A mediados de este mes, el gobierno federal de México firmó un decreto para garantizar espacios digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. La medida incorpora una serie de requisitos de diseño y moderación de contenidos que las plataformas digitales deberán implementar para evitar que los usuarios más jóvenes queden expuestos a publicaciones que promuevan distintas formas de violencia, acoso y conductas autodestructivas.
El mandato tiene carácter obligatorio, pero no contempla sanciones para los servicios que incumplan sus disposiciones. ChildFund México calificó la iniciativa como “un avance relevante” para proteger a los usuarios más jóvenes de las amenazas relacionadas con el entorno digital. Sin embargo, la organización civil sin fines de lucro advirtió que la medida podría resultar insuficiente para abordar la problemática, ya que, a su juicio, “retirar contenidos no garantiza, por sí solo, una protección efectiva”.
El nuevo decreto obligará a las plataformas digitales a reforzar sus sistemas de moderación, prevenir la recomendación de materiales nocivos en redes sociales y colaborar con las autoridades ante posibles amenazas.
De manera específica, el decreto prohíbe a los servicios digitales permitir que los usuarios más jóvenes accedan, se expongan o reciban recomendaciones de contenidos, imágenes o videos que generen o promuevan las siguientes conductas:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso y ciberacoso.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
Las empresas tecnológicas deberán “garantizar desde su diseño la seguridad y protección” de niñas, niños y adolescentes mediante la implementación obligatoria de mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión parental, sistemas de denuncia y funciones de privacidad predeterminadas. También tendrán que identificar y retirar de inmediato las cuentas o publicaciones que promuevan o generen cualquier forma de violencia, además de clasificar por edad los materiales difundidos a través de sus servicios.
La disposición establece, asimismo, que las plataformas deberán colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia. Para cumplir con esta obligación, tendrán que habilitar un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, que permita atender las solicitudes de información de las autoridades, preservar y entregar evidencias que faciliten las investigaciones en curso e implementar un sistema de alerta inmediata para detectar contenidos que atenten contra la vida.
La normativa se alinea con otros marcos regulatorios internacionales relacionados con la protección de menores en internet. Sin embargo, diversos especialistas han señalado que el decreto contiene definiciones ambiguas y presenta algunas omisiones que podrían limitar su eficacia y alcance.
Garantizar espacios digitales seguros exige la participación de todos
ChildFund México sostiene que, para garantizar una protección adecuada de las infancias en el ámbito digital, “es necesario fortalecer la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas, así como garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectan sus derechos”.
Además, la organización considera fundamental que los padres, tutores y demás personas responsables del cuidado de las infancias se involucren de manera activa y constante para alcanzar ese propósito. Esta premisa se sustenta en los resultados de una encuesta realizada por la organización en 2023, que reveló que el 67% de los participantes identificó la desatención de las personas cuidadoras como la principal causa de la violencia digital. La proporción superó al 58% de los encuestados que atribuyó el problema a la falta de regulación de las tecnologías digitales.
Como parte de sus esfuerzos para abordar esta problemática, el equipo de ChildFund México publicó la Guía de acompañamiento para personas cuidadoras en casos de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes. Se trata de un documento elaborado para orientar a quienes están a cargo de menores de edad sobre cómo prevenir, identificar y actuar ante los riesgos y las distintas manifestaciones de violencia en el entorno digital.
