Las empresas contratadas por Estados Unidos para identificar a migrantes deportados y obligarlos a pagar multas pendientes no tienen autorización para operar en México. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, su administración no ha sido notificada sobre operaciones en territorio nacional relacionadas con las llamadas compañías “cazadeportados”, que forman parte de una estrategia del gobierno de Donald Trump para recuperar cuotas vencidas de extranjeros inmigrantes que han sido enviados de regreso a sus países de origen.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre este programa, conocido como "Servicios de Localización y Recuperación de Pagos", que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mantiene vigente desde hace casi dos meses, según documentación obtenida por WIRED.
Un nuevo acuerdo visto por WIRED da al ICE acceso directo a una base de datos federal que contiene datos médicos sensibles sobre decenas de millones de estadounidenses, con el objetivo de localizar a inmigrantes.
Sheinbaum aseguró que, hasta ahora, ni el gobierno de Estados Unidos ni su embajada en México han notificado sobre las posibles actividades que estas empresas presuntamente están realizando en México, además de Honduras y Guatemala. La jefa de Estado precisó que estas compañías “tendrían que tener, obviamente, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores [para operar en territorio nacional]”.
La aclaración sucede en un momento en el que la relación entre Estados Unidos y México se ha visto empañada por los supuestos casos de abuso que los connacionales reciben en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), hechos que han derivado en la muerte de mexicanos en custodia.
La estrategia migratoria de Trump ¿más allá de la frontera?
La política migratoria establecida por la administración de Donald Trump ha sido señalada por diversas organizaciones y expertos como una que viola el derecho internacional. En sus primeras etapas, se caracterizó por arrestar a una gran cantidad de inmigrantes en espacios antes protegidos, en muchos casos, con uso de violencia excesiva documentada. En muchos de estos casos, el estatus de los migrantes se aclaró tras su arresto.
Las críticas se intensificaron después de que salieran a la luz diversos tipos de abuso en los centros de detención del ICE, en donde niños y mujeres embarazadas, hasta personas de la tercera edad, se mantienen en condiciones precarias hasta definirse su situación de estadía legal.
A principios de agosto, se dio a conocer que CBP habría contratado a ciertas empresas para llevar a cabo el programa "Servicios de Localización y Recuperación de Pagos". La ejecución de la estrategia implicaría un gasto de hasta 9 millones de dólares en los próximos dos años, con el objetivo de identificar a los migrantes deportados y exhortarlos a pagar deudas pendientes con la administración estadounidense.
Los contratistas supuestamente realizan "servicios de verificación de datos comerciales y de observación física" para confirmar dónde reside cada persona. Entre las pruebas admisibles se cuentan fotografías de viviendas, así como facturas de servicios públicos, expedientes laborales, documentos judiciales y certificados de defunción.
El gobierno estadounidense también aceptará otra documentación, siempre que la considere "relevante y creíble". Además, exige a los contratistas entregar un folleto impreso, aprobado por las autoridades y redactado en inglés y español, donde se enumeren las multas y tasas pendientes que, según la CBP, la persona debe abonar.
Información publicada por el sitio 24 Horas precisa que Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group fueron las empresas “cazadeportados” contratadas. Añade que, desde principios de este mes, los contratos, valorados en hasta 36 millones de dólares, entraron en vigor.
Esta información no ha sido negada ni confirmada por ninguna de las partes involucradas, según la información pública disponible hasta ahora. Sin embargo, la especulación de la prensa ha desatado nuevas dudas sobre la soberanía de México y otros países de América Latina ante las intenciones de Estados Unidos.
