La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que Myanmar, también conocido como Birmania, cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar lanzada en 2017 en el estado de Rakáin, en el oeste del país. El fallo, adoptado por mayoría, constituye un precedente histórico: es la primera vez que el principal tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de cometer genocidio.
Además de establecer la responsabilidad de Myanmar, los jueces ordenaron al Gobierno birmano adoptar medidas para reparar los daños sufridos por esta comunidad. Entre ellas, facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados, tanto dentro del país como desde el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias que fueron separadas.
La sentencia también contempla la devolución o sustitución de las propiedades individuales y colectivas que fueron destruidas o dañadas, la búsqueda de personas desaparecidas y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
El pronunciamiento llega después de un proceso iniciado en 2019 por Gambia, que llevó el caso ante la CIJ con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. La demanda buscaba determinar si Myanmar había incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
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Una ofensiva militar que provocó el éxodo de más de 700.000 personas
La ofensiva del Ejército birmano de 2017 en el estado de Rakáin provocó la huida de más de 700.000 rohinyás hacia Bangladesh. Las operaciones estuvieron acompañadas de denuncias de asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones masivas.
La persecución de esta minoría musulmana, sin embargo, no comenzó entonces. Durante décadas, los rohinyás fueron sometidos a discriminación y restricciones de derechos, entre ellas la falta de reconocimiento de su ciudadanía por parte de las autoridades de Myanmar.
Durante el procedimiento ante la Corte, Gambia sostuvo que las pruebas reunidas demostraban la existencia de una intención de destruir total o parcialmente a la población rohinyá. La delegación presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad.
Myanmar rechazó las acusaciones. Su representante, Ko Ko Hlaing, defendió que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que calificó de organización terrorista. También cuestionó las investigaciones de Gambia y sostuvo que la pandemia, los desastres naturales y la inestabilidad en Rakáin habían dificultado los intentos de repatriación de los refugiados.
La sentencia de este jueves establece la responsabilidad del Estado por los hechos examinados en el procedimiento. No supone, en cambio, una condena penal contra militares o dirigentes concretos. La eventual responsabilidad individual de quienes participaron en los crímenes se analiza en otros procedimientos, entre ellos los que tramita la Corte Penal Internacional (CPI).
Qué es la Corte Internacional de Justicia y por qué importa el fallo
La CIJ es el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya y su función consiste en resolver controversias jurídicas entre Estados, además de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho internacional. A diferencia de la Corte Penal Internacional, no juzga a personas, sino que determina la responsabilidad de los Estados.
El caso de Myanmar se inscribe en el marco de la Convención contra el Genocidio, adoptada en 1948. Este tratado obliga a los Estados parte a prevenir y sancionar ese crimen. La prohibición del genocidio también forma parte del derecho internacional consuetudinario.
La relevancia de la sentencia excede el caso rohinyá. La Corte tuvo que examinar las obligaciones de Myanmar y determinar si se había cometido genocidio, una cuestión que exige establecer la existencia de una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Esa intención no siempre aparece expresada de manera explícita. Por eso, su demostración puede apoyarse en pruebas indirectas, como los discursos de los responsables, los patrones de violencia o las conductas desplegadas contra la población afectada.
La sentencia podría aportar precisiones sobre la interpretación de la Convención y sobre los elementos que deben considerarse para establecer la existencia de una intención genocida. Se trata de una cuestión de especial interés para otros procedimientos internacionales.
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El antecedente de Gaza y el alcance de las decisiones de la Corte
Uno de los procesos que podría encontrar referencias en este fallo es el iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en la Franja de Gaza. Pretoria presentó la demanda ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023, al considerar que las operaciones militares israelíes y sus consecuencias sobre la población palestina podían constituir una violación de la Convención contra el Genocidio.
En ese procedimiento, la Corte ya ordenó medidas provisionales destinadas a prevenir actos comprendidos en la Convención y proteger a la población palestina. Esas decisiones no equivalen a una sentencia definitiva sobre la existencia de genocidio ni establecen por sí mismas la responsabilidad del Estado israelí. El proceso continúa su curso.
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El caso rohinyá aporta ahora un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de un Estado por genocidio. Aunque cada procedimiento tiene sus propias circunstancias y pruebas, la interpretación que haga la Corte de las obligaciones establecidas en la Convención puede resultar relevante para otros litigios.
La sentencia también vuelve a poner de manifiesto uno de los principales límites del sistema internacional: la CIJ puede dictar decisiones jurídicamente vinculantes, pero no dispone de una fuerza propia para imponer su cumplimiento. Su aplicación depende de los Estados y de los mecanismos políticos y diplomáticos de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad.
Para los rohinyás, el reconocimiento judicial representa un paso en la búsqueda de justicia, pero no resuelve por sí solo las condiciones que impiden su regreso. La reparación de los daños y la posibilidad de reconstruir sus vidas dependerán, en buena medida, de que las medidas ordenadas se traduzcan en acciones concretas.

