Alrededor de 200.000 personas fueron devueltas por la fuerza a Haití durante los primeros ocho meses de 2026, en momentos en que el país atraviesa una nueva escalada de la violencia de las pandillas que dejó más de 3.000 muertos solo durante el primer semestre del año.
La cifra de retornos forzosos, dada a conocer este viernes 28 de agosto durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representa al menos 20.000 personas más que durante el mismo período de 2025.
La advertencia llega mientras Haití intenta contener el avance de las bandas armadas y apenas cinco días después de una nueva masacre en Kenscoff, una comuna ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, donde al menos 47 personas fueron asesinadas.
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Indrika Ratwatte, secretaria general adjunta interina para Asuntos Humanitarios de la ONU, presentó las cifras ante el Consejo de Seguridad, convocado de urgencia a petición de Panamá, Estados Unidos y Colombia.
Los retornos se producen, además, en un momento de incertidumbre para los haitianos que viven en Estados Unidos.
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Días antes de la masacre, Haití recibió el primer vuelo de deportación estadounidense desde que la Administración de Donald Trump ganó una batalla judicial que puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 haitianos. Un nuevo vuelo con migrantes procedentes de Estados Unidos y Bahamas llegó el 27 de agosto.
Las deportaciones coinciden con un deterioro de la situación humanitaria y de seguridad dentro del país.
Más de 21.000 personas murieron por la violencia desde comienzos de 2022 y alrededor de 1,47 millones se encuentran desplazadas internamente, cerca del 12% de la población. Durante el primer semestre de 2026, la ONU contabilizó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos.
Kenscoff, la última masacre
El último episodio de violencia tuvo lugar durante la noche del domingo 23 de agosto en Kenscoff, una zona montañosa situada al sureste de Puerto Príncipe y estratégicamente ubicada sobre rutas que conducen hacia la capital.
Al menos 47 personas fueron asesinadas, entre ellas tres niños y dos niñas, mientras que decenas fueron secuestradas y otras resultaron heridas. Viviendas fueron incendiadas y algunas de las víctimas fueron atacadas cuando intentaban escapar dentro de una iglesia.
Más de 2.600 personas tuvieron que abandonar sus hogares tras el ataque, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Kenscoff ya había sido escenario de otras incursiones de grupos armados. Más de 260 personas murieron durante ataques registrados allí a comienzos de 2025, mientras unas 200 viviendas fueron destruidas o incendiadas y alrededor de 3.000 habitantes tuvieron que huir. Desde entonces se registraron más de una decena de nuevos embates en la zona.
La masacre llevó al jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, a reclamar este viernes ante el Consejo de Seguridad que los responsables sean llevados ante la Justicia y que las investigaciones alcancen también a quienes sostienen económicamente a los grupos armados.
"Los perpetradores del ataque en Kenscoff, así como quienes financian y facilitan la violencia de las pandillas, deben rendir cuentas".
Ruiz Massieu llamó a "romper con el ciclo de impunidad" que rodea a la violencia de las bandas y recordó que, durante mucho tiempo, la población haitiana ha vivido bajo el temor de ser asesinada, secuestrada o víctima de violencia sexual.
Las cifras muestran también que la violencia va más allá de los homicidios. Naciones Unidas registró 1.088 víctimas de violencia sexual en lo que va de 2026, mientras que los secuestros para exigir rescates aumentaron un 47% durante el segundo trimestre respecto de los primeros tres meses del año.
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Armas, pandillas y una respuesta internacional insuficiente
El avance de las pandillas también está alimentado por el flujo de armas ilegales hacia Haití. Naciones Unidas estima que la mayoría proviene del sureste de Estados Unidos, aunque muchas ingresan al territorio haitiano a través de la frontera terrestre con República Dominicana.
Ante el Consejo de Seguridad, el representante haitiano Pierre Ericq Pierre condenó la masacre de Kenscoff y aseguró que expone la "nueva capacidad de violencia y terror" de los grupos armados.
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Pierre afirmó que las fuerzas de seguridad haitianas permanecen movilizadas y en alerta máxima para proteger a la población, recuperar los territorios controlados por las pandillas y restablecer la autoridad estatal.
El Gobierno haitiano pidió además una aplicación más estricta del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad para intentar frenar la llegada de armas y municiones al país, así como asistencia internacional para reclutar y entrenar nuevos efectivos.
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Haití solicitó por primera vez asistencia militar extranjera en 2022. Tras años de dificultades para desplegar una misión que fuera capaz de contener a las pandillas, Naciones Unidas autorizó una fuerza más amplia y con un mandato más agresivo, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).
La misión pretende alcanzar los 5.500 efectivos durante el otoño boreal, pero todavía no llegó a esa capacidad. Su mandato deberá ser renovado por el Consejo de Seguridad a finales de septiembre.
En ese sentido, Haití pidió este viernes acelerar su despliegue. Chad, Mongolia y Costa de Marfil ya se comprometieron a apoyar a la fuerza, mientras continúan las conversaciones con Sri Lanka, Bangladesh y Jamaica. Guatemala también había aportado personal bajo la estructura anterior de la misión.
Por su parte, la representante de Estados Unidos, Jennifer Locetta, pidió al Consejo de Seguridad renovar el mandato y exigió mayores contribuciones internacionales para que la fuerza pueda ayudar de manera efectiva a la Policía haitiana a recuperar territorio de manos de las pandillas.
Una crisis que amenaza también las elecciones
La inseguridad es, además, uno de los principales obstáculos para que Haiti lleve adelante sus primeras elecciones en una década.
El Consejo Electoral Provisional fijó para el 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y generales, mientras que una eventual segunda vuelta y los comicios locales están previstos para el 21 de febrero.
Sin embargo, Ruiz Massieu advirtió ante el Consejo de Seguridad que, si no mejoran las condiciones de seguridad, los preparativos continúan "severamente limitados y vulnerables a reveses".
Haití no celebra elecciones desde 2016. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 profundizó una crisis institucional que se agravó a medida que las pandillas expandieron su control territorial.
Para Naciones Unidas, recuperar la seguridad es indispensable, pero no suficiente para sacar al país de la crisis.
Ruiz Massieu sostuvo que las operaciones contra las pandillas deben ir acompañadas de medidas destinadas a restablecer los servicios básicos y recuperar la actividad económica y social en las comunidades afectadas.
"Las expresiones de preocupación son importantes y reflejan claramente nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Pero deben ir acompañadas de una acción sostenida".
"Haití necesita con urgencia que los compromisos existentes se traduzcan en resultados concretos", concluyó.
Con Reuters y EFE
