¿Será algún día detenido Benjamin Netanyahu?
El Ministerio de Justicia turco anunció este viernes 21 de agosto que solicitó iniciar el procedimiento para que Interpol emita una notificación roja contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ciudadano de ese país, Afek Moskovitch, en el marco de un proceso abierto ante el 11.º Tribunal Penal Superior de Estambul.
El caso abarca a 35 acusados y está relacionado con la intervención israelí, del pasado mayo, contra activistas que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza a bordo de la Flotilla Global Sumud. Turquía sostiene que los hechos ocurrieron en aguas internacionales y que cientos de activistas fueron detenidos tras la operación.
Las órdenes de arresto turcas contra Netanyahu y Moskovitch fueron emitidas el 14 de julio de 2026. Según el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, los cargos incluyen genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, lesiones intencionadas, privación agravada de libertad, daños a la propiedad, saqueo y secuestro de medios de transporte.
El procedimiento se desarrolla en ausencia de los acusados. Ankara afirma que utilizará todos los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales disponibles para intentar que los responsables rindan cuentas.
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¿Qué es exactamente una notificación roja?
Aquí existe una diferencia importante entre una orden de arresto y una notificación roja de Interpol.
Una notificación roja es una petición dirigida a las instituciones policiales de los países miembros de Interpol para localizar a una persona y detenerla provisionalmente mientras se tramita una eventual extradición, entrega u otra actuación judicial. Se basa en una orden de arresto emitida por una autoridad judicial del país solicitante.
Pero no es una orden internacional de detención. Interpol no puede ordenar a un país que arreste a una persona ni dispone de agentes propios para efectuar detenciones. Cada Estado decide, conforme a su legislación, qué efectos concede a una notificación roja y si sus autoridades pueden detener al individuo señalado.
Además, Interpol debe revisar las solicitudes antes de emitirlas y comprobar que cumplen sus normas. Entre ellas figura la prohibición de que la organización intervenga en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.
Por tanto, la petición turca no significa que Netanyahu vaya a ser automáticamente incluido en una lista que obligue a todos los países a detenerlo. Primero debe superar la revisión de Interpol y, aun si se emite la notificación, cualquier eventual arresto dependerá de la legislación y de las decisiones de las autoridades del país en el que se encuentre.
¿Qué posibilidades hay realmente de que Netanyahu sea detenido?
La posibilidad existe, pero depende sobre todo de dónde viaje y de la disposición de ese Estado a ejecutar una eventual solicitud de detención.
Si Netanyahu permaneciera en Israel, el riesgo de arresto derivado de la iniciativa turca sería prácticamente inexistente, ya que Israel no va a ejecutar una orden emitida por las autoridades turcas contra su propio primer ministro.
El escenario cambia si Netanyahu viaja a otro país. Una eventual notificación roja podría alertar a las autoridades locales sobre la existencia de una orden turca y facilitar una solicitud de detención provisional. Sin embargo, la notificación por sí misma no obliga a arrestarlo.
También habría que superar después el proceso judicial correspondiente para determinar si procede la extradición o alguna otra forma de entrega. En ese punto entrarían en juego las leyes nacionales, los tratados aplicables y las relaciones diplomáticas entre Turquía y el Estado en cuestión.
Por eso, la principal consecuencia inmediata de una notificación roja sería aumentar las restricciones de movilidad internacional de Netanyahu, más que convertir automáticamente cualquier viaje suyo en una detención segura.
Una situación parecida a la de la CPI, pero jurídicamente distinta
El caso turco se suma a un problema que Netanyahu ya afronta desde 2024.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y contra su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La CPI consideró que existían motivos razonables para atribuirles responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la guerra en Gaza.
Entre los delitos señalados por la CPI figuran el crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad. La orden también contempla la responsabilidad de Netanyahu, como superior civil, por el presunto crimen de dirigir intencionadamente un ataque contra población civil.
La propia CPI mantiene actualmente a Netanyahu como “at large”, es decir, en libertad y no detenido.
La diferencia fundamental es que la orden de la CPI procede de un tribunal penal internacional, mientras que la iniciativa turca procede de un tribunal nacional. Son procesos diferentes, con acusaciones y fundamentos jurídicos propios, aunque ambos están relacionados con el contexto de la guerra de Gaza.
¿Por qué la orden de la CPI tampoco ha terminado en un arresto?
La experiencia de los últimos dos años muestra las dificultades prácticas para ejecutar una orden de este tipo.
La CPI no dispone de una policía propia. Depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes de arresto. Los países que son partes del Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con la Corte, pero la ejecución de una orden depende de que Netanyahu se encuentre en un territorio donde las autoridades estén dispuestas y jurídicamente obligadas a actuar.
Un ejemplo especialmente revelador se produjo en abril de 2025, cuando Netanyahu viajó a Hungría. La CPI determinó posteriormente que Hungría no había ejecutado la solicitud de arresto provisional transmitida por el tribunal durante la visita y abrió un procedimiento por posible incumplimiento de sus obligaciones.
Ese episodio explica por qué una orden internacional puede tener un efecto jurídico considerable sin traducirse necesariamente en una detención inmediata: la orden necesita la cooperación de las autoridades del Estado donde se encuentre el acusado.
¿Qué puede cambiar con la iniciativa turca?
La iniciativa de Ankara podría añadir una segunda vía de presión sobre los desplazamientos internacionales de Netanyahu.
Si Interpol aceptara publicar la notificación roja, las fuerzas policiales de sus países miembros recibirían una alerta sobre la orden turca. La organización recuerda, no obstante, que cada país conserva la potestad de decidir qué medidas adopta ante una notificación.
La cuestión podría ser especialmente relevante para países que mantienen relaciones estrechas con Turquía o que cuentan con mecanismos de cooperación judicial y extradición aplicables al caso.
Pero también existen obstáculos. Interpol debe determinar que la solicitud cumple sus normas y no constituye una intervención prohibida en un asunto de carácter político. Y, aun con una notificación aprobada, un Estado puede considerar que su legislación no permite detener a Netanyahu en esas circunstancias.
En otras palabras, la notificación roja aumentaría el riesgo jurídico de viajar, pero no equivale a una orden mundial de arresto automática.
“Dictador antisemita”: Netanyahu rechaza la iniciativa turca
El Gobierno israelí ha respondido con contundencia a la decisión de Ankara.
La oficina de Netanyahu calificó la iniciativa de “patética” y afirmó que el intento del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de intimidar a los dirigentes y soldados israelíes no tendrá éxito.
Posteriormente, el propio Netanyahu acusó a Erdogan de ser un “dictador antisemita” y vinculó la iniciativa judicial con las crecientes tensiones entre ambos países.
El enfrentamiento se produce además en un momento de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales. Turquía e Israel han intercambiado acusaciones por la situación en Siria después de que Israel atacara recientemente una instalación militar en la provincia siria de Idlib que, según Israel, podía ser utilizada para un eventual despliegue turco. Ankara y Damasco han negado que existiera ese plan.
¿Está Netanyahu cada vez más limitado para viajar?
La respuesta, por ahora, es sí en términos de riesgo, pero no necesariamente de forma inmediata en términos de detención.
Desde la orden de la CPI de 2024, los desplazamientos de Netanyahu ya implican una consideración adicional: si entra en un Estado que coopera plenamente con la Corte y considera ejecutable la orden, podría enfrentarse a una detención.
La iniciativa turca añade potencialmente otro expediente y otra vía de cooperación policial internacional. Si Interpol emitiera la notificación roja, el número de países que recibirían información sobre la orden turca sería mucho mayor, aunque eso no significaría que todos ellos estuvieran obligados a arrestarlo.
La experiencia de Hungría demuestra, además, que incluso en presencia de una orden de la CPI la detención no es automática. En última instancia, el factor decisivo sigue siendo la voluntad y el marco jurídico del país que Netanyahu visite.
Sin embargo, se abre un nuevo frente judicial internacional. Si bien la decisión de Turquía no sustituye a la orden de la CPI ni la refuerza jurídicamente de manera automática, con procedimientos separados, sí contribuye a aumentar la presión internacional sobre Netanyahu y puede complicar aún más sus desplazamientos.
Por ahora, el primer ministro israelí continúa en libertad. Ankara ha solicitado que Interpol active el mecanismo de notificación roja, pero corresponde a la organización revisar la petición y, eventualmente, emitirla.
El desenlace más importante no será, por tanto, la existencia de una notificación en sí misma, sino qué países estarían dispuestos a actuar si Netanyahu entrara en su territorio. Esa es precisamente la cuestión que lleva casi dos años poniendo a prueba la capacidad de la comunidad internacional para ejecutar la orden de arresto de la CPI y que ahora Turquía vuelve a colocar en el centro del debate.
Con Reuters y EFE
