El fallo emitido durante la noche por el juez federal de distrito Tim Kelly suspendió la prohibición durante 14 días, lo que supone un importante revés para Trump en una de sus mayores batallas contra los medios de comunicación.
Las credenciales del periodista de Politico también fueron confiscadas, según informó el propio medio, después de que Kelly bloqueara temporalmente la prohibición de Trump. Una periodista de MS NOW declaró que también se le impidió el acceso a la Casa Blanca, mientras que CNN informó que a algunos de sus miembros del personal se les negó la entrada al recinto.
Laura Barrón-López, de MS NOW, declaró en una conexión para la cadena desde el exterior del complejo de la Casa Blanca que no estaba claro si el bloqueo de su acceso constituía un desacato a la orden judicial o si se trataba de un problema con el sistema de entrada de la Casa Blanca.
Los representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
En su orden, Kelly señaló que la revocación de las credenciales de prensa de la Casa Blanca a los periodistas "probablemente vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso". El juez también expresó dudas sobre los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. para justificar la prohibición, señalando que el propio Trump había afirmado que la medida se debía a lo que él calificaba como una cobertura informativa falsa o negativa.
Theodore Boutrous, abogado de los tres medios, elogió el fallo en un comunicado: "Se trata de una decisión contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho. Agradecemos enormemente la rápida actuación del tribunal". Una coalición de grupos defensores de la libertad de prensa y decenas de organizaciones de noticias, incluida Reuters, presentó el miércoles un escrito legal en apoyo a los tres medios de comunicación.
Trump anunció la prohibición en una publicación en redes sociales el 18 de septiembre. Posteriormente, el lunes, los tres medios demandaron a Trump y a otros miembros de su administración, argumentando que la medida vulneraba las garantías de libertad de expresión y de prensa consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como sus derechos al debido proceso.
Con Reuters y AP
