El Gobierno de Javier Milei solicitó este martes 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas contra el proyecto petrolero Sea Lion -de fondos israelíes y británicos- en las islas Malvinas, un territorio controlado por Reino Unido, pero reclamado por el país suramericano.
Del plano nacional, el Gobierno de Argentina ahora se dirige al internacional para intentar frenar la actividad hidrocarburífera en las islas Malvinas, controladas de vieja data por Reino Unido, pero cuya disputa por la soberanía revivió bajo el mandato de Javier Milei.
En una solicitud al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, el Gobierno de este país pidió medidas para detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' (costa afuera) operado por la israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%),
Este es el primer proyecto petrolero comercial del archipiélago, con el que las compañías pretenden comenzar a extraer crudo en 2028 de la cuenca Malvinas Norte, 200 kilómetros al norte de las islas. Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el Gobierno local de las islas.
Pero la petición no se limita a este proyecto de 2.200 millones de dólares. El Ejecutivo de Javier Milei busca impedir que Reino Unido saque provecho en general de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las islas Malvinas.
"Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte", informó en un comunicado.
El caso ya había llegado a instancias internacionales el pasado 28 de septiembre a través de un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para que tomara medidas para detener el proyecto.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es el órgano para resolver controversias con base en esa convención.
Tras la acción de Argentina, Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, se dirigió al Parlamento británico y afirmó que "la actividad comercial legítima en las Islas Malvinas sigue siendo legal, y el gobierno británico respalda a quienes la realizan".
El esfuerzo también es a nivel local
En septiembre pasado, el mandatario argentino ya había presentado un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que perforan en busca de petróleo frente a las islas, incluyendo estas dos compañías.
La propuesta endurecería las sanciones para las empresas y personas que participen en actividades vinculadas a los recursos naturales en las Malvinas y en el espacio marítimo argentino sin la autorización de las autoridades argentinas.
El nuevo proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Congreso, busca reformar la legislación de 2011 con un marco más estricto.
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Previamente, el Gobierno de Milei había iniciado procesos administrativos y demandas judiciales en tribunales locales contra las empresas que operan en las islas y sus accionistas, además de enviar decenas de cartas a compañías del sector petrolero de todo el mundo para disuadirlas de operar o ser proveedoras de los proyectos en el archipiélago.
Algunas empresas globales de servicios petroleros con importantes negocios en el país suramericano ya han dicho públicamente que no operarán en Malvinas, incluyendo contratistas que iban a ser parte del proyecto Sea Lion.
Con Reuters, AP y EFE
