Vivi Vásquez esperaba recibir noticias sobre su solicitud de visa humanitaria. En cambio, esta mexicana que lleva 17 años viviendo en Estados Unidos descubrió, en su buzón, que debía más de 1,8 millones de dólares en multas acumuladas. En el sobre con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), había una casilla marcada: se le acusaba de haberse negado “voluntariamente” a salir del país.
La suma que se le exige a esta madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos asciende precisamente a 1.820.352 dólares, según un documento al que tuvo acceso ‘The New York Times’. Según la Administración estadounidense, debería haber abandonado el territorio desde 2013, tras una orden de expulsión. Por cada día que pasó en Estados Unidos, el Gobierno le exige varios cientos de dólares.
“No podía dormir y me ponía nerviosa cada mañana al salir para el trabajo”, cuenta Vivi Vásquez, quien, sin embargo, contaba con un permiso de trabajo y estaba empleada en una tienda de conveniencia, al tiempo que cuidaba a personas mayores.
Su caso ilustra la nueva estrategia implementada por el Gobierno de Donald Trump como parte de su política de represión migratoria: utilizar la deuda para presionar a las personas en situación irregular a que abandonen Estados Unidos por su propia voluntad. Aproximadamente 1,4 millones de personas podrían verse afectadas. Una estrategia que no se limita al envío de cartas de multa, sino que puede llegar hasta acciones judiciales, embargos de salarios y retenciones sobre los reembolsos de impuestos.
Más de 103.000 multas en un año y medio
Este mecanismo se basa en una disposición de la ley de inmigración estadounidense aprobada en 1996, que ningún otro presidente había utilizado hasta ahora. Durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021, su Administración ya había intentado aplicarla, pero nunca había alcanzado tal magnitud: antes de que el gobierno de Joe Biden la abandonara en 2021, solo había 26 casos de multas en curso.
Su segundo mandato cambió el panorama. Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración de Trump reactivó el mecanismo, con sanciones que podían alcanzar los 998 dólares por día. Dado que el monto tiene un límite máximo de cinco años de multas, muchas personas, como Vivi Vásquez, recibieron una factura idéntica de 1.820.352 dólares.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, citado por ‘The New York Times’, se enviaron más de 103.000 multas entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026, por un monto total que supera los 84.000 millones de dólares. Al 16 de julio, el Gobierno solo habría recaudado 1,2 millones de dólares.
“La Administración de Trump tiene la intención de utilizar todas las facultades que le confiere la ley, incluso en casos en los que estas nunca se han utilizado en el pasado”, destaca Gabriel J. Chin, profesor y especialista en derecho migratorio de la Universidad de California en Davis, a Bloomberg Law.
El Gobierno asume esta estrategia. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que las sanciones permiten combatir las violaciones de la ley de inmigración. El mecanismo también sería menos costoso que los procedimientos tradicionales de expulsión.
Una “campaña para infundir miedo”
En el caso de Vivi Vásquez, la primera carta le daba 15 días para impugnar la sanción. Una semana antes de que venciera el plazo, su abogado presentó una apelación. Luego, mientras esperaba una respuesta, llegó una segunda carta. En ella, el Gobierno amenazaba con transferir su deuda a una empresa privada de cobro, iniciar acciones legales a nivel federal, reportar la deuda a las agencias de calificación crediticia y tomarla en cuenta en sus futuros trámites migratorios.
Su abogado, John Leschak, afirma que su caso no es aislado. “Son personas que tienen casas, autos y empresas a su nombre (…) El Gobierno afirma que todos sus bienes corren el riesgo de ser confiscados”, explica al ‘New York Times’.
En Los Ángeles, el bufete de la abogada Raquel Kuronen representa a unas 70 personas que han recibido multas de este tipo. Según ella, ninguna ha pagado: “No tienen los medios para pagar una suma así”, explica al diario español ‘El País’. Confirma que la Administración de Donald Trump “busca presionar a los inmigrantes por diferentes medios”.
“Crear un entorno en el que la vida sea tan difícil para quienes carecen de estatus legal que terminen por aceptar la autoexpulsión”
Se han iniciado varios procedimientos judiciales para impugnar las multas. Los abogados intentan, entre otras cosas, demostrar que sus clientes no ignoraron deliberadamente una orden de expulsión, que no sabían que las sanciones podían acumularse durante años o que se enfrentaban a circunstancias excepcionales que les impedían regresar a su país. Pero lograr la anulación de una multa parece difícil: ‘The New York Times’, que entrevistó a una docena de abogados, informa que los recursos suelen ser rechazados.
Para Hasan Shafiqullah, abogado de la Legal Aid Society de Nueva York entrevistado por ‘Bloomberg Law’, esta política forma parte de una “campaña de intimidación”. Según él, busca “crear un entorno en el que la vida sea tan difícil para quienes carecen de estatus legal que terminen por aceptar la autoexpulsión”.
Este artículo ha sido adaptado de su versión original en francés
