas. Cuando se produce el 'impeachment' de Dilma y la toma de posesión de Michel Temer [su número dos], este subvierte el plan de Gobierno aprobado en las urnas e implementa en su lugar un puente hacia el futuro. Peor aún, no solo aparta a la presidenta de la República —quien, en teoría, habría cometido el delito—, sino a todos los cuadros del Partido de los Trabajadores, que ocupaban cargos gubernamentales”, explica.
Para esta politóloga, el cambio fue aún más profundo porque Temer puso en marcha reformas y políticas que, según su análisis, respondían en buena medida al programa de quienes habían perdido las elecciones de 2014.
“Es ahí donde veo el golpe: fue contra la voluntad popular aprobada en las urnas. Cuando sustituyes el contenido programático de una agenda gubernamental por el del adversario, estás haciendo un golpe contra esa voluntad. Se retiró el contenido del PT y se colocó en su lugar una agenda privatizadora y de reducción del Estado”, sostiene Ribeiro Dias. Entre las medidas más polémicas destaca la reforma laboral, que flexibilizó las relaciones entre empleadores y empleados, contribuyendo a aumentar la precariedad laboral.
La acusación de golpe sigue dividiendo a Brasil una década después. Para los defensores del 'impeachment', el Congreso actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y siguió el procedimiento previsto. Para sus críticos, la legalidad formal no elimina el carácter político de un proceso utilizado para revertir el resultado electoral.
Señalamientos de sesgo machista
La cuestión de género es otro elemento significativo en esa disputa sobre la memoria. Rousseff fue la primera y, hasta ahora, única mujer en llegar a la Presidencia de Brasil. Durante el proceso de destitución, fue blanco de insultos y ataques sexistas, tal y como destacó 'The New York Times'. La violencia que rodeó a Dilma fue constitutiva del proceso.
Según la Fundación Perseu Abramo, ligada al PT, Rousseff “gobernó bajo una campaña continua de deslegitimación, marcada por ataques misóginos, insultos públicos y un intento sistemático de reducir la autoridad política a una caricatura de género”.
Sus adversarios también destacaron su supuesta incapacidad para negociar y su temperamento “difícil”.
“Un hombre puede ser incompetente, grosero o agresivo verbalmente y no recibe el mismo tratamiento. Una mujer en esa situación es llamada loca, descontrolada o incapaz de negociar. Eso fue utilizado contra Dilma. Había misoginia y también etarismo. Ella podía tener una postura decidida y convicciones firmes, pero esas características fueron interpretadas de una manera mucho más pesada por ser mujer”, afirma la politóloga Ribeiro Dias.
La votación de la Cámara reflejó esa mezcla de conservadurismo religioso, ataques personales y exhibición pública. Jean Wyllys recuerda incluso que el entonces presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, considerado el arquitecto del 'impeachment', modificó la disposición habitual del pleno para convertir el voto en una especie de pasarela. Para Wyllys, se trató de un episodio “grotesco” y de un “ritual de humillación” contra Rousseff.
“Un hombre puede ser incompetente, grosero o agresivo verbalmente y no recibe el mismo tratamiento. Una mujer en esa situación es llamada loca, descontrolada o incapaz de negociar. Eso fue utilizado contra Dilma. Había misoginia y también etarismo"
Una encuesta de la Confederación Nacional de Municipios reveló en 2024 que más del 60% de las alcaldesas y vicealcaldesas han sufrido algún tipo de violencia política de género. En otras palabras, el método utilizado contra Dilma no quedó en el pasado: se ha propagado.
Hoy Dilma Rousseff vive en China, lejos de los reflectores de la política, donde dirige el Banco de los BRICS, cargo que asumió en 2023 y para el que fue ratificada en 2025. La presidenta destituida se recuperó en el escenario internacional, mientras que los artífices del 'impeachment', como Cunha, cayeron en desgracia.
Por ahora, al frente de una de las principales instituciones financieras del sur global, Rousseff impulsa la reorganización de la gobernanza internacional y ostenta un protagonismo que le fue negado en Brasil en 2016.
¿Puede haber otro 'impeachment'?
La historia brasileña reciente ya tuvo un precedente. En 1992, Fernando Collor también pasó por un proceso de 'impeachment' en medio de un gigantesco escándalo de corrupción y de movilizaciones populares. Collor renunció a su cargo antes de la conclusión del proceso, pero el Senado siguió adelante y confirmó su inhabilitación política por ocho años. Dilma Rousseff fue la segunda sometida a un proceso de destitución de la Presidencia de Brasil desde la redemocratización.
Sin embargo, el contexto de 2016 era otro. La destitución de Rousseff no cerró la crisis política, sino que la profundizó. “El país ya estaba dividido, pero todavía no existía la radicalización que vino después. El impeachment generó un enfrentamiento que tensionó las relaciones políticas y sociales, y abrió espacio para el surgimiento del monstruo bolsonarista. De ahí nació también un discurso antipolítico: 'Nadie sirve, los políticos no sirven, necesitamos una solución desde fuera’”, resume Ribeiro Dias.
Dos años después, aquel diputado que había dedicado su voto a un torturador llegaría a la Presidencia de Brasil. Para Feres, el éxito de Jair Bolsonaro en 2018 no puede explicarse simplemente como una conversión masiva del electorado brasileño a la extrema derecha: “Quienes votaron por Bolsonaro querían colocar a un outsider, a alguien de fuera del sistema político, porque el sistema era percibido como corrupto y podrido. Quien eligió a Bolsonaro no lo hizo por una conversión del electorado brasileño al fascismo, sino que fue el resultado de años de desvalorización y deslegitimación de la política y de las instituciones de representación”, afirma.
En 2023, tras la derrota electoral de Bolsonaro y la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la democracia brasileña sobrevivió a otro intento de ruptura institucional, tras un golpe de Estado fallido por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel. A día de hoy, Brasil todavía trabaja para recuperar la normalidad institucional.
Con las heridas de 2016 aún abiertas, una de las preguntas es si podría repetirse un proceso de destitución, en el caso de que Lula consiga un inédito cuarto mandato. Para Ribeiro Dias, el escenario es mucho más difícil, precisamente por la capacidad de negociación del actual presidente y por su peso político e internacional.
“Lula tiene un perfil conciliador que es muy ventajoso para él y una respetabilidad internacional que lo coloca en el foco de cualquier situación que parezca anómala. No creo que su carrera termine en un 'impeachment'. Un gobierno sin Lula podría ser más vulnerable, pero no creo que Brasil viva otro terremoto como aquel”, concluye.
