Las movilizaciones, impulsadas por el encarecimiento del coste de vida y la preocupación por los servicios públicos, se extendieron más allá de las reivindicaciones estudiantiles y derivaron en episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos.
Desde Marsella, donde visitó el Ayuntamiento parcialmente vandalizado durante los disturbios del 17 de octubre, Macron afirmó que pidió al Ejecutivo responder a las "demandas legítimas" que originaron el movimiento. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto anunciar medidas tras reunirse con representantes de estudiantes de secundaria, que reclaman más recursos para la educación y una reforma del sistema de acceso a la universidad, al que consideran desigual. El Gobierno también prevé mantener conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales sobre el coste de vida.
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Más de 1.400 detenidos en las manifestaciones
Las autoridades francesas desplegaron el sábado a 70.000 policías y miembros de las fuerzas de seguridad para contener las protestas en todo el país. Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, la operación permitió evitar una repetición de la violencia registrada siete días antes, aunque la jornada dejó enfrentamientos y agresiones contra agentes.
Nuñez informó de 1.435 detenidos y 267 policías heridos. También señaló que los controles permitieron incautar armas y objetos que podían utilizarse para atacar, entre ellos cuchillos, tirachinas, bolas de petanca y morteros pirotécnicos. Por su parte, se estima que unos 150 manifestantes resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, según el balance difundido por AFP.
La magnitud de la movilización varía según las fuentes: el Gobierno calculó una participación de 410.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 800.000. Aunque la mayoría de las marchas transcurrió de forma pacífica, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes el próximo sábado.
Macron apunta contra las redes sociales
Durante su visita a Marsella, el presidente francés también cuestionó el papel de las redes sociales en la propagación de la violencia. A su juicio, estas plataformas "dañan la democracia" porque polarizan a la sociedad y pueden servir como herramientas de movilización para cometer actos vandálicos.
Macron sostuvo que las redes facilitaron la coordinación de jóvenes y adultos durante los saqueos del 17 de octubre, cuando fueron atacados comercios, edificios y mobiliario público en distintas ciudades. Aquella jornada dejó numerosos negocios saqueados y daños en edificios institucionales, entre ellos el Ayuntamiento de Marsella.
El Ejecutivo defiende que el despliegue policial del sábado permitió recuperar el control de las calles, aunque los comerciantes advierten que las consecuencias económicas persisten. Alain Di Crescenzo, presidente de la red de cámaras de comercio e industria CCI France, afirmó que muchos establecimientos permanecieron cerrados por precaución y que las ventas llegaron a caer alrededor de un 80%.
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El Gobierno busca contener el malestar sin recurrir al estado de emergencia
Macron descartó por ahora declarar el estado de emergencia, aunque señaló que esa posibilidad no está excluida si la situación empeora. Algunas autoridades locales ya restringieron los recorridos de las manifestaciones para evitar zonas comerciales y decretaron toques de queda parciales, medidas que podrían prolongarse en los próximos días.
La crisis supone un nuevo desafío para el presidente, cuyo mandato termina en abril de 2027, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas que limita el margen para responder al malestar mediante concesiones económicas de gran alcance.
La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, defendió que el Estado mostró su capacidad de respuesta durante las movilizaciones, pero reconoció que las reivindicaciones de los manifestantes deben ser escuchadas. Para el Ejecutivo, el restablecimiento de la calma será una condición necesaria para abrir negociaciones.
Con nuevas protestas previstas para el 31 de octubre, el Gobierno afronta el reto de responder a las demandas sobre el coste de vida, la educación y los servicios públicos, mientras intenta evitar que las movilizaciones vuelvan a derivar en episodios de violencia.
Con información de Reuters, AFP y EFE.
