El plan prevé una inversión de 5.000 millones de euros para renovar centros educativos, limitar el número de alumnos por clase y reformar el acceso a la universidad. En paralelo, el Senado examina un proyecto de ley que endurece las sanciones por los destrozos durante las manifestaciones y amplía las herramientas del Estado para actuar contra contenidos violentos en redes sociales.
Las medidas educativas, presentadas el lunes, incluyen la creación de 15.000 plazas adicionales en la enseñanza superior, la actualización de las becas estudiantiles según la inflación y un límite de 28 alumnos en las clases de segundo de bachillerato francés (seconde), inicialmente en los centros más desfavorecidos. El Gobierno también prevé reemplazar progresivamente Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad cuestionada por los estudiantes, con una nueva herramienta prevista para 2028. Sin embargo, los representantes del sector educativo advirtieron que los anuncios no resuelven los problemas de falta de personal y recursos que originaron las movilizaciones.
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Los sindicatos consideran insuficientes las concesiones
Sophie Venetitay, secretaria general del sindicato docente SNES-FSU, afirmó que las propuestas no alcanzan para responder al malestar en los centros educativos. Entre sus demandas figuran ampliar el límite de alumnos por clase y contratar más personal para mejorar las condiciones de aprendizaje.
"Lo que anunció hoy el ministerio es apenas el comienzo de una respuesta", sostuvo Venetitay, quien advirtió que las medidas no bastarán para apaciguar el descontento. Los representantes estudiantiles también consideraron que las concesiones son un primer paso, pero confirmaron que mantendrán las movilizaciones previstas para el sábado y el 5 de noviembre.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, confirmó que se anularán las 836 supresiones de puestos previstas en el presupuesto de 2027 y que se crearán otros 500 puestos docentes en los institutos públicos. El Ejecutivo también abrirá un debate sobre la presión académica, que incluirá una revisión de la evaluación continua del bachillerato y de la organización de las especialidades para aliviar los horarios de los alumnos.
El paquete educativo tendrá un coste estimado de 5.000 millones de euros, según el ministro de Presupuesto, David Amiel, quien señaló que el gasto se compensará con recortes en otras partidas. La capacidad del Gobierno para responder a las reivindicaciones está limitada por el endeudamiento público, que se aproxima al 120% del producto interno bruto, y por las dificultades para cerrar las cuentas del próximo año.
El Senado debate una ley para endurecer las sanciones por los disturbios
Mientras el Ejecutivo intenta contener las protestas mediante concesiones educativas, el Senado francés examina un proyecto de ley conocido como "quien rompe, paga", que busca facilitar la indemnización de las víctimas y reforzar la responsabilidad civil y penal de quienes participen en actos de vandalismo durante las manifestaciones.
La iniciativa, impulsada tras los saqueos y destrozos del 17 de octubre, contempla elevar las penas máximas de prisión de uno a tres años y aumentar las multas de 15.000 a 45.000 euros. También incluye la posibilidad de utilizar drones con fines judiciales, suspender determinadas cuentas en servicios digitales y embargar algunas prestaciones sociales a los responsables de los daños.
El texto amplía además la responsabilidad civil a personas que permanezcan en el lugar de los destrozos pese a una orden de dispersión. La propuesta ha generado críticas tanto por el alcance de las sanciones como por el límite de 10.000 euros previsto para los reembolsos por persona implicada. Sectores de izquierda advierten de posibles consecuencias para la libertad de manifestación, mientras sus defensores sostienen que la norma busca distinguir entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen delitos.
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El Gobierno quiere ampliar el control sobre las redes sociales
En paralelo, el Ejecutivo presentó una enmienda que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren determinados contenidos ilícitos dentro de los plazos establecidos. La propuesta fija una hora para eliminar publicaciones que inciten a atentados, a la insurrección o al uso de armas contra el Estado o una parte de la población, y hasta 24 horas para otros contenidos que promuevan delitos graves, como agresiones, robos o destrucciones que puedan alterar gravemente el orden público.
El Gobierno argumenta que las redes sociales pueden facilitar la coordinación de acciones violentas y la difusión de convocatorias que deriven en saqueos y enfrentamientos. La enmienda también ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial francés que recibe denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.
Sin embargo, la propuesta plantea dudas jurídicas. En 2025, el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de restricciones en circunstancias excepcionales.
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Nuevas movilizaciones en un contexto de tensión política
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que el dispositivo de seguridad será reforzado durante las próximas manifestaciones. La decisión llega después de los disturbios del 17 de octubre, que provocaron saqueos y daños en distintas ciudades y llevaron a las autoridades locales a imponer restricciones a las concentraciones y toques de queda parciales.
La crisis también tiene consecuencias políticas. El aumento del malestar social y la percepción de dificultades para mantener el orden público han favorecido a la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, que encabeza los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.
Con nuevas protestas convocadas para los próximos días, el Gobierno de Emmanuel Macron intenta combinar medidas educativas con un endurecimiento de la respuesta frente a los disturbios. Pero el rechazo de sindicatos y estudiantes muestra que las concesiones anunciadas todavía no han logrado desactivar un movimiento que comenzó en los centros educativos y se extendió a otros sectores afectados por el coste de vida y el deterioro de los servicios públicos.
