Santo Domingo, República Dominicana.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) aclaró este miércoles las informaciones difundidas en distintos medios de comunicación sobre el proceso judicial relacionado con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera y una sentencia que dispone el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral.
La institución explicó que las informaciones publicadas reflejan una visión incompleta de la situación jurídica del caso, debido a que la decisión dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra sujeta a los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico dominicano, incluido su eventual conocimiento y decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia.
El Banco Central indicó que el proceso ha tenido una extensa trayectoria judicial, con decisiones de diferentes tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, además de recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Explica origen de la operación
Sobre el origen del litigio, el BCRD precisó que la operación se produjo en el marco del pago de acreencias de contratistas del Estado dominicano vinculadas a la ampliación de la Autopista Duarte.
Según explicó, a partir de 1999 entregó a los contratistas correspondientes, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad localizados en Herrera, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria.
La institución señaló que la operación tuvo su origen en un contrato de permuta suscrito entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar el 18 de octubre de 1999, aprobado por el Congreso Nacional.
Mediante ese acuerdo, el Consejo Estatal del Azúcar se comprometió a entregar al Banco Central terrenos ubicados en el municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación por los terrenos transferidos a los contratistas.
Rechaza actuación ilegal
El Banco Central rechazó cualquier interpretación que pretenda presentar su actuación institucional como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta dirigida a perjudicar a los contratistas.
Asimismo, aseguró que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas.
La entidad reiteró su respeto a la institucionalidad, al debido proceso y a las decisiones de los tribunales de la República, al tiempo que informó que se reserva el ejercicio de los recursos legales correspondientes para defender los intereses del Estado dominicano y de la propia institución.
El Banco Central afirmó que continuará aportando ante las instancias correspondientes los documentos y elementos jurídicos que sustentan su actuación y permitan establecer los hechos y responsabilidades relacionados con el proceso.
