México prepara una reforma legislativa que pretende responsabilizar de manera secundaria a las empresas de servicios de internet por las posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual que pudieran cometer sus usuarios.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una iniciativa de reforma presentada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Según sus promotores, el proyecto es compatible con los estándares internacionales en la materia y está diseñado para fortalecer el régimen de protección en el entorno digital y “preservar el equilibrio entre titulares de derechos, intermediarios tecnológicos y usuarios”.
La propuesta establece que las compañías detrás de las plataformas digitales serán “responsables de las mismas infracciones cometidas por el usuario” cuando “contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma [y no actúe en consecuencia]”.
La disputa legal de Ulrich Richter contra Google podría transformar las reglas del entorno digital al definir si las tecnológicas deben responder legalmente por la información que alojan en sus servicios.
El esquema de responsabilidad secundaria planteado contempla el mecanismo conocido como “puerto seguro”, que elimina la responsabilidad inmediata de los proveedores ante las infracciones o delitos cometidos por las personas que utilizan sus servicios. Sin embargo, este recurso de protección quedaría inhabilitado si las compañías no cumplen con los requisitos que propone la nueva norma.
De esta manera, las plataformas en línea deberán establecer políticas que las faculten para suspender o terminar la prestación de sus servicios a quienes infrinjan de manera repetida los derechos de autor. Estas medidas deberán publicarse de manera permanente en sus sitios web y tendrán que añadirse a sus términos y condiciones de uso.
La iniciativa, además, exige que los servicios de internet cuenten con sistemas que alerten a los usuarios cuando podrían estar cometiendo posibles violaciones a los derechos de autor. La obligación refuerza el mecanismo de “notificación y retirada” ya previsto en la LFDA, el cual obliga a los proveedores de servicios de internet a remover cualquier contenido almacenado o difundido a través de sus servicios cuando un particular notifique una “supuesta vulneración” a la propiedad intelectual protegida.
Ante el incumplimiento de estas normas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podría imponer multas económicas a las empresas que incumplan estos requisitos, de entre 500 y 40,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, dependiendo del tipo de infracción. Además, habría una sanción adicional de entre 100 y 500 UMA para los reincidentes.
¿Protección a la propiedad intelectual o censura?
Pese a que los defensores de la reforma aseguran que la iniciativa “contribuye a fortalecer la protección de los derechos de autor en entornos digitales y a armonizar la legislación nacional con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente en el marco del T-MEC”, legisladores de la oposición y diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión han calificado el proyecto como un mecanismo de censura y vigilancia digital, que busca proteger al gobierno de las críticas legítimas emitidas por la ciudadanía.
A finales del mes pasado, la organización Artículo 19 advirtió que “las nuevas responsabilidades y sanciones incentivan a los proveedores de servicios a vigilar y restringir la actividad de las personas usuarias para evitar ser sancionados. Más grave aún, se incorpora una disposición que permitiría terminar el servicio a personas consideradas infractoras reincidentes, extendiendo la censura a publicaciones futuras sin una determinación judicial sobre su ilicitud y configurando un mecanismo de censura previa”.
En línea similar, Marcelo de Jesús Torre, diputado del Partido Acción Nacional, aseguró que lo único que busca el gobierno federal con esta reforma es restringir el acceso y uso de internet entre la población. “Le temen a la red porque le temen a la verdad, le temen al ciudadano que graba a sus extorsionadores, le temen al periodismo que destapa la corrupción. Por eso, nos traen esta trampa legislativa. Quieren convertir a las plataformas en los verdugos digitales del régimen. El Estado viene hoy a querer apagar el internet a los mexicanos”.
Las modificaciones propuestas para la LFDA aún deben ser avaladas por la Cámara de Senadores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor. No obstante, quienes rechazan el proyecto advierten que forma parte de una estrategia de censura y control de los medios digitales en México más amplia, que también incluye la reforma a la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal, conocida como “ley antimemes”, que pretende sancionar el uso de la imagen institucional del Gobierno con fines comerciales.
