José Luis Rodríguez Zapatero tendrá tiempo adicional para preparar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso en el que se le investiga por supuesto tráfico de influencias, relacionado con el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra en 2021.
El expresidente del gobierno de España solicitó un aplazamiento, dado que su representación legal recién tuvo acceso al sumario el 25 de mayo, y debido a su extensión, dudaba de poder examinarlo adecuadamente antes del 2 de junio, fecha inicialmente prevista para su comparecencia.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, accedió a reprogramar para el 17 y el 18 de junio la declaración en la causa en la que Rodríguez Zapatero figura como investigado por supuestamente haber utilizado sus contactos políticos para facilitar el rescate de la línea aérea por 53 millones de euros (61 millones de dólares) con fondos públicos del programa de apoyo a la solvencia durante la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto, la instrucción del caso ha sido extendida hasta el 28 de mayo, con lo que probablemente habrá elementos adicionales que se sumen al auto de 85 páginas que ya tiene en su poder Rodríguez Zapatero.
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Es la primera vez que en democracia un expresidente español figura como imputado por la Justicia. En este caso, con cargos por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.
Calama investiga también un posible delito de blanqueo de capitales, rastreando la creación de sociedades en el extranjero para dificultar el rastreo de 1,95 millones de euros que el líder del PSOE y la empresa de sus hijas habrían recibido como retribución por su intermediación.
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrieron también indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra podría haber sido utilizado para legitimar capitales producto de la corrupción en Venezuela, pero la causa respectiva fue cerrada, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Cuando se reabrió el caso, la jueza del tribunal 15 de Madrid, que había iniciado la investigación, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que finalmente terminó llevando adelante la causa contra Rodríguez Zapatero y su entorno.
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La conexión venezolana
La investigación sobre el rescate de Plus Ultra ya ha salido de las fronteras españolas. El juez Calama emitió el 25 de mayo las primeras órdenes internacionales de detención relacionadas con el caso.
Las mismas afectan al accionista mayoritario de la aerolínea, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, su esposa María Aurora López, el neerlandés Simon Leendert Verhoeven y el franco-peruano Luis Felipe Baca Arbulu.
Las órdenes obedecen a los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Reyes es el accionista mayoritario de Plus Ultra y la titularidad real de la empresa pasó en 2017 a manos suyas y de su esposa López.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos había señalado que su oficina de Investigaciones (HSI) asistió a la Policía Nacional española en sus pesquisas, sin avanzar “detalles específicos de la investigación penal”.
En el auto del juez Calama se reflejó luego que la HSI había extraído información de un dispositivo móvil de Reyes.
Según el auto, el empresario venezolano era “presunto cliente” de una supuesta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales gestionada por Verhoeven y Baca.
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Este último ya se encuentra detenido en Aruba y ha mostrado su disposición a colaborar en la investigación y a ser extraditado a España.
El sumario de Calama indica que Reyes y otros gestores de Plus Ultra habrían ideado una supuesta trama para adueñarse de “cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho".
Las investigaciones señalan que grandes sumas de dinero fueron transferidas a empresas relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana y que, después de la aprobación del rescate, el empresario habría dado órdenes de transferir los fondos desde las cuentas de Plus Ultra hacia “cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".
El juez también cree que una de estas sociedades pudo haber tenido participación en la venta de oro de origen desconocido a una empresa en Dubái.
Investigadores de Francia y Suiza que pidieron información a la Fiscalía Anticorrupción española (en una cooperación clave para reactivar la investigación sobre el rescate de Plus Ultra) habían detectado que Verhoeven y Baca dirigían una organización de supuesto blanqueo que invertía en bolsa con fondos ilícitos y luego los devolvía legitimados a sus clientes.
Rodríguez Zapatero ha rechazado las acusaciones de pertenecer a una supuesta trama de tráfico de influencias y aseguró en un video publicado luego de ser imputado que no ha llevado adelante “ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra”.
Con EFE, Reuters y medios locales
