Cali es el escenario. Bogotá esta vez lo sigue por la televisión. La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia comienza con un mensaje desde la geografía: por primera vez en la historia del país, un mandatario asume el mando fuera de la capital.
Para la investidura, el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali recibe una sesión conjunta del Congreso colombiano, la primera que se realiza fuera del Capitolio Nacional de Bogotá.
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La tensión se siente desde el día que se confirmaron los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando el candidato de la extrema derecha superó por unos 250.000 votos al oficialista Iván Cepeda. El mapa de la preferencia de los sufragantes está partido y, al igual que en otros países de América Latina, la contienda se dirimió por la mínima.
De la Espriella asume la Presidencia de Colombia: los retos de un país polarizado
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A eso se agregan denuncias de irregularidades por parte del presidente saliente, Gustavo Petro, quien además manifestó inquietudes por una toma de posesión fuera del palacio presidencial y prometió una dura resistencia civil ante posibles desmontes de los pilares de las reformas sociales de su mandato.
La polarización política se planta frente a De la Espriella. Comienza una nueva etapa para Colombia.
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¿Dos Colombias?
El país se sumergió en la era de la polarización. La cosecha política de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales fue de casi 13 millones de votos. Muy cerquita, con una diferencia menor a un 1% (0,96%), el progresismo consiguió la mayor cantidad de sufragios de su historia.
Esto “nos muestra una evolución de esa brecha ideológica irreconciliable que tenemos a nivel territorial desde el plebiscito por la paz en 2016”, dice Isabella Marín Jiménez, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y docente de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura Cali, en diálogo con France 24 en Español.
La brecha territorial a la que se refiere la especialista es entre el centro del país, donde ganó la ultraderecha de De la Espriella, y la periferia, en la que triunfó el izquierdista Iván Cepeda.
Marín Jiménez atribuye este fenómeno a lo que llama ”caudillismo político”. Lo define como “un sistema de movimiento de masas que se da por esos grandes liderazgos que se han tenido en esos extremos”.
Al mismo tiempo, la docente de la Escuela de Gobierno observa que la polarización también genera más participación en las elecciones. En la segunda vuelta alcanzó el 63%, la más alta en 24 años.
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A Kyle Johnson, experto en el conflicto colombiano y director académico de la Fundación Conflict Responses (Core), le preocupa que esta polarización adquiera una dimensión violenta. “Hay indicios de que eso, en algunos casos, ya está ocurriendo. No creo que sea generalizado, pero igual es un problema”, manifiesta a France 24 en Español.
A De la Espriella le toca gobernar “en el momento político más fragmentado del país”.
Así, a De la Espriella le toca gobernar “en el momento político más fragmentado del país”, agrega la experta. Sostiene que su estrategia de polarización como candidato fue muy exitosa, pero que ese momento terminó y, por lo tanto, ahora le corresponde un plan “que incluya a la izquierda”.
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También repara en la importancia de abordar la desconfianza que tiene de parte de la ciudadanía por su rol como abogado de criminales, narcotraficantes y aliados del gobierno de Nicolás Maduro.
“Tiene que ser la oportunidad para separar al abogado abogado del abogado político”, reclama, pero reflexiona que nada de esto ocurre aún: “No está cumpliendo ni siquiera sus acuerdos con los partidos políticos”.
Johnson visualiza que esto puede ser un problema para los casos en los cuales se necesita una solución duradera desde el Estado. “Hay un montón de cosas donde, si todo es sujeto de pelea política, pues es difícil avanzar de una forma sostenible”, advierte y lo ejemplifica con cuestiones vinculadas con la seguridad, paz y desarrollo local.
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El desafío parlamentario
El Poder Legislativo parece ser el espacio donde se hace más explícita la dificultad del nuevo jefe de Estado para hacer consensos. La debilidad de su propia formación, que acaba de obtener personería jurídica, y sus primeros incumplimientos con algunos partidos dan cuenta de esta situación.
De hecho, logró que dos adversarios, como el Pacto Histórico (el partido de Petro) y el Centro Democrático (el partido del expresidente derechista Álvaro Uribe), dialoguen y tejan alianzas entre ellos en la elección del presidente del Senado, para rechazar al candidato de De la Espriella.
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El Pacto Histórico de Gustavo Petro e Iván Cepeda fue la principal fuerza política en las últimas elecciones legislativas y cuenta con una primera minoría en el parlamento. Es la única expresión que se declara opositora al nuevo gobierno. “Eso quiere decir que, naturalmente, por cercanía ideológica, Abelardo tendría mayorías en el Congreso, pero la poca estrategia de consensos que ha tenido en su liderazgo, pues le ha dejado sin este respaldo”, destaca Marín Jiménez.
Parte de las nuevas dinámicas que se dan en el Congreso entre las distintas bancadas tiene que ver con la amenaza de De la Espriella de sacar por decreto aquellas cuestiones que el parlamento no le apruebe. Según la experta, es esta misma institución la que le demuestra al nuevo mandatario que “existe el sistema de frenos y contrapesos”.
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Johnson observa un problema en el Centro Democrático de Álvaro Uribe: “Percibe que el gobierno entrante quiere acabarlo. Entonces, va a luchar por su supervivencia por encima de cualquier interés ideológico compartido”. La expectativa está en cómo se va a declarar esta formación con respecto al nuevo jefe del Poder Ejecutivo. La posibilidad de que sea “independiente”, en lugar de "oficialista", implicaría un cálculo distinto para el líder de extrema derecha.
El regreso del Plan Patriota
El cambio de paradigma con respecto a la “Paz total” de Gustavo Petro es una de las modificaciones más evidentes para lo que viene con el nuevo gobierno: “Suena cada vez más como lo que vimos hace 20 años con la 'seguridad democrática'" de Uribe, estima Johnson y describe: “Ofensivas militares constantes contra los grupos armados del momento con apoyo de Estados Unidos. Incluso se ha anunciado un Plan Patriota 2.0.”.
El último Plan Patriota se da en el período 2005-2007, en el sur del país, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en uno de los momentos más intensos del conflicto armado. “Es una política que golpeó a las FARC, pero esta igual mantuvo sus operaciones”, analiza el experto. “El tema es que ya no existen las FARC, estamos en otro contexto. Las herramientas de entonces ya no funcionan en este contexto. Entonces, habrá golpes, pero no creemos que va a ser lo que el gobierno plantea”, agrega.
“Ahora el panorama de seguridad es distinto porque no tenemos a ese único actor, sino que hay una multiplicidad de actores entre grupos insurgentes, pero también grupos de delincuencia organizada transnacional y grupos armados organizados que le obligan al Estado a tener una estrategia que pueda diferenciarles y pueda enfrentarles como una amenaza híbrida o asimétrica, que tiene hoy mayores capacidades militares que las que tiene el Estado y capacidades económicas y de cooptación”, suma Marín Jiménez.
Según el especialista, es demasiado ambicioso el objetivo de ganar control territorial en 90 días. Además, identifica problemas de capacidad en las Fuerzas Armadas y un apoyo de Estados Unidos que dependerá de lo que ocurra en las elecciones de medio término de noviembre y la conformación que se establezca de las cámaras legislativas que controlan el presupuesto. Al mismo tiempo, adelanta el fin de las mesas de paz y unos diálogos, que en el caso de existir, ocurrirán en privado.
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En palabras del analista, uno de los desafíos para el nuevo gobierno es detener el fortalecimiento y el crecimiento de las organizaciones armadas. “Llevamos diez años en una dinámica en donde la mayoría de los grupos se vienen fortaleciendo en la mayoría de los sentidos, incluso en el militar. Cambiar o parar esa dinámica es muy difícil”, sostiene. De todas formas, considera que el cambio de paradigma anunciado por Abelardo de la Espriella no sirve a los intereses de estos desafíos: “Son medidas que no dieron resultado”.
Con relación a las víctimas del conflicto armado, Johnson considera que, a pesar de los anuncios, no se va a cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Puede haber una reparación administrativa, que es un trámite que da cierto beneficio económico, pero si están esperando que se garantice su derecho de no repetición, es un poco contradictorio”.
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Desde su análisis, en los territorios seguirán los desplazamientos y otros padecimientos para las víctimas, pero esta vez los enfrentamientos serán con el Estado en lugar de suceder entre los grupos.
Marín Jiménez concluye que Abelardo de la Espriella “tendrá retos enormes y no podrá olvidar atender esos factores habilitantes que son de corte social para que se prevenga también la ocurrencia del crimen y el reclutamiento para el crimen transnacional”.
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