La violencia contra los defensores ambientales sigue siendo una de las principales amenazas para los pueblos indígenas de América Latina. En México, comunidades como la purépecha denuncian la presión del crimen organizado, la expansión de la agroindustria y los riesgos que enfrentan quienes protegen sus territorios y recursos naturales. A propósito del Foro Europeo de Defensores de los Derechos Humanos Ambientales celebrado en Estrasburgo, conversamos con Juan Bobadilla, miembro del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, sobre los desafíos de defender la vida y el medioambiente en México.
Juan Bobadilla pertenece al pueblo indígena purépecha de Michoacán, un pueblo “guerrero”, insiste el activista, que ha tenido un papel relevante en los principales acontecimientos de México. “Un pueblo que ha estado en los procesos históricos más importantes desde la independencia, la revolución, las guerras de Reforma y hasta la actualidad”, resalta.
Se trata también de un pueblo “pionero” en el autogobierno, reconocido por la Constitución, aunque denuncia que el Estado mexicano no está garantizando la financiación de las estructuras locales. “No están pagando”, afirma. “Es una batalla jurídica que hemos llevado a cabo con las comunidades para acceder a estos recursos y que los gobiernos los entreguen, porque no lo hacen de buena fe”.
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Sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el líder indígena sostiene: “Nosotros nunca le creímos”, y respecto a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, asegura que es “parte del mismo poder colonial”. Subraya que su pueblo “no cree en un individuo, creemos en la colectividad”, y que aspiran a “un gobierno comunal, no uno de una persona”, recordando que los pueblos originarios son “previos al Estado mexicano”.
Crimen organizado, agroindustria y el asedio al territorio purépecha
Frente a las denuncias en medios de comunicación sobre una grave ola de violencia en la meseta purépecha atribuidas al Cartel Jalisco Nueva Generación y mercenarios colombianos, el líder ambientalista asegura que “la violencia no responde a un solo grupo” y asegura que existen “muchos grupos del crimen organizado” cuyos enfrentamientos dejan a las comunidades en medio del conflicto.
Una estrategia de destrucción que se repite
Bobadilla recuerda la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz en 1974 como un caso emblemático de “terrorismo de Estado” que “destruyó el tejido comunitario” y que tardó “dos o tres décadas” en recomponerse.
Sostiene que ese mismo patrón se repite en la actualidad y pone como ejemplo la expansión del aguacate o de los frutos rojos, que “contribuye al agotamiento de los recursos hídricos y al secado de lagos”.
“Estamos ante una mercantilización de los bosques”, señala y explica que el proceso sigue una lógica conocida: ruptura del tejido social, tala de montes, reorganización del territorio y reactivación económica de la zona, como ocurrió anteriormente con el cultivo del limón. “Michoacán ha sido el laboratorio de esta estrategia”.
El caso de María Cruz Paz
Durante la entrevista, denuncia también la situación de la defensora María Cruz Paz Zamora, encarcelada por un delito que, según sostiene, no cometió, a partir de la declaración de un testigo protegido por el gobierno y lleva dos años en prisión.
“Hace dos años se pidió al actual gobernador la creación de una base de operaciones mixta entre el Ejército, la Policía y la Guardia Nacional, pero apenas ahora se están empezando a ver avances”, lamenta.
Un programa coordinado por Florencia Valdés, realizado por Yann Bourdelas y David Broackway.
