Bolivia atraviesa una de las crisis sociales y políticas más delicadas de los últimos años. Este martes 26 de mayo, el país amaneció con al menos 57 puntos de bloqueo instalados en carreteras estratégicas de cinco de los nueve departamentos, en medio de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones causan desabastecimiento, enfrentamientos violentos y al menos un muerto en medio de las protestas, según reconoció recientemente el Gobierno en referencia a los enfrentamientos del fin de semana, así como cuatro fallecidos previamente por falta de atención médica debido a los bloqueos.
Las movilizaciones, iniciadas a comienzos de mayo y encabezadas principalmente por organizaciones campesinas, sectores afines al expresidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana, se han intensificado pese a los reiterados llamados al diálogo por parte del Gobierno.
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Violentos enfrentamientos en Parotani
La tensión aumentó aún más este martes con nuevos choques entre policías y manifestantes en la localidad de Parotani, en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país.
Un contingente policial intentó despejar la vía bloqueada, pero fue recibido con explosivos lanzados desde los cerros por grupos de manifestantes. Los uniformados respondieron utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.
Los enfrentamientos se produjeron apenas horas después de otro choque registrado la noche del lunes en el mismo sector. Tras esos incidentes, al menos cuatro personas fueron arrestadas.
Parotani se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos del bloqueo indefinido, debido a su ubicación estratégica en una de las principales rutas de conexión entre el occidente y el centro del país.
No obstante, La Paz se mantiene como el epicentro de la crisis. Según el mapa de transitabilidad actualizado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento más afectado continúa siendo La Paz, donde permanecen activos 20 puntos de bloqueo. La región se ha convertido en el centro de las protestas debido a su importancia política y logística, ya que allí se encuentra la sede del Gobierno.
Las medidas de presión mantienen prácticamente cercadas a las ciudades de La Paz y El Alto, generando dificultades crecientes para el abastecimiento de combustible, alimentos y productos de primera necesidad. Comerciantes y transportistas alertan sobre el incremento de precios en varios productos básicos de la canasta familiar, mientras largas filas de vehículos continúan formándose en estaciones de servicio.
A los bloqueos en La Paz se suman otros 14 en Cochabamba, 12 en Potosí, nueve en Oruro y dos en Santa Cruz. En contraste, las carreteras de Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija permanecen transitables.
El presidente Paz afirmó el lunes 25 de mayo que el Ejecutivo resolverá la situación y advirtió que “les caerá” la Constitución a quienes rechacen el diálogo y mantengan las medidas de presión.
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El Gobierno confirma una muerte tras operativo fallido
En medio de la creciente presión social, el Gobierno boliviano reconoció que una persona murió durante los enfrentamientos registrados el fin de semana en el altiplano paceño.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que inicialmente se difundió información incorrecta al señalar que no existían víctimas mortales tras el operativo militar y policial ejecutado el sábado para desbloquear la carretera entre La Paz y Oruro.
“Quien haya asesinado tiene que pagar”
Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte de Víctor Cruz Quispe, quien, según un informe forense difundido por medios locales, falleció por impacto de proyectil de arma de fuego. El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
Gálvez aseguró que los efectivos desplegados no portaban armas de fuego y que únicamente utilizaron agentes químicos de manera disuasiva. No obstante, indicó que la Administración de Paz impulsará una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
“Quien haya asesinado tiene que pagar”, afirmó el portavoz oficial.
La muerte del manifestante provocó reacciones de diversas instituciones nacionales. La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto exigieron una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos ocurridos durante el operativo del sábado.
Las organizaciones también expresaron preocupación por denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos y por la escalada de violencia en distintas regiones del país.
El operativo, denominado por el Gobierno como un “corredor humanitario”, buscaba restablecer el tránsito para permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto. Sin embargo, la intervención terminó suspendida tras fuertes enfrentamientos, quema de oficinas estatales y daños a vehículos que integraban el convoy.
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Cámara Baja debatirá derogación de norma que restringe el accionar de las fuerzas de seguridad
La Cámara de Diputados de Bolivia debatirá este martes 26 de mayo el proyecto de ley impulsado por el Senado que busca eliminar las restricciones parlamentarias vinculadas al estado de excepción y ampliar las facultades de actuación de las fuerzas de seguridad.
La discusión legislativa se desarrollará en un contexto de creciente tensión social, marcado por nuevos choques entre manifestantes y policías en La Paz, además de la confirmación oficial de una persona fallecida tras el operativo realizado el fin de semana para despejar rutas bloqueadas.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz endureció su posición frente a las protestas y aseguró que el Gobierno hará cumplir el orden constitucional. “Bolivia tiene una Constitución y la vamos a hacer respetar”, afirmó el mandatario.
La persistencia de los bloqueos, el desabastecimiento y los episodios de violencia aumentan la preocupación sobre una posible radicalización del conflicto en los próximos días, especialmente en el eje andino del país, donde las protestas mantienen paralizadas varias de las principales conexiones terrestres de Bolivia.
En riesgo una escalada mayor
Con más de 20 días de movilizaciones, el conflicto boliviano muestra señales de profundización. Además del fallecido reconocido por el Gobierno, los bloqueos también han sido relacionados con la muerte de otras cuatro personas, incluido un niño de 12 años, que no pudieron recibir atención médica oportuna debido al cierre de rutas.
Mientras los sectores movilizados mantienen su exigencia de renuncia presidencial, el Ejecutivo insiste en abrir espacios de diálogo y recuperar la transitabilidad en las carreteras.
Como parte de su disposición de diálogo, el presidente Rodrigo Paz anunció el lunes la reducción del 50% de su salario y el de sus ministros, una de las exigencias de los manifestantes al inicio de las protestas.
Sin embargo, los reclamos se intensifican y ahora piden su renuncia. Las protestas iniciaron como un levantamiento sectorial por la disminución del subsidio al combustible, pero se esparcieron en las últimas semanas a múltiples gremios industriales, descontentos con la situación económica y política que atraviesa la nación latinoamericana.
El Gobierno señala que más allá de las peticiones de los manifestantes, detrás del caos se encuentra Morales, en medio de sus intentos fallidos por volver al poder. El exmandatario–que fue inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2025 y sobre quien pesa una orden de captura por rebeldía por no presentarse al juicio en su contra por trata de menores–utiliza constantemente sus redes sociales para expresar su apoyo a las protestas y exigir la renuncia de Paz.
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Con EFE y medios locales
