Colombia autorizó a Estados Unidos realizar operaciones militares conjuntas en territorio colombiano contra el narcotráfico. La noticia fue difundida por Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, durante un acto que confirma la estrecha colaboración que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, planea establecer con la administración de Donald Trump.
“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, precisó Hegseth durante el foro de la Coalición Anticárteles de las Américas (A3C), celebrado en Panamá.
El funcionario también aseguró que Colombia se sumará a la A3C, alianza liderada por Estados Unidos y establecida en marzo pasado con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que operan en la región. Hasta el momento, la coalición está conformada por 18 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Guatemala.
Durante el último año, los niveles de democracia han retrocedido a parámetros similares a los de 1985. Los especialistas sugieren que el retroceso está impulsado por las agresivas políticas de Donald Trump.
La colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia fue dada a conocer en medio de un contexto sensible en el país sudamericano, como resultado de un devastador terremoto ocurrido a principios de esta semana. No obstante, concreta una de las principales promesas de De la Espriella, quien durante su campaña electoral aseguró que Colombia se incorporaría a la A3C como parte de su plan para combatir “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”.
Los opositores al oficialismo, así como diversos defensores de los derechos ciudadanos, acusaron que la intervención de las fuerzas armadas estadounidenses en Colombia es inconstitucional y representa una violación a la soberanía del país.
Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, asegura que “en ninguna parte la Constitución autoriza al presidente a permitir la intervención de tropas extranjeras en nuestro conflicto interno”.
Precisa que el artículo 216 constitucional establece que la fuerza pública colombiana está integrada exclusivamente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Añade que los artículos 173 y 237 contemplan disposiciones relacionadas con el tránsito y estacionamiento de tropas o naves extranjeras en territorio nacional y las competencias de las autoridades correspondientes.
“El Gobierno Nacional no puede saltarse al Congreso ni al Consejo de Estado para habilitar la participación de tropas extranjeras en nuestra conflictividad interna. A no ser que decida actuar como un dictador”, acusa Yepes.
