El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso de los Diputados este miércoles 24 de junio para responder por múltiples casos judiciales por corrupción que afectan al entorno del Partido Socialista (PSOE) y a la familia del mandatario.
La tensión era previsible. Días antes de la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el Tribunal Supremo condenó a más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Transportes de la Administración Sánchez y exsecretario general del PSOE, por una trama de sobornos en contratos públicos de mascarillas aprobados durante la pandemia del Covid-19.
Sánchez garantizó durante su comparecencia que jamás ha conocido y no habría tolerado conductas irregulares en el PSOE y subrayó que su partido no se ha financiado irregularmente.
"No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno y quien quiera proyectarla, le pido que no especule, o insinúe, no susurre, que lo demuestre con pruebas", manifestó el presidente del Gobierno, quien pidió que no haya impunidad para las personas corruptas, "sean quienes sean".
El caso genera gran controversia en el país tanto por la condena para un ex alto cargo del Gobierno como por la exoneración a uno de los mayores implicados. Y es que el Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses, al mismo tiempo que suspendió la entrada en prisión del empresario Víctor de Aldama. Se trata del hombre que sobornó a los entonces funcionarios y cobró la mayor cantidad de las mordidas. El juez Joaquim Bosch tampoco obliga a De Aldama a retornar los más de tres millones de euros que cobró en esa trama de corrupción.
¿La razón? El magistrado indica que se debe a su colaboración con la Justicia y "aportación al descubrimiento de los delitos". Un argumento que abre interrogantes en el plano jurídico y sobre hasta qué punto una persona puede delinquir en España y obtener impunidad si a posteriori denuncia a sus cómplices.
El caso ha servido de combustible para la oposición que desde las pasadas elecciones generales de 2023 exige la dimisión del actual Gobierno. Las bancadas del espectro de la derecha arremetieron contra Sánchez, una vez más, con múltiples pedidos de renuncia y convocatoria anticipada de elecciones. "Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar", afirmó Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular y líder de la oposición, quien en una acalorada intervención sentenció con la vista clavada en Sánchez: "Usted no dimite porque no tiene dignidad".
El líder del PP lanzó una invitación velada a algunos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez para que se adhieran a una hipotética moción de censura en el Congreso, para la cual, de momento, no tiene asegurados los respaldos.
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De Begoña Gómez a José Luis Rodríguez Zapatero
El juicio contra el exministro José Luis Ábalos ha sido el único que, de momento, ha derivado en una condena firme, entre el ramillete de causas que rodean al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se declara víctima de una persecución mediática y judicial desde la derecha.
El último revés para el líder socialista fue un auto judicial del magistrado Juan Carlos Peinado, que envió a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
El caso busca esclarecer si la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid a la que accedió como codirectora Begoña Gómez encarna un caso de tráfico de influencias.
El magistrado Peinado impuso, además, medidas cautelares contra Gómez para retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer quincenalmente en el juzgado al advertir un posible riesgo de fuga.
Para Sánchez, las medidas cautelares contra su pareja "sobrepasan todos los límites de lo razonable", por lo que pidió a la justicia que "juegue limpio" en su alocución ante el parlamento.
Por si fuera poco, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras más respetadas al interior del PSOE, se convirtió a mediados de mayo en el primer exjefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, en el marco de una investigación por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Posteriormente, se sumaron acusaciones por delito fiscal y contrabando, después de que la policía incautara casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, por un valor de 1,3 millones de euros.
Sánchez aseguró este miércoles que sigue confiando en Zapatero por su trayectoria y por la "convicción" con la que ha defendido la "legalidad de su actividad privada".
El mandatario socialista remarcó que en la Administración Zapatero "no hubo un solo escándalo" de corrupción, y que el expresidente no ostenta un cargo público desde hace 15 años.
Zapatero declaró por primera vez ante la Audiencia Nacional el 17 de junio, en una sesión en la que el juez instructor José Luis Calama descartó tomar medidas cautelares contra el socialista, aunque resaltó que sus declaraciones "no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad".
Para Sánchez, el juicio está apenas en un proceso embrionario, por lo que "nadie puede aún sacar conclusiones", según sostuvo en el hemiciclo.
La investigación contra Zapatero gravita sobre un rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra que fue aprobado por el Ejecutivo de Sánchez durante la pandemia. En ese sentido, al presidente del Gobierno le competía aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a la aerolínea. "La respuesta es clara, rotunda y contundente", señaló este miércoles: "No lo hubo".
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El líder del PSOE también defendió la inocencia de su hermano, David Sánchez, quien está pendiente de la sentencia de un juicio por sospechas de irregularidades y trato de favor al recibir la adjudicación de un puesto de trabajo como coordinador de dos conservatorios de música en la Diputación de Badajoz.
El jefe del Ejecutivo español señaló que la plaza en cuestión se convocó en octubre de 2017, cuando él no estaba aún en el poder y tampoco tenía ningún cargo en el Partido Socialista.
Los detalles de los casos judiciales que agobian al PSOE fueron desgranados por los portavoces de la oposición en el atril del Congreso, quienes convergieron en sus reclamos a Sánchez para la convocatoria a elecciones.
Sin embargo, el líder socialista descartó dar un paso al costado. "Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir", señaló en una réplica que duró más de una hora. Y sentenció: "Nos queda un año de legislatura".
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¿Persecución o implicación?
El líder del Ejecutivo español se defendió en el Parlamento, denunciando un patrón de acoso y derribo contra él y su círculo cercano, orquestado desde algunos medios de comunicación —con la difusión de noticias falsas— y grupos privados de ultraderecha como Manos Limpias, Hazte Oír o Iustitia Europa —quienes figuran como denunciantes en los casos contra Begoña Gómez, David Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero—.
"Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño reputacional que juega con los tiempos lentos de la justicia", describió Pedro Sánchez ante el órgano legislativo este miércoles.
Aunque cuestionó las decisiones del magistrado Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez y aplicarle medidas cautelares, el líder socialista aseguró que confía en el sistema judicial, "pese a actuaciones que cuesta mucho comprender".
El presidente del Gobierno recordó que la Fiscalía está en contra del procesamiento de su mujer y que la instrucción del sumario ha sido objeto de quince revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano jurisdiccional superior.
Con EFE y medios locales
