Una fecha sin ceremonia en La Moneda. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en Chile, el Gobierno no organiza un acto oficial para conmemorar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende e iniciaron los 17 años de dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
El actual mandatario José Antonio Kast ha decidido abandonar Santiago, la capital, y desarrollar actividades oficiales en la región de Los Ríos, en lugar de participar en una ceremonia institucional en el Palacio de La Moneda. El jefe de Estado ha defendido su decisión apelando a que su posición sobre el periodo es conocida y ha señalado que respeta las distintas sensibilidades que existen en torno a la fecha.
El portavoz del Gobierno y ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha insistido en esa idea al afirmar que los chilenos se aproximan al 11 de septiembre con diferentes sentimientos y que el Ejecutivo respeta esas posiciones. La ausencia de una conmemoración oficial rompe con una práctica mantenida por los sucesivos gobiernos democráticos desde 1990, aunque cada administración haya dado a la fecha distintos enfoques y grados de solemnidad.
La oposición reclama una "estatura de Estado"
La decisión ha provocado críticas de la oposición, que considera que el Estado tiene una responsabilidad institucional en el recuerdo de las víctimas de la dictadura. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reclamó a Kast que actúe como jefe de Estado y no como dirigente partidista y recordó que La Moneda, sede de la Presidencia, fue bombardeada durante el golpe.
Desde el Frente Amplio, su presidenta, Gael Yeomans, subrayó que las diferencias políticas no pueden relativizar las violaciones de derechos humanos y sostuvo que el Estado no puede olvidar que agentes estatales participaron en torturas, asesinatos y desapariciones.
Ante la ausencia de una ceremonia gubernamental, la oposición y la Fundación Salvador Allende han convocado un acto en el Cementerio General de Santiago. La iniciativa se suma a los numerosos homenajes y actividades de memoria organizados durante la jornada en distintos puntos del país, que mantienen viva una fecha que continúa siendo una de las más divisivas de la historia contemporánea de Chile.
El debate sobre la conmemoración coincide con una creciente controversia en torno a la política de memoria y justicia transicional del nuevo Gobierno. Entre las principales preocupaciones de organizaciones de derechos humanos figuran un recorte presupuestario cercano al millón de dólares para el programa encargado de apoyar la búsqueda de detenidos desaparecidos, las dudas sobre el futuro del Plan Nacional de Búsqueda y la posible disolución del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), destinado a víctimas de la dictadura y sus familiares.
Paulina Zamorano, exencargada nacional del Plan de Búsqueda, ha denunciado un "silencioso desmantelamiento" de instituciones vinculadas con la justicia transicional, la memoria y la reparación. Junto con la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, ha llevado estas preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que han solicitado un seguimiento reforzado de la situación chilena.
Las organizaciones sostienen que las decisiones presupuestarias pueden comprometer avances acumulados durante décadas en la búsqueda de desaparecidos y en la reparación a las víctimas.
La controversia por los posibles indultos
Otro de los focos de tensión está en la política penitenciaria. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no ha descartado conceder indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad o a agentes policiales sentenciados por apremios ilegítimos cometidos durante las protestas de 2019.
El Gobierno sostiene que las solicitudes serán estudiadas individualmente, pero la posibilidad ha generado preocupación entre abogados y familiares de víctimas de la dictadura.
La liberación en mayo del exagente César Manríquez, condenado por desapariciones forzadas, torturas y una ejecución, ha reforzado esas críticas.
La abogada Magdalena Garcés, litigante en causas por crímenes de lesa humanidad, cuestionó que el Programa de Derechos Humanos no participe en las solicitudes de beneficios penitenciarios y advirtió sobre un posible retroceso en materia de justicia.
Para sus críticos, la combinación de la ausencia de un acto oficial, los recortes a programas de memoria y la discusión sobre beneficios para condenados por violaciones de derechos humanos dibuja un nuevo escenario en Chile, en el que la relación del Estado con el pasado de la dictadura vuelve a ocupar el centro del debate público.
Con EFE y medios locales
