El Departamento de seguridad Nacional de EE UU, a través de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pretende contratar cazarrecompensas para localizar a inmigrantes deportados y a otras personas que hayan abandonado Estados Unidos, y obligarlos a pagar dinero al gobierno, según los documentos analizados por WIRED. El trabajo abarcaría México, Honduras y Guatemala, y posiblemente otros países.
Los documentos, que fijan un límite máximo de 9 millones de dólares para el denominado programa “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos” durante los próximos dos años, solicitan “servicios de verificación de datos comerciales y de observación física” para confirmar dónde reside cada persona. Enumeran fotografías de la vivienda como prueba admisible, junto con documentos como facturas de servicios públicos, expedientes laborales, documentos judiciales o, si la persona ha fallecido, un certificado de defunción.
El gobierno de EE UU también aceptará otra documentación, siempre que la considere “relevante y creíble”. Además, se exige a los contratistas que entreguen un folleto impreso, aprobado por el gobierno de Estados Unidos y redactado en inglés y español, en el que se enumeren las multas y tasas pendientes que, según la CBP, deben abonar.
Multas a inmigrantes
En julio, el Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende la CBP, aseguró haber impuesto multas por valor de más de 84,000 millones de dólares a inmigrantes a los que ha acusado de no haber abandonado Estados Unidos, invocando una oscura disposición de una ley de inmigración de 1996 que permaneció inactiva hasta el primer mandato de Donald Trump. Esas multas se imponen a personas que aún se encuentran en el país, a razón de 998 dólares al día durante un máximo de cinco años. Algunas han alcanzado hasta 1.8 millones de dólares.
Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de asuntos de inmigración de la Sociedad de Asistencia Jurídica, afirma que ha visto cómo algunas agencias de cobro externas añaden 500,000 dólares en tasas administrativas adicionales a las impuestas por el gobierno de EE UU.
Los expertos jurídicos afirman que las notificaciones de multa eluden el debido proceso y tienen por objeto intimidar a las personas para que se autoexpulsen. Un informe reciente de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York reveló que a los inmigrantes acusados de no haber abandonado el país se les han embargado sus declaraciones de la renta, se les han retenido sus salarios y se les ha arruinado su historial crediticio tras recibir las notificaciones de multa.
El DHS promete que condonará las multas por incumplimiento de la obligación de salida si las personas se autoexpulsan utilizando la aplicación CBP Home. Un portavoz de la CBP señala: “Las personas que decidan no aprovechar las opciones de salida voluntaria disponibles a través de CBP Home pueden seguir estando sujetas a las multas o sanciones impuestas anteriormente por no haber abandonado los EE UU, incluso después de haber salido del país”.
La exención no incluye una tasa independiente de 5,130 dólares que el congreso estableció el año pasado para las personas a las que se ordenó la expulsión en ausencia y que posteriormente fueron detenidas por el ICE, cuya exención o reducción está prohibida por la ley. Alguien que haya salido del país a través de la aplicación con la promesa de un “nuevo comienzo” podría seguir teniendo que hacer frente a ese importe.
Una clara escalada antimigración
Alina Das, profesora de Derecho y directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (NYU), afirma que perseguir a las personas que han abandonado el país con multas pendientes supondría una “escalada significativa en las tácticas”.
Charles Moore, abogado sénior de Public Justice, señala que esta medida forma “parte integrante” de las duras políticas antiinmigración de la Administración Trump y que probablemente tenga como objetivo disuadir a las personas de los países afectados de querer venir a EE UU en el futuro.
